El protocolo antipiquetes «no se suspende»: la Justicia concedió el recurso de apelación del Gobierno
La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que se seguirá aplicando mientras esté "pendiente resolver" el fallo judicial.
La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que la Justicia concedió el recurso de apelación del Gobierno por el fallo en contra del protocolo antipiquetes. La actual senadora aseveró que «no se suspende» su aplicación pese a que aún esté pendiente resolver el fallo judicial.
«Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el protocolo antipiquete no se suspende», indicó Bullrich en sus redes sociales y concluyó: «El orden no se negocia».
Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 30, 2025
El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión.
El orden no se negocia. https://t.co/EVDO8QyZ11
Este lunes, el Ministerio de Seguridad había difundido un comunicado oficial luego de que el juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declarara la nulidad del protocolo, dando lugar a la acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.
Desde Infobae revelaron que la sentencia contra el protocolo tiene 38 páginas, en las cuales el juez concluye que la cartera que manejaba Patricia Bullrich intentaba legislar sobre materia penal y procesal, las cuales exceden su competencia dentro del Poder Ejecutivo.
«El protocolo es legítimo. Tiene fundamientos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo porque es la herramienta que devolvió orden, previsiblidad y paz social a la vida de los argentinos», manifestó.
Qué dice el fallo contra el protocolo antipiquetes
En el fallo, Cormick sostuvo, en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.
El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretado como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez.
La sentencia de Cormick vuelve a colocar en la esfera del juez (y no la de un funcionario del Poder Ejecutivo ni la de un jefe policial) la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.
El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.
Según expresó Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.
En tanto, el magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuenta a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados), que requieren una protección especial.
Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal.
De todos modos, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.
La semana pasada, el mismo magistrado había dictado un fallo conminando al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Financiamiento Universitario. «¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno», apuntó Bullrich en su cuenta de X (ex Twitter).
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