Sigue en aumento la cantidad de internos en las cárceles rionegrinas que están desbordadas
Los datos oficiales del Ministerio de Seguridad y Justicia reflejan un crecimiento sostenido al comparar la población carcelaria desde el primer semestre de 2023 hasta el mismo período de este 2026. Cuáles son las posibles causas que influyen. "La cantidad de detenidos es la más alta en la historia de las cárceles rionegrinas", dijo Weretilneck.
La situación de hacinamiento que se vive en las cárceles rionegrinas es un problema que lleva varios años sin solución, pero en el último tiempo se agudizó a tal punto que gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, lo reconoció. “La cantidad de detenidos es la más alta en la historia de las cárceles rionegrinas. Estamos cerca de los 1.600 detenidos entre los que están en cárceles como los que están con distintos dispositivos electrónicos”, afirmó en Bariloche.
Los datos oficiales del Ministerio de Seguridad y Justicia -a los que Diario RÍO NEGRO accedió- indican un crecimiento sostenido de la población carcelaria en la provincia desde 2023.
El primer semestre de este 2026 cerró con 1.402 personas detenidas en los penales de la provincia. Ese dato incluye 1.292 condenados y 110 personas con prisión preventiva que enfrentan procesos penales. Mientras que el primer semestre del año pasado finalizó con 1.381 internos, entre 1.264 condenados y 117 imputados con preventiva.
La información oficial señala que en el primer semestre del 2024 hubo 1.321 personas alojadas en las cárceles rionegrinas, entre 1.214 condenados y 107 detenidos en proceso penal. En cambio, en los primeros seis meses del 2023 la población carcelaria era de 1.199 personas, con 1.111 condenados y 88 imputados en proceso judicial. Según esos datos, la población de personas detenidas en los penales de la provincia creció casi el 16,9% entre el primer semestre del 2023 y el de 2026. Es un dato relevador.
A ese número de personas encarceladas hay que sumarle aquellas que están con dispositivos electrónicos (pulseras o tobilleras) porque accedieron a alguno de los beneficios, como la prisión domiciliaria. Según el mandatario rionegrino, cerca de 200 imputados o condenados están en esa situación.
"Están haciendo lo posible"
“El Ministerio de Seguridad y Justicia con el Servicio Penitenciario y la Policía están haciendo lo posible para alojar aquellos que tenemos detenidos”, sostuvo el gobernador el miércoles en Bariloche.
Para el gobernador, “que tengamos este nivel de detenidos tiene que ver con varias cosas: con un Código Procesal Penal que se ha modernizado, con un sistema de investigación judicial policial mucho más eficiente, que el que teníamos años anteriores y con las leyes que hemos sancionado de reiterancia y doble condena que son todas leyes que bajan el nivel de impunidad”.
“Creo que la baja del nivel de impunidad tiene una cuestión que es contraproducente que es la cantidad de detenidos que tenemos”, señaló. “Lamentablemente, tenemos que seguir conviviendo con este tema por unos cuantos años más”, admitió.
Diario RÍO NEGRO intentó conseguir opiniones en operadores del servicio de justicia penal sobre las posibles causas de la crisis carcelaria que enfrenta la provincia.
Dos posturas del MPF que influyen
El fiscal jefe de Bariloche Martín Lozada opinó que a esta situación de la superpoblación carcelaria “podrían contribuir dos posicionamientos muy firmes por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF): el primero la aplicación muy taxativa del artículo del 10 del Código Penal, que reserva la prisión domiciliaria para casos muy puntuales”.
El artículo citado establece que podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria:
a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal;
c) El interno díscapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel;
d) El interno mayor de 70 años;
e) La mujer embarazada;
f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo.
Lozada afirmó además que el MPF “viene reiteradamente oponiéndose a la aplicación de la prisión domiciliaria en todos aquellos casos en que no están previsto por la ley”.
“En segundo término, también venimos abogando para que tanto las prisiones preventivas como la ejecución de la pena impuesta no se cumplan en calabozos ni celdas de comisarías, sino en lugares específicos los cuales resultan ser aquellos que dependen del Servicio Penitenciario Provincial”.
Recordó que “no son las celdas ni los calabozos de comisarías los sitios en donde las personas deben estar alojados por un tiempo prolongado toda vez que allí no puede llevarse adelante el cumplimiento de algunos estándares y algunas obligaciones puntuales a cargo del Estado”. Mencionó la debida custodia, la provisión de alimentos regular, del servicio médico, la efectivización de visitas.
“Estas dos circunstancias podrían incidir en ese aumento exponencial de la cantidad de presos en las cárceles rionegrinas”, consideró Lozada.
Una mirada desde la defensa pública
El defensor penal público de Roca Juan Pablo Chirinos no atribuyó el aumento sostenido de la cantidad de internos en las cárceles de la provincia a la reforma procesal penal, como planteó el gobernador.
Observó que hasta 2017, “tenías mucho más procesados que condenados y ahora eso se revirtió”. “Con los Códigos nuevos tenés más condenados”, sostuvo.
Dijo que la ley de reiterancia, que mencionó el gobernador, “no debería meter más gente presa”. “Acá en Roca por la reiterancia dejan a poca gente presa, siempre los jueces toman en cuenta las dos causales para la prisión preventiva: peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación”, puntualizó.
Chirinos, que fue exjuez de ejecución penal, consideró que ahora se imponen condenas con penas cortas de prisión efectiva a las que se suman aquellas personas condenadas a penas largas que no tienen beneficios. “Acá en Roca hicieron un pabellón nuevo destinado a condenados por abuso sexual y para alojar a detenidos por casos de violencia de género”, indicó.
Sostuvo que el sistema procesal penal vigente genera más ingresos de personas a las cárceles, pero del otro lado “se tapa la salida” porque con la reforma de la ley de ejecución penal nacional se acotaron los beneficios a las personas condenadas.
Cambió la jurisprudencia en Río Negro
Además, mencionó que hubo un cambio de jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro y del Tribunal de Impugnación que tuvo impacto en los beneficios que se otorgaban a los internos en el período de prueba, por ejemplo, la libertad condicional.
Chirinos recordó que antes una persona condenada a seis meses de prisión podía cumplirla haciendo tareas comunitarias. Mencionó el caso de personas que reciben penas cortas por desobediencia a una orden judicial. Indicó que la cantidad de personas condenadas a prisión efectiva por ese delito es “desproporcionadamente alta comparada con otras provincias”. Consideró que esa medida “es una decisión de política judicial rionegrina”.
Además, casi todo los internos son reincidentes y con la reforma de la ley de ejecución penal no pueden acceder a la libertad condicional.
El defensor afirmó que todo tiene una vinculación con la situación social. “Mejora la desigualdad social y hay menos presos, si hay más desigualdad social hay más delitos”, aseveró.
“Otro tema grave que tenemos es el de las adicciones”, indicó. Contó su experiencia cotidiana. “Tengo presos con sentencia judicial por desobediencia, por delitos contra la propiedad, por violencia de género, que están cruzados por adicciones”, señaló. “Nunca es políticamente correcto dejar salir personas de la cárcel. No tiene costo político”, consideró Chirinos.
Con respecto a los datos sobre la evolución de la población carcelaria en el último tiempo, el defensor interpretó esos gráficos reflejan que “están condenando a más personas y no están saliendo gente” de las cárceles”. “Por eso no baja el número”, describió.
Hicieron la reforma pero no aumentaron las plazas en los penales
Fuentes judiciales de Bariloche comentaron que la Provincia hizo refacciones en las Comisarías Segunda y 42 a partir de resoluciones judiciales que ordenaron acondicionar los calabozos.
Señalaron que esas celdas, el Servicio Penitenciario “las usan como pabellones y eran calabozos para tener a los detenidos unas horas hasta llevarlos ante un juez”.
Opinaron que cuando se implementó la reforma del Código Procesal Penal en la provincia eso no se vio reflejado en un aumento de la cantidad de plazas para los detenidos. Evaluaron que para las autoridades provinciales “hay otras prioridades”.
Y confirmaron que el penal 3 de Bariloche está desbordado de personas presas o con prisiones preventivas.
No hay fondos para una nueva cárcel
«Todos coincidimos en que tenemos que hacer una nueva cárcel. No hay nadie que no tenga claro que hay que hacer una nueva cárcel. Hoy, no tenemos fondos en la provincia para construir una cárcel nueva», explicó Weretilneck.
«Hoy no lo tenemos previsto, seguramente buscaremos algún financiamiento esencialmente internacional, porque para hacer una cárcel de estas características tendríamos que dejar de hacer muchas otras cosas que estamos haciendo», manifestó el gobernador.
“Se dice que no se conoce un país realmente hasta que se está en sus cárceles. No se debe juzgar a una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos”. Esa declaración se la atribuyen al expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela, premio Nobel de la Paz, que estuvo 27 años preso. Murió el 5 de diciembre de 2013 en su país.
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