La Justicia frenó una licitación millonaria impulsada por Karina Milei para la Quinta de Olivos y la Casa Rosada
El planteo de Pagano apunta directamente contra Karina Milei, a quien acusa de presunto fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionaria.
La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional entregar el expediente completo de una licitación por 700 millones de pesos destinada al mantenimiento de los espacios verdes de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. La contratación había sido impulsada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y quedó bajo sospecha tras una denuncia por presuntas irregularidades entre las empresas oferentes.
La medida fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González, quien solicitó al juez Sebastián Ramos que requiera toda la documentación vinculada a la licitación pública N° 23-0005-LPU26. El objetivo es determinar en qué estado se encuentra el proceso administrativo y si existió algún perjuicio económico para el Estado.
La polémica se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, actualmente enfrentada políticamente con La Libertad Avanza. Según expuso la legisladora, las empresas que participaron del concurso simulaban competir entre sí, aunque en realidad pertenecerían al mismo grupo empresario.
Las firmas involucradas son “La Mantovana de Servicios Generales SA” y “Grub SA”, ambas vinculadas al denominado “Grupo Buena Vista SA”. La acusación sostiene que esta situación configuraría una “ficción licitatoria” destinada a aparentar competencia para favorecer la adjudicación.
El planteo de Pagano apunta directamente contra Karina Milei, a quien acusa de presunto fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionaria. La diputada sostiene que la Secretaría General de la Presidencia debía verificar la independencia económica de los oferentes antes de avanzar con la contratación.
En su dictamen, el fiscal González aclaró que antes de definir eventuales imputaciones resulta necesario acceder al expediente completo para conocer el estado real del procedimiento y verificar si los fondos fueron efectivamente ejecutados.
La causa representa un nuevo foco de tensión dentro del oficialismo. Pagano ya había impulsado otras denuncias contra integrantes del entorno presidencial, entre ellas una presentación contra el vocero presidencial Manuel Adorni y su hermano por presunto enriquecimiento ilícito.
Ahora, el Gobierno nacional deberá remitir toda la documentación requerida por la Justicia, mientras el juzgado analiza si existieron irregularidades en el proceso licitatorio y si corresponde avanzar con una investigación penal.
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