«La información pública debe ser un bien social»

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El libre acceso a la información pública cuenta cada día con nuevas leyes y ordenanzas que lo garantizan en forma expresa, pero en la práctica cotidiana persisten todavía muchos obstáculos para el ejercicio pleno de ese derecho.

Así podría resumirse lo expresado ayer por los panelistas que abrieron el taller sobre libre acceso a la información pública en la Patagonia, que se realiza aquí bajo la organización del Concejo Municipal de Bariloche y las ONG Participación Ciudadana y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

El director de Participación Ciudadana, Guillermo Worman, destacó los avances normativos logrados en localidades como Ushuaia, Bariloche o Esquel y también describió la desigual legislación vigente en las distintas provincias de la región sobre libre acceso a la información. Señaló, no obstante, que la aprobación de normas nuevas en la materia «no implica su cumplimiento automático» y convocó a reflexionar sobre qué camino seguir «ante la cultura del secreto y la arbitrariedad» que sigue prevaleciendo en el poder público y también ante «la falta de interés de la comunidad» por entender y controlar los actos de gobierno.

En alusión a otra reivindicación muy actual en esta región, Worman dijo que la información pública «es de todos y debe ser un bien social, tanto como la costa de los lagos y de los ríos».

Sobre ese punto insistió también el constitucionalista Daniel Sabsay, quien subrayó que los problemas aparecen cuando el funcionario «se siente dueño de la información, cuando en realidad los dueños son los ciudadanos». Aclaró también -en relación a una discusión jurídica todavía en ciernes- que la autoridad «no debe exigir ningún requisito de legitimación» a la persona que solicita información pública. «Es importante además que no haya impunidad en el incumplimiento d aquel funcionario que niega información, porque se trata de una falta grave», alertó Sabsay, quien es además director de la FARN.

El secretario del Juzgado Federal de Bariloche para el fuero Civil, Mariano Lozano, reseñó justamente los caminos que ofrece la justicia para accionar contra el funcionario o el organismo público que niegue la información o si la que ofrece «no es veraz, completa, oportuna y adecuada». Mencionó las situaciones previstas para el uso del amparo y el mandamus en la legislación rionegrina. Y ante la falta de respuesta de un funcionario propuso recurrir al «amparo por mora» antes que al amparo «común» por información denegada, dado que «es limitado pero puede ser más efectivo».

Los concejales Diego Breide (Bariloche) y Adriana Chaperon (Ushuaia) comentaron las experiencias de sus localidades, que cuentan con ordenanzas relativamente nuevas en las que se consagra el derecho al libre acceso a la información. También hablaron de las dificultades encontradas para su puesta en práctica.

Sabsay, por su parte, admitió que las nuevas normativas no están del todo asimiladas y consideró importante que las reparticiones del Estado «den un marco donde no haya intimidación para que el común de la gente pueda acceder a la información» sin temor al rechazo. Dijo que la situación ideal sería que los municipios, por caso, inviertan en crear una oficina específica con personal especializado para atender las consultas.

Por su parte el periodista viedmense y presidente de la Federación Argentina de Radios Comunitarias, Néstor Busso, dijo que el libre acceso a la información incluye el derecho de recibirla «a tiempo».