Llega a juicio la causa por el basurero petrolero en Neuquén: piden conformar jurados populares

Después de dos años de investigación de una causa compleja, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, solicitó que se llame a la audiencia de control de acusación para la apertura del juicio contra tres empresarios acusados de fraude y contaminación en el Parque Industrial Neuquén. La primera denuncia por la contaminación de la mole de residuos de los pozos petroleros se produjo en 2020.

Se trata de la montaña de contaminantes a la vera de la autovía norte, inmediaciones de la avenida Casimiro Gómez, en el centro del distrito VI, donde el municipio busca entregar unos 403 lotes, tras la primera etapa de 367 terrenos otorgados el año pasado.

“Este ministerio Fiscal solicita la conformación de un Tribunal con Jurados Populares”, planteó Breide Obeid en el requerimiento. El cierre de la investigación preliminar se produjo el viernes 13. Las querellas (APDH y Abogados Ambientalistas de la República Argentina) también hicieron sus peticiones. La defensa del empresario y un gerente (integrada por los abogados Marcelo Muñoz y Mario Rodríguez Gómez) tiene 10 días para hacer sus planteos. Javier Pino representa a un tercer gerente operativo.

No hay antecedentes de un juicio con jurado popular para una causa de medio ambiente.

Breide Obeid explicó que la acusación prevé prisión efectiva, por condenas mayores a los tres años y medio, debido a que les imputó contaminación peligrosa para la salud con residuos peligrosos y fraude. La fiscalía sostuvo que, para cobrar, Comarsa siguió recibiendo tierra y barros con hidrocarburo traídos de los pozos petroleros de Vaca Muerta a sabiendas de que no les iba a dar tratamiento.

Agregó que esa maniobra le permitió lucrar a costa de ir avanzando ilegalmente sobre los terrenos municipales que no habían sido habilitados para el tratamiento de los contaminantes. La fiscalía los acusó de contaminar esos suelos ocupados para almacenar más residuo.

Los nombres de los tres empresarios acusados responsables de las maniobras no se publican por una orden judicial. A lo largo del proceso no se permitió la publicidad de sus identidades, ni de sus fotos en las audiencias. La individualización de los autores se produjo después de un complicado proceso que logró determinar quién estaba detrás de las maniobras de la firma.

El fiscal explicó que había un complejo entramado de accionistas y de empresas que, con diferentes operatorias, escondían a la persona física, controlante o gerentes responsables de los cobros por el material que se agregaba sin control ni tratamiento.

En los últimos meses se insistió en las pericias contables, que demostrarían el lucro personal de quienes se beneficiaron con la maniobra o de los gerentes que la posibilitaron. Se avanzó con los contaminantes hasta llegar a ocupar más de 17 hectáreas, según se cifró en el requerimiento de Medio Ambiente.

El saneamiento del lugar

En paralelo, dijo la fiscalía, se emitían certificados de que se estaban realizando las tareas de tratamiento para mantener la habilitación como tratadora de residuos peligrosos y sus contratos comerciales.
Por eso les endilgó administración fraudulenta. Sin autorización, fueron corriendo el muro a medida de que la montaña de hidrocarburos con benceno, tolueno, fluoreno y metales pesados como arsénico y plomo entre otros componentes, crecía con nuevas camionadas depositadas en el lugar.

En los allanamientos de las casas de los empresarios acusados se encontraron, entre otros datos, un cuaderno en la mesita de luz con los movimientos reales de la firma. También una descripción de las simulaciones, la postura judicial en Neuquén y hasta una estrategia de venta de la firma.

El fiscal agregó que el embargo se trabó por 7 millones de dólares porque fue la estimación para levantar, tratar y sanear los 300 mil metros cúbicos de residuos de petróleo que en 2017 se estimaban en el lugar.

El traslado de los contaminantes y su seguimiento fue uno de los planteos de los querellantes. “Es insignificante lo que llegaron a remover, por lo que queda aún. Y falta sanear, que es uno de los objetivos que tiene la fiscalía, por eso se pidió un embargo tan grande”, explicó Breide Obeid.
El ultimo trabajo con la prueba fue desentrañar los informes contables u ocultos.