Ley de extranjerización de la tierra: la Justicia en Bariloche pone la lupa sobre una compra de Emiratos Árabes
La investigación debe determinar si fue lícita la compra de una superficie importante en zona de frontera de un inversor argentino que declaró haberlo hecho con dinero de una donación del país árabe.
La Justicia Federal tiene en trámite un expediente que concentra las miradas en Bariloche y el resto de la provincia respecto de la extranjerización de tierras en zona de frontera, un tema que ocupa lugar privilegiado en la agenda política nacional por el proyecto del oficialismo de inviolabilidad de la propiedad privada, que fue postergado en su tratamiento ayer en el Senado.
La operación de venta que está señalada como una posible violación de la ley data de 2017 y quedó en el ojo de la tormenta a partir de las revelaciones surgidas en abril pasado durante un juicio por desalojo contra una referente de la comunidad mapuche Cayunao, que resultó absuelta. En la audiencia oral de ese juicio el denunciante y propietario de un campo de 14.689 hectáreas en la zona de Alto Río Chubut, cerca de la localidad de Ñorquinco, Hugo Barabucci, declaró que lo había adquirido con una donación de 2 millones de dólares efectuada por los Emiratos Árabes Unidos.
El predio está ubicado en zona de frontera, porque no dista más de 45 kilómetros en línea recta del límite con Chile y la ley en vigencia define esa categoría en una franja fronteriza de 100 kilómetros.
Luego del pedido de los abogados defensores de Soledad Cayunao y de algunos legisladores que se interesaron en el tema, el fiscal de la justicia provincial Francisco Arrien libró oficio a la Justicia Federal para que inicie investigación por la posible irregularidad en la venta de las tierras, dado que la ley 26.737 prohíbe la propiedad de extranjeros en zona de frontera ya sea como titulares directos o por “interpósita persona”.
Uno de los letrados consultados dijo que este último atajo, vulgarmente denominado como el empleo de “testaferros”, sería el que encuadra en el caso Barabucci. Y que la compra de Emiratos Árabes a través suyo se habría efectuado con el expreso propósito de burlar la normativa. Diario RÍO NEGRO pudo saber que el legajo ya tiene trámite abierto en la fiscalía federal de Bariloche y que el legajo lleva el número FGR 10273/2026. Pero fue imposible determinar si ya hay medidas en curso, las consultas no fueron respondidas.
En el caso de que se apruebe la nueva ley de regulación de la propiedad privada promovida por el gobierno la investigación judicial no se verá afectada porque la operación no involucra la titularidad de tierras por parte de un particular sino de un Estado extranjero, y el texto en evaluación mantiene la restricción en situaciones de ese tipo.
Las fuentes aclararon que el caso investigado a partir de los dichos de Barabucci no consiste en la adquisición de tierras por parte de una empresa con participación foránea (que también existen en la región) sino en la directa injerencia de un Estado extranjero. La relación de los Emiratos Árabes con Barabucci, según él mismo lo refirió en el juicio, tiene origen en su vínculo con el polo. Actualmente administra un club de ese deporte en el país asiático.
El rol de querellante y la Fiscalía de Estado de Río Negro
El abogado Martín Palumbo fue quien defendió a Soledad Cayunao y alertó durante el juicio de abril sobre la posible violación de la ley de tierras. Ayer ante una consulta específica dijo que sigue con atención la causa abierta en la Justicia Federal pero aclaró que no tiene posibilidad de impulsar la investigación porque carece de legitimación para presentarse como querellante.
Ante las evidencias de una compra fraudulenta, ese rol como damnificado le correspondería al gobierno provincial. Los intentos para determinar si la Fiscalía de Estado rionegrina ejercerá ese derecho en la causa federal no tuvieron respuesta.
De comprobarse que existió un engaño mediante un comprador ficticio, será necesario indagar cómo fue registrada la operación en los órganos de control provinciales, aunque las fuentes indicaron que la primera responsabilidad en la verificación del origen de los fondos correspondía al escribano que certificó la operación.
Según se desprende de la respuesta a un pedido de informes legislativo que presentó la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), las constancias en Catastro señalan que las tierras objeto de conflicto fueron registradas a nombre de Hugo Alberto Barabucci el 7 de abril de 2017 y que el trámite estuvo a cargo de la escribana Ana Elisa Aguado.
Interrogantes dirigidos a la provincia, con pocas respuestas
En el escrito remitido semanas atrás a la Legislatura de Río Negro por el director del Registro de la Propiedad Inmueble, Daniel Balduini, se indica que ese organismo “no posee atribuciones ni competencia” para constatar el origen de los fondos aplicados por Barabucci a la compra del campo.
Tampoco para efectuar “valoraciones jurídicas” sobre la eventual violación a la ley de protección de Tierras Rurales y Resguardo de Integridad Territorial en Áreas de Frontera.
Balduini subrayó que la responsabilidad es del escribano interviniente “como sujeto obligado ante la UIF” (Unidad de Información Financiera).
Otra denuncia contra el expolista
El abogado Palumbo informó que existe otra denuncia paralela en la justicia provincial contra Barabucci por el supuesto delito de falso testimonio, dado que no declaró su participación el fideicomiso Amaike, que figura también como titular de tierras en el área señalada.
Lo que sí afirmó durante el juicio es que la fracción de 14.000 hectáreas que compró con dineros emiratíes fue destinada a la implantación de un coto de caza. Odarda subrayó que los impedimentos para la venta de las tierras a un propietario extranjero no solo tiene relación con la proximidad de la frontera sino porque involucran las nacientes del río Chubut.
El fideicomiso Amaike fue adjudicatario de un permiso de uso de agua concedido por el DPA y otro para explotación de dos canteras en Rincón del Diablo, concedido por la secretaría de Minería, según consignó la legisladora Odarda, quien dijo que ante otra de las consultas le confirmaron que tanto esa razón social como la firma Manzil SA (en la que también aparece Barabucci como accionista minoritario) no están registradas en Personas Jurídicas de la provincia ni tienen bienes a su nombre en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Explicó que Manzil figura como titular del aeródromo privado de Punta Lobos, sobre la costa atlántica, atribuido en su momento al magnate británico Joseph Lewis.
La legisladora dijo que no le consta que hayan existido avances de la causa en la Justicia Federal, que la presentación de la fiscalía de la Justicia rionegrina para que se investigue fue realizada “bajo presión” y que falta todavía que el DPA y Minería expliquen cómo otorgaron concesiones a una empresa “que no consta en los registros provinciales”.
Sobre la investigación de la compra de tierras por parte de los Emiratos Árabes Odarda aclaró que la ley de prohibición está “plenamente vigente”, que el presidente Javier Milei intentó derogarla por decreto al comienzo de su gobierno, pero la Justicia lo declaró nulo.
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