Lo citaron para comprarle la moto y lo mataron en Allen: imputaron al tercer implicado y acusan «criminis causa»
La Justicia imputó a Brian Fuentes Pérez por el homicidio criminis causa de Franco Morales en Allen. Cámaras de seguridad, el rastreo de un iPhone y unas zapatillas del imputado fueron piezas clave. Cuál es la gravedad de la acusación.
La investigación por el homicidio de Franco Agustín Morales, el joven de 24 años emboscado el pasado jueves en Allen, sumó un avance determinante con la formulación de cargos contra un tercer sospechoso. Durante la audiencia realizada este martes, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot dictó dos meses de prisión preventiva para Brian Miguel Domínguez Fuentes Pérez, de 20 años, quien se había entregado voluntariamente el domingo por la noche en la comisaría Sexta.
Fuentes Pérez, oriundo de Neuquén Capital, fue imputado por la fiscalía como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y criminis causa, en concurso real con robo en lugar poblado y en banda. El joven se suma a otros dos detenidos ya procesados, mientras las autoridades mantienen una orden de captura activa sobre un cuarto implicado, quien permanece prófugo.
Una emboscada planificada por redes sociales
El hecho que conmocionó a la región ocurrió el pasado 13 de agosto, alrededor de las 18:00 horas, en la calle México al 30 de la ciudad de Allen. Según la reconstrucción fiscal, la víctima acudió al lugar bajo la promesa de concretar la venta de su motocicleta Yamaha YBR 125, operación que había sido pactada previamente a través de Facebook y WhatsApp. Sin embargo, al llegar, Morales fue abordado por una banda integrada por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas: una KTM 200 y una Honda XR 150.
En la vereda del domicilio, los agresores increparon al joven y, con el objetivo de asegurar el robo del vehículo y de su teléfono iPhone 11, le efectuaron un disparo de arma de fuego tipo revólver en el tórax. El proyectil atravesó órganos vitales, provocando una pérdida masiva de sangre que le causó la muerte de forma inmediata en la vía pública. Tras el ataque, los delincuentes escaparon con la moto y el dispositivo móvil de la víctima.
Cámaras, rastreo satelital y pruebas clave
La fiscal del caso, Verónica Villarruel, detalló una batería de evidencias que vinculan a Fuentes Pérez con la escena del crimen. Una de las pruebas centrales fue el análisis de las cámaras de seguridad del servicio 911 y de cámaras particulares, que registraron el trayecto de los sospechosos desde Neuquén hacia Allen y su posterior huida. En una de las tomas, se observó a un joven con el casco levantado, lo que permitió identificar fisonómicamente al imputado.
Un detalle particular resultó incriminatorio: la vestimenta. La fiscalía subrayó que el acusado vestía zapatillas blancas con una franja negra y una pulsera de hilo trenzado en el tobillo, elementos que coinciden plenamente con las imágenes de video capturadas durante el robo y el escape. Además, el rastreo satelital del iPhone de la víctima permitió localizar el dispositivo sumergido en la zona de Puente 83, precisamente en la ruta de escape utilizada por la banda.
Otra pieza de convicción mencionada fue un bidón de nafta amarillo que dos de los sospechosos habían dejado días antes en la casa de Morales bajo la excusa de la futura compra, elemento sobre el cual se realizarán pericias de ADN. «Hemos dado con una de las motos que identificamos se acercó a la casa para cometer este terrible hecho», explicó Villarruel durante la audiencia.
Argumentos de la defensa y decisión judicial
Por su parte, el defensor particular Federico Diorio cuestionó la calificación legal y la existencia de un plan común para matar. El letrado argumentó que su asistido se presentó voluntariamente con sus padres y que no hay pruebas directas de que él haya efectuado el disparo. «Entiendo que no hay un elemento como para atribuirle a todos en medida de conjunto el plan común de darle la muerte a la víctima», sostuvo Diorio, solicitando medidas alternativas a la prisión preventiva.
No obstante, el juez Martínez Vivot consideró que la evidencia presentada era suficiente para esta etapa procesal y remarcó la gravedad del hecho. El magistrado enfatizó la necesidad de proteger a los testigos, especialmente a los vecinos que grabaron videos caseros del momento del crimen, quienes podrían sentirse intimidados si los acusados recuperaran la libertad.
«La calificación legal que ha escogido la fiscalía alcanza», sentenció el juez al confirmar la detención preventiva por 60 días. Mientras tanto, la Brigada de Investigaciones continúa con los operativos para dar con el paradero del cuarto sospechoso y localizar el arma utilizada y la motocicleta sustraída.
Por qué la figura de «criminis causa» es importante en la causa
La inclusión del agravante por «criminis causa» es el eje que define la máxima severidad del proceso judicial, ya que eleva la escala penal de los acusados a la prisión perpetua. Bajo esta figura técnica, la fiscalía sostiene que el asesinato de Morales no fue un hecho accidental o un exceso durante el asalto, sino una acción deliberada para asegurar la sustracción de su motocicleta Yamaha y su teléfono iPhone. Al imputar este delito, las investigadoras acusaron que los atacantes utilizaron la muerte de la víctima como un medio necesario para garantizar el éxito del robo y su posterior impunidad en la emboscada pactada previamente por redes sociales.
La relevancia de esta calificación radica en la disputa entre un plan criminal compartido y un robo con desenlace fatal. Mientras la defensa técnica del imputado Fuentes Pérez argumenta que no hay pruebas de un acuerdo previo para matar y buscará encuadrar el hecho como un homicidio en ocasión de robo —figura que prevé una pena considerablemente menor—, el juez Julio Martínez Vivot ratificó la acusación más grave de forma provisoria.
Para sostener esta carátula hasta el juicio, la fiscalía deberá demostrar fehacientemente el «dolo» o intención de los cuatro implicados, un paso fundamental que determinará si los responsables enfrentan el resto de sus vidas en prisión o una condena con límite de años.
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