Más denuncias por estafas con lotes y casas de IPPV en Bariloche involucran a un escribano

Hay tres imputados con prisión preventiva a quienes se les sumarán los nuevos hechos denunciados. Las víctimas ya son cerca de 40 personas.

Tres nuevas estafas se denunciaron en la unidad fiscal que investiga a los integrantes de una supuesta asociación ilícita que operaba desde hace tiempo en Bariloche. Según la fiscalía, los imputados se dedicaban a la venta fraudulenta de lotes y casas del IPPV. Con esas maniobras estafaron a cerca de 40 personas y se vincula, aunque no está imputado, a un escribano que realizó algunas tramitaciones.

Fuentes judiciales informaron que dos de los nuevos hechos de estafas están relacionados con la comercialización de terrenos y el tercero, con una vivienda del IPPV. Dijeron que los denunciantes señalaron a Norberto Gutiérrez como el presunto autor de las maniobras.

El fiscal que investiga el caso Tomás Soto le atribuyó a Gutiérrez decenas de estafas cuando lo imputó el 23 de junio pasado. En esa ocasión, el juez de garantías Sergio Pichetto admitió los cargos que Soto formuló contra el imputado. El magistrado le impuso al acusado entonces la prisión preventiva durante 4 meses por pedido de la fiscalía que advirtió que en libertad existía el riesgo de fuga y de entorpecer el avance de la investigación.

Las fuentes dijeron que Soto ampliará en los próximos días la imputación contra Gutiérrez por los nuevos hechos denunciados. Los otros imputados en la causa son Claudio Seguel y los hermanos Diego y Exequiel Cid. Los tres permanecen detenidos en el penal 3 de Bariloche, junto con Gutiérrez. El fiscal lo acusó además a Diego Cid por haber amenazado de muerte a una persona damnificada por una estafa.

La investigación hasta el momento identificó a cerca de 40 víctimas y el perjuicio de todas las estafas supera los 51,1 millones de pesos. La fiscalía estableció hasta ahora que las víctimas les entregaron a los imputados miles de dólares o millones de pesos y hasta vehículos como parte de pago de un lote o de una vivienda del IPPV.


Tres operaciones en una escribanía céntrica


En la acusación del fiscal se menciona la participación del dirigente peronista y escribano Leandro Costa Brutten porque tres operaciones se hicieron en su escribanía. Las fuentes aclararon que el dirigente del PJ no está imputado, pero admitieron que su participación resulta llamativa porque se supone que como escribano debe verificar la autenticidad y legalidad de la documentación.

Según el fiscal, el 19 de junio de 2020, una de las víctimas fue citada por los imputados a la Escribanía de Costa Brutten, ubicada en Vicealmirante O’ Connor 665 de Bariloche, entregó el vehículo Renault Clio 2007 dominio GHL-339 junto con el formulario 08 del vehículo referido como parte de pago. “Ese mismo día, se firmó el acta de tenencia precaria de IPPV, que luego se determinó que resulta ser apócrifa”, señala la acusación fiscal. “Ezequiel Cid realizó todos los trámites para transferir el vehículo”, indicó Soto.

Otro hecho atribuible a Ezequiel Cid y Gutiérrez ocurrió entre agosto y septiembre del 2020. Los imputados ofrecieron a la venta a la víctima una vivienda de IPPV, realizaron las gestiones correspondientes y Gutiérrez se presentó como gestor de IPPV y le dijo que tenían la posibilidad de entrar en las casas de IPPV (venta de casas sociales, a pagar en cuotas accesibles por ser sociales). Todo ello, por la suma de 650.000 pesos (a valores de 2020). La víctima entregó un vehículo Ford Fiesta Kinetic equivalente al monto de venta.

Una semana después, la víctima fue citada por los imputados a la Escribanía de Costa Brutten “para firmar ante el escribano el formulario 08 para la venta del rodado. Le dijeron que se quedara con el vehículo y la documentación hasta que llegara la carpeta de la vivienda”.

El tercer hecho donde Costa Brutten tuvo presunta participación ocurrió la mañana del 27 de agosto del 2020. Según la teoría de la fiscalía, las víctimas fueron citadas por los a la Escribanía de Costa Brutten, entregaron 400.000 pesos contra la entrega de un nuevo pagaré y firmaron el formulario 08 del vehículo como parte de pago. “En la sala de reuniones de dicha escribanía se firmó el acta de tenencia precaria de IPPV, que luego se determinó que resulta ser apócrifa”, sostuvo el fiscal en la acusación contra los imputados.

La fiscalía determinó que en el caso de las viviendas engañaban a las víctimas con carpetas que tenían documentación del IPPV y hasta con la firma falsificada de funcionarios de ese organismo provincial.

En el caso de los lotes, los acusados mostraban los terrenos a las víctimas y les prometían que estaban con todos los papeles en regla.

La documentación falsa fue secuestrada en allanamientos que personal de Gendarmería hizo en el domicilio de los imputados.


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