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Dos vacantes clave para la política de Neuquén en el Poder Judicial

La renuncia del exjuez Matías Nicolini, hoy ministro de Figueroa y síndico en el BPN, obliga al TSJ a definir quien ocupará su lugar en el juzgado electoral. Al Consejo de la Magistratura le tocará seleccionar su reemplazo en el fuero procesal administrativo del interior, que recibe las demandas contra el Estado.

Matías Nicolini es ministro de Seguridad del gobierno de Rolando Figueroa y síndico del Banco Provincia de Neuquén. Se ocupa de conducir políticamente a la policía, garantizar las condiciones de habitabilidad de las cárceles y controlar a la entidad que terminó involucrada en la megacausa por la estafa de los planes sociales. «Me va alcanzar el tiempo, no va a haber problemas», aseguró el funcionario a este diario a raíz de su multitarea, bien disímil. Hasta el año pasado también tuvo una doble función pero en el Poder Judicial: era juez procesal administrativo del interior y juez electoral. Estas vacantes serán parte del lote a cubrir en 2024.

Comencemos por la última. Nicolini reemplazó sorpresivamente a Alejandra Bozzano, quien venía desempeñando ese rol. En este caso el Código Electoral establece que es el propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el que designa a la jueza o juez que tendrá esa competencia. Puede ser cualquier magistrado de primera instancia.

El cambio de nombres se produjo post victoria de Figueroa en los comicios, por lo que esa silla es un bien negociable. De interés para el gobierno y para el ecosistema de partidos políticos.

Este año no habrá elecciones, por lo que podría demorarse el nombramiento. ¿Aplazarán la decisión hasta 2027? Eso dependerá de los acuerdos que se alcancen dentro y fuera del TSJ. Sin ir tan lejos, volverán a llamar a concurso para cubrir el cargo de administrador general porque pasó más de un año y ningún postulante gustó. A veces hay prisa y otras cero ganas de apretar el acelerador.

Actualmente Victoria Bacci, jueza de Juicios Ejecutivos, está subrogando el juzgado electoral.

El cargo de juez procesal administrativo del interior le toca cubrirlo al Consejo de la Magistratura. Deberá hacerlo cuánto antes ya que Zapala, la ciudad donde tiene asiento esa función, se encuentra sin magistrados civiles, de familia o laborales que lo suplan.

¿Qué hace un juez procesal administrativo en Neuquén? Resuelve las demandas que se realizan contra el Estado provincial, sus organismos y los municipios. En este contexto, el trabajo podría aumentar considerablemente ante la desregulación que plantean en innumerables aspectos de la vida cotidiana tanto el DNU presidencial, como el proyecto de ley ómnibus.


Casilleros por llenar


El Consejo de la Magistratura tiene actualmente 13 concursos en trámite para completar cargos judiciales. Las primeras designaciones que enviará este año a la Legislatura serán las de Mauricio Zabala, el juez de Garantías que quedó en primer lugar en el concurso para fiscal jefe de Neuquén capital, y la de Manuel Islas que logró en tres años pasar de fiscal del caso a jefe en San Martín de los Andes, con cobertura en toda la zona sur de la provincia (ver aparte).

Ocuparán los puestos que tenían Rómulo Patti y Fernando Rubio.

En este ministerio público tienen varios casilleros por llenar. Sólo en Cutral Co se necesitan dos fiscales tras la jubilación de Marisa Czajka (aquí hay un concurso en marcha con dos aspirantes en competencia) y el ascenso de Gastón Liotard. El fiscal general José Gerez había pedido además crear cuatro nuevos cargos para Neuquén capital, que el TSJ avaló.

En 2023 el Consejo declaró tres concursos fracasados, el que más ruido generó fue justamente el que buscaba cubrir la estructura de la fiscalía. Los reclamos iniciados probablemente tengan secuelas este año.

Nicolini no fue el único que renunció al Poder Judicial para embarcarse con Figueroa. También lo hizo Juan Pablo Dirr, el defensor penal de Chos Malal es el actual presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia. Esto ocasionó una nueva vacante en el norte de la provincia.

Las designaciones de Mauricio Zabala y Manuel Islas como fiscales jefes serán las primeras que enviará el Consejo en 2024. Foto Matías Subat.

El TSJ ya solicitó que se concurse el cargo de Sebastián Villegas, el juez civil de Rincón de los Sauces que fue destituido por haber acosado sexualmente, en el ámbito laboral, y maltratado a una funcionaria que trabajaba en su juzgado.

Los últimos tres magistrados penales que juraron el año pasado fueron Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita. La salida de este último abre otra vacante, pero administrativa. El abogado era el director de la Oficina Judicial Penal de Neuquén, que es la que se encarga de agendar y coordinar la realización de todas las audiencias. Antes fue subsecretario de Derechos Humanos durante la gestión de Jorge Sapag.

La definición más importante que se dará ni bien retorne la actividad en el Consejo será la del concurso para cubrir dos cargos en el Tribunal de Impugnación, tras el retiro de Héctor Rimaro y Fernando Zvilling.

Quienes están con chances son la jueza de Garantías de Zapala, Carolina González, y el defensor penal de Neuquén Mauricio Macagno. El tercer lugar es para la jueza penal del Niño, Niña y Adolescente de Neuquén, Carolina García. Resta la última etapa que es la de entrevistas personales, previstas para el martes 13 de febrero.

Impugnación es el tribunal penal de mayor jerarquía, únicamente superado por el TSJ.

En 2024 hay 58 integrantes del Poder Judicial provincial en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria que establece la ley 611. Hay quienes están esperando cumplir con los requisitos que el ISSN exige para el régimen especial de jueces, una caja que podría tambalear si el gobernador avanza en el desmantelamiento de los privilegios (ver aparte).


Por sí o por no


El Consejo de la Magistratura mandó cuatro pliegos a fines de 2023 a la Legislatura que no fueron tratados. Esta composición deberá definir si los aprueba o rechaza.

Se trata de las designaciones de Luis Quiles como juez civil de Neuquén capital, que reemplazará a Gustavo Belli y la de Santiago Alberto Montórfano para el mismo cargo pero en Junín de los Andes. La vacante que ocupará en su caso es la de Andrés Luchino.

También tiene pendiente los nombramientos de Natalia Machado que ganó el concurso para ser jueza de Familia en Neuquén capital, el puesto que ocupaba Gabriela Ávila, y el de Juan Manuel Menestrina nombrado camarista civil del interior, con asiento de funciones en Zapala, en lugar de Gabriela Calaccio.

En la semana se conoció el proyecto de resolución del bloque del MPN que busca modificar las condiciones en las que se votan los pliegos en el recinto. Propone que si un diputado o diputada no quiere dar aval a una designación judicial deberá justificarlo.

Habrá que ver si el oficialismo acompaña la sanción de esta propuesta. Sobre el tema los integrantes del frente «Neuquinizate» no han tenido una postura unívoca. Por ejemplo, cuando el año pasado la Legislatura vetó por segunda vez a la abogada Nadia Kubatov, la actual ministra de Educación, Soledad Martínez, cuestionó duramente a quienes no expusieron los fundamentos. «No les gusta lo que piensa», dijo y avaló el nombramiento. Lucas Castelli, hoy ministro de Trabajo, votó en silencio por el rechazo.

La Ciudad Judicial en enero, prácticamente vacía por la feria. Foto Florencia Salto.

Queda una «ley de privilegio» en pie


La primera ley que aprobó por unanimidad la nueva integración de la Legislatura fue la reforma de las jubilaciones de privilegio para quienes ejercieron cargos electivos (intendentes, gobernadores, legisladores). Como el alcance quedó limitado a las próximas gestiones (el propio Rolando Figueroa debió salir a aclarar que se autoexcluía del beneficio) ahora el tema volverá a discutirse con un proyecto complementario. Queda pendiente otro régimen especial: el que abarca a jueces, juezas y funcionariado judicial, conocido como la ley 859.

Quienes aspiren a ingresar en este selecto grupo deben tener 60 años de edad y 30 de aportes, de los cuales al menos 15 años deben ser dentro de Poder Judicial.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, Ernesto Novoa (Comunidad), aseguró a Diario RIO NEGRO que «la derogación de la ley 859 va a salir por decantación, la vamos a tratar. Es un pedido al unísono de todos los bloques, pero el gobernador tiene una agenda política que no se la marca nadie, salvo la ciudadanía».

Si se concreta, uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estaría en condiciones de jubilarse ya mismo. Se trata del juez Evaldo Moya, que hoy reúne los requisitos que exige la ley 611 (el régimen ordinario que tiene ISSN para todo el personal del Estado) pero que está esperando a 2027 para acogerse a la ley 859.

El sindicato de judiciales (Sejun) insistirá este año en avanzar contra otro privilegio que está intacto: el que consagra la “ley Kohon” y permite a jueces y juezas cobrar la antigüedad calculada desde el día que se matricularon como abogados y abogadas, y no desde el momento que ingresaron al Poder Judicial.

La regulación data del 2005 y lleva el nombre de quien fuera vocal del TSJ. Cuando asumió en su puesto, Ricardo Kohon no tenía antigüedad y por eso percibía un salario inferior al de sus colegas. Así, lo enmendó.


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