Juicio Escuelita: los acusados negaron haber participado en las torturas durante la dictadura militar
Hablaron la mayoría de los acusados por delitos cometidos durante la dictadura. Todos negaron haber integrado los grupos de tarea de la región. El alegato de la fiscalía quedará cortado por la feria: inicia el 8 de julio.
El ciclo de indagatorias para los ocho acusados de los delitos aberrantes cometidos durante la dictadura finalizará el viernes por la mañana, cuando el oficial de Inteligencia del Ejército, Jorge Di Pasquale, finalice con su defensa.
Con su estilo arrogante, el militar que integró los grupos de tareas en la región, interpeló al juez que presidía la audiencia, cuestionó al Tribunal que deberá dictar la sentencia (a fines de agosto) y arremetió contra la idoneidad de la fiscalía.
El juicio, que comenzó en febrero, no tuvo público de los organismos de derechos humanos en las últimas dos semanas, por considerar que no respaldarán la falta de aportes al proceso de Justicia en el que se busca conocer qué pasó durante la dictadura.
en juicio por delitos de lesa humanidad
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- Sergio San Martín, Jorge Di Pasquale, Hugo Renes, Carlos Carretto, Miguel Cil, Emilio Sachitella, Miguel Ángel Ferrari y Adolfo Mellao
Como parte de su defensa, Di Pasquale dijo que la desaparición de la adolescente Leticia Veraldi en Cipolletti en julio de 1977, era parte del relato de la fiscalía (vil relato, lo llamó durante más de una hora de alocución) y especuló que la estudiante secundaria, fue llevada fuera del país por los grupos de izquierda contra la dictadura.
Usó argumentos que en los juicios de lesa humanidad en el país ya fueron derribados con pruebas, con testimonios de sobrevivientes y el hallazgo de los cuerpos de personas fusiladas o muertas durante la tortura en los centros clandestinos de la dictadura.
“Ahora me están acusando del asesinato de esta chica, se pudo haber ido por sus propios medios. Por qué no gritó, por qué no hay testigos”, dijo en tono socarrón. El viernes continuará su declaración con los otros casos de homicidio y tormentos por los que llegó procesado a este juicio.
Qué dijeron los otros acusados
Antes, declaró el gendarme Miguel Cil, quien rechazó las acusaciones de detención ilegal e interrogatorios a dos mujeres en la zona de Junín y San Martín de los Andes que fueron mantenidas cautivas, con interrogatorios y traslados en los que pensaban que iban a morir. Cil dio su versión y permitió las preguntas de la fiscalía. “Las conocí en este juicio”, dijo de las jóvenes profesionales que fueron secuestradas y tabicadas. “Son los malos registros que quedan”, respondió cuando se le consultó con relación al libro de guardia que lo situó en uno de los traslados padecidos por las víctimas.
El gendarme minimizó la especialidad de inteligencia que figuraba en su legajo y dijo haber conocido de la existencia de centros clandestinos después de 1987. Agregó desconocer que en San Martín de los Andes hubiera grupos especiales antisubversivos durante la dictadura. Si existió algo, dijo Cil, fue solo de conocimiento del jefe o del segundo jefe de Gendarmería. Es el único de los procesados que tiene representación legal privada.
Los otros acusados respondieron que se remitían a la defensa que dieron con anterioridad, en instrucción. El comandante de Gendarmería Emilio Sachitella desacreditó los testimonios que lo señalaron fumando pipa y con una capota especial sobre el uniforme como parte de su atuendo de invierno, sostuvo que las detenciones a su cargo fueron “ajustadas a la normativa” y que no había dirigido interrogatorios bajo tortura.
Hugo César Renés (inteligencia del Ejército) sostuvo que sólo hizo inteligencia en la zona cordillerana ante la eventual guerra con Chile, en tanto el militar Carlos Carreto negó haber participado de los tormentos en Catriel.
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