Lo acusaron por el homicidio en Cervantes: así fue el plan para matar a un joven en la vereda de su casa
La Justicia formuló cargos contra un joven por el homicidio agravado de Santiago Emanuel Drinovac. La fiscalía denunció un plan premeditado y advirtió sobre el riesgo de fuga y entorpecimiento. Mañana imputarán a otro de los involucrados.
Cervantes fue escenario de una trama de violencia extrema que terminó con la vida de un joven de 21 años. En una audiencia de formulación de cargos realizada este jueves en Roca, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot dio por acreditada la imputación contra Leonel Luis Gallardo, señalado como uno de los coautores materiales de los disparos que terminaron con la vida de Santiago Emanuel Drinovac el pasado 30 de abril. Mañana imputarán al otro acusado.
El Ministerio Público Fiscal, representado por María Vanesa Giardina y la fiscal jefe Belén Calarco, presentó una reconstrucción minuciosa de lo que consideran un plan criminal ejecutado a plena luz del día. Según la acusación, Gallardo no actuó solo, sino en compañía de Ángel Muñoz, quien habría conducido la motocicleta utilizada para el ataque.
La calificación legal es severa: «homicidio agravado por premeditación y por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra», lo que -de encaminarse a un juicio oral- podría derivar en una pena de prisión perpetua.
Una ejecución planificada en la vereda
El hecho que conmociona a la región ocurrió aproximadamente a las 16:30 horas, en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y Pasaje Pablo Favaloro. En ese lugar, Drinovac se encontraba en la vereda de su domicilio junto a un amigo cuando fue sorprendido por los atacantes.
De acuerdo con el relato fiscal, los imputados llegaron al sitio en una motocicleta Honda Wave blanca. Sin mediar palabras, Gallardo extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y efectuó dos disparos. “Impactando uno de ellos en el pecho de Santiago Emanuel Drinovac, ocasionándole la muerte minutos después mientras era trasladado al hospital de Roca”, precisó la fiscal Giardina durante la audiencia.
La fiscalía destacó que el ataque tuvo un blanco directo y que la presencia del testigo presencial fue clave para la identificación de los sospechosos. Inmediatamente después de la agresión, los involucrados emprendieron una huida que los mantuvo fuera del alcance de la justicia durante varios días, activando una serie de allanamientos nocturnos en diversas viviendas de la zona rural y urbana.
La evidencia: cámaras de seguridad y autopsia
Uno de los pilares de la acusación fiscal se sostiene en el registro fílmico recolectado por el Cuerpo de Investigación Judicial. Las cámaras de seguridad del sistema 911 y de domicilios particulares captaron el trayecto de la motocicleta antes y después del crimen. Los registros muestran a los sospechosos ingresando a una vivienda vinculada a la familia Muñoz y, minutos más tarde, retirándose en un vehículo Peugeot 307 gris, presuntamente para facilitar la fuga de Gallardo.
Por otro lado, el informe de la autopsia realizado por el médico forense confirmó la gravedad de la herida. “La causa de la muerte fue un taponamiento cardíaco y hemorragia masiva en la cavidad pleural izquierda, secundaria a heridas en corazón y pulmón causadas por un disparo de arma de fuego en el tórax”, indica el estudio pericial. El proyectil extraído del cuerpo de la víctima pertenece a la familia de calibres 38 o 9 milímetros, lo que refuerza la imputación por portación de arma de guerra.
Riesgos procesales y detención
A pesar de que Gallardo se entregó voluntariamente cinco días después del hecho, la fiscal jefe Belén Calarco fue contundente al solicitar la prisión preventiva por un plazo de cuatro meses. Calarco argumentó que existe un peligro latente de entorpecimiento, ya que ni el arma, ni la moto, ni las prendas utilizadas han podido ser secuestradas.
“El autor de los disparos tiró dos veces y en el lugar había dos personas. Ese testigo sobreviviente es extremadamente necesario para guardar su integridad psicofísica”, advirtió la fiscal jefe. Asimismo, señaló que la logística de la fuga demuestra que los imputados contaron con ayuda externa para ocultar elementos probatorios esenciales.
Conflictividad previa y amenazas
La defensa del imputado, ejercida por Rodrigo Racca, no opuso resistencia a la formulación de cargos ni a la medida cautelar, aunque adelantó que trabajará en una teoría del caso que contemple una «historicidad de conflictos» entre las familias involucradas. Racca mencionó denuncias previas por ataques contra la familia Muñoz, sugiriendo que el contexto de violencia podría modificar la calificación legal en el futuro.
Finalmente, el juez Martínez Vivot ordenó que Gallardo permanezca detenido en la comisaría 31 de Roca, ante el pedido de la defensa de evitar el Establecimiento de Ejecución Penal 2 por presuntas amenazas de muerte provenientes de internos vinculados a la familia de la víctima. Todo ello, supeditado al cupo que podría conseguirse en el servicio penitenciario en otra cárcel.
Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se formulen los cargos correspondientes al segundo implicado, Ángel Muñoz, quien también se encuentra a disposición de la Justicia.
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