Diez meses del crimen del soldado en Zapala, 10 puntos escandalosos de la investigación

La familia de Pablo convocó a un "ruidazo y bocinazo en las calles en respuesta al silencio macabro que se siente en el Ejército".

El lunes 1 de abril se cumplen diez meses del asesinato del soldado voluntario Pablo Gabriel Jesús Córdoba (21) mientras cumplía guardia en el Grupo de Artillería 16 de Zapala. No hay sospechosos ni detenidos, la causa está virtualmente paralizada, y el juez a cargo quedó sometido a una investigación por presunto abuso de autoridad.

La mamá de Pablo, Natalia Uribe, el papá Juan José Córdoba Salto y su hermana Daiana convocaron a concentrarse en la explanada municipal a partir de las 17:30 para un «ruidazo y bocinazo en las calles en respuesta al silencio macabro que se siente en el Ejército».

En una investigación plagada de irregularidades, estos son los diez puntos más escandalosos.

1- La falta de preservación de la escena. Pablo apareció con dos disparos en diferentes lugares de la cabeza. El Ejército dijo que se trataba de un suicidio, y al lugar del hecho concurrió personal de la Policía Federal sin capacitación en criminalística. La escena fue alterada, no se preservaron pruebas vitales, y eso entorpece el esclarecimiento.

2- Proyectiles y vainas. Una de las consecuencias nefastas de la falta de preservación del lugar del hecho fue que no se puede establecer la trayectoria de las vainas del FAL de Pablo. Si bien no se sabe de qué calibre son los proyectiles que le causaron la muerte, el cargador de su fusil estaba salido y le faltaban municiones. Se trabajó tan mal que una vaina servida y un cartucho fueron recogidos el día 2 de junio, y otra vaina servida el día 20 de junio debajo de un tronco.

3- El fusil. Pese a que lo manipularon varias personas, no tiene huellas digitales. Los testigos no se ponen de acuerdo respecto de si estaba sobre el cuerpo de Pablo o a un costado. Una sargento enfermera dice que lo retiró con sus manos manchadas de sangre, pero no quedaron rastros. Tampoco hay residuos de pólvora en las manos de la víctima. Juan José Córdoba cree que a su hijo lo asesinaron con una pistola 9 milímetros.

4- La demora del juez. El juzgado federal de Zapala está vacante y lo subroga Hugo Greca, juez federal de Roca a 237 kilómetros. Greca recién se presentó en el cuartel para una inspección ocular 40 días después. Todo ese tiempo jugó a favor del o los autores, ya que no se preservó ni controlaron los movimientos internos.

5- El teléfono que no se preservó. Un soldado voluntario, Braian Abel Jara, filmó con su celular la agonía de Pablo. El juez Greca no se lo secuestró apenas lo supo y para cuando se decidió a hacerlo, el video ya no existía porque Jara lo borró. Por insistencia de la familia, la querella y la fiscalía, el magistrado imputó al soldado por encubrimiento más de seis meses después del homicidio. Pero la prueba de tremenda relevancia se perdió para siempre.

6- La reconstrucción. El 26 de diciembre del 2023 se realizó la reconstrucción del hecho. Estuvo a cargo del comandante principal de Gendarmería Leonardo Rafael Iglesias, quien utilizó como hipótesis excluyente que Pablo se suicidó, cuando todas las pruebas científicas reunidas hasta ahora descartan esa posibilidad. Greca echó a los gritos al padre y a la hermana de Pablo. Eso le valió que lo denunciaran por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El expediente está a cargo de la fiscal federal interina Karina Martínez Stagnaro y del juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva. La familia es querellante a través de Maximiliano Orpianessi.

7- El rol del Ejército. La familia de Pablo Córdoba fue intimidada por las máximas autoridades del Ejército. Visitaron a Juan José en su casa -estuvieron la mamá de Pablo y la hermana pese a que no las invitaron-, les pidieron que no comparen este hecho con el asesinato del soldado Omar Carrasco 30 años atrás en el mismo lugar; y les hicieron una oferta macabra: un vehículo para movilizarse, que resultó ser la ambulancia en la que trasladaron a Pablo moribundo al hospital. Greca dictó una cautelar para que no se vuelvan a acercar a Juan José.

8- Los contactos del juez y el Ejército. Greca le permitió al Ejército que tenga acceso a su expediente. El abogado querellante Maximiliano Orpianessi se opuso, incluso recusó a Greca, y el magistrado decretó el secreto de sumario durante un mes.

9- Los traslados. En Zapala no queda ningún jefe de quienes trabajaban en el cuartel en la época del crimen. Ni siquiera Juan José: lo mandaron a Covunco. Si bien es relativamente cerca (21 kilómetros), el padre de Pablo ya no puede dedicarse como antes a visitar el juzgado durante las mañanas para pedir novedades o recorrer medios de comunicación locales. Los otros traslados incluyen a quien era jefe de la Sexta Brigada, Hugo Tabbia, al jefe del Grupo de Artillería, Germán Green, y a todos los militares que estaban de servicio el 1 de junio.

10- La detención. En estos diez meses, el juez Greca ordenó la detención de una sola persona: Heber Hernández, un docente y artista al que acusó de realizar pintadas para reclamar justicia por Pablo en las paredes del juzgado federal.

Por todos estos hechos, y muchos más ocurridos a lo largo de la investigación, es que Natalia Uribe afirma: «nos estamos enfrentando a dos monstruos, al Ejército y a la justicia, representada por el juez Greca, quien nos tendría que garantizar un proceso imparcial y justo. Sin embargo, no nos está garantizando la justicia a nosotros».


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