Explosión en Aguada San Roque: aval para que la Corte Suprema revise las penas de cuatro condenados

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró admisibles los recursos extraordinarios federales que presentaron cuatro de los cinco condenados por la explosión que en junio de 2021 dejó tres muertos en una escuela albergue de la localidad de Aguada San Roque, en Neuquén.

Con esta decisión, el máximo organismo judicial de la provincia dejó habilitada la revisión de las penas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que el proceso agotara todas las instancias en el ámbito local.

Por el hecho perdieron la vida la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y el sobrino de este último, Mariano Spinedi, quien se encontraba en el edificio como ayudante de su tío.

En el juicio que siguió a la investigación fueron condenados por el delito de estrago culposo seguido de muerte Carlos Córdoba, Raúl Alfredo Capdevilla y Sergio Percat, funcionarios de Obras Públicas, y los empresarios Héctor Villanueva y Diego Bulgheroni.

Las penas, que variaron entre los cuatro y los cinco años de prisión efectiva, a excepción de Villanueva, fueron recurridas por los defensores Juan Manuel Coto (Capdevilla y Córdoba), Melina Pozzer (Bulgheroni) y Gonzalo Rodríguez (Percat).

Explosión en Aguada San Roque: el camino hasta la Corte Suprema

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Sin más instancias disponibles en la Justicia provincial, donde incluso recibieron un pronunciamiento en contra del mismo TSJ, los abogados defensores decidieron llevar el caso fuera de los límites de Neuquén.

Con la firma de los vocales Alfredo Alejandro Elosu Larumbe y María Soledad Gennari, el máximo tribunal declaró admisibles los recursos extraordinarios federales, abriendo la puerta para su revisión en la Corte Suprema.

Pozzer, en su escrito, tildó a la sentencia contra Bulgheroni de «arbitraria» y dijo que se basó en «afirmaciones dogmáticas», dejando de lado otras consideraciones que hacían al proceso en desarrollo.

Coto también habló en términos de arbitrariedad y aseguró, entre otras cosas, que hubo «falta de identidad entre el hecho acusado y el hecho por el cual se condenó» a sus dos defendidos.

Rodríguez, por su parte, cuestionó la condena recibida por Percat afirmando que la causa del estrago «debió haberse atribuido a la conducta desplegada por el gasista fallecido porque la instalación de gas solo a él le competía».

La resolución del TSJ se conoció la semana pasada y derivó en un pronunciamiento del gremio docente ATEN, que se presentó como querellante en la causa abierta por la explosión ocurrida en el interior de la escuela 144.

«Si bien esto significa que la sentencia aún no está firme y aunque intenten dilatar el cumplimiento de la sentencia, más temprano que tarde irán presos», dijo la organización en sus redes sociales.

Explosión en Aguada San Roque: cómo fueron las condenas

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Percat, quien era director de Obras Contratadas, fue condenado a cinco años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos e inhabilitación por 10 años para ejercer como ingeniero.

El exdirector Obras Públicas, Carlos Córdoba, recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos e inhabilitación por ocho años para desempeñarse como maestro mayor de obras.

Capdevilla, que trabajaba en la misma dependencia oficial, obtuvo una condena de cuatro años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos e inhabilitación por ocho para desempeñarse como maestro mayor de obras.

También fueron encontrados responsables Diego Bulgheroni y Héctor Villanueva, en representación de la empresa contratista Arte Construcciones.

El primero recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación por nueve años para ejercer como arquitecto, mientras que el segundo fue condenado a tres años de prisión condicional, reglas de conducta y la realización de trabajos comunitarios.

El 29 de junio pasado, al cumplirse el quinto aniversario de la explosión, ATEN había convocado a un paro y realizó una movilización para exigir el cumplimiento de las condenas.