Donald Trump reactiva la guerra comercial con aranceles a 60 socios comerciales: cómo impacta en la Argentina

En una nueva fase de su ofensiva comercial, el gobierno de Donald Trump anunció la imposición de una serie de aranceles de dos dígitos dirigidos a 60 socios comerciales que concentran el 99,4% de las importaciones de Estados Unidos. La nueva batería de gravámenes, que oscila entre el 10% y el 12,5%, entrará en vigor este viernes para evitar un vacío normativo, justo en el momento en que expiran los aranceles temporales del 10% que la Casa Blanca había instrumentado por un plazo legal de 150 días.

Esta jugada de la Casa Blanca se produce tras la dura derrota sufrida el pasado mes de febrero, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el esquema arancelario global inicial del mandatario al determinar que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no lo autorizaba, obligando al Estado a reembolsar fondos a los importadores afectados.

Para sortear ese bloqueo judicial y reemplazar los gravámenes provisionales de la Sección 122 que ahora caducan, Trump recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la misma herramienta que utilizó en su primer mandato para aplicar sanciones comerciales a China.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, fue el encargado de oficializar la medida, argumentando que las naciones afectadas han aplicado de manera insuficiente las prohibiciones sobre bienes producidos mediante trabajo forzoso. Según la administración republicana, la iniciativa busca corregir tanto una violación a los derechos humanos como una práctica comercial distorsionadora en las cadenas de suministro globales.

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El impacto en la Argentina de los aranceles de Trump

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Según anunció La Nación, dentro del nuevo esquema punitivo, la Argentina fue ubicada en el grupo beneficiado con la tasa más baja, fijada en el 10%. Esto se debe a que cuenta con normativas y tratados de cooperación bilaterales, como el acuerdo recíproco de comercio e inversión rubricado en febrero pasado entre Greer y el canciller argentino Pablo Quirno.

Sin embargo, fuentes gubernamentales consultadas por el medio ya citado al tanto de las tratativas indicaron que en el Ejecutivo esperaban la letra chica del comunicado oficial del USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) para evaluar con precisión el impacto. Aún resta definir cómo quedará la situación arancelaria específica para los 1.675 productos argentinos a los que la administración estadounidense les había eliminado los gravámenes en virtud de aquel entendimiento bilateral.

El comunicado oficial aclaró que existirán diversas excepciones de aranceles para materias primas que puedan generar escasez de suministro interno, productos que provoquen distorsiones económicas generales o bienes que no se produzcan en cantidades suficientes en suelo estadounidense.

Asimismo, se contempló eximir temporalmente a determinados productos de economías que incentiven el cumplimiento de las prohibiciones contra el trabajo forzoso, un listado donde figuran, además de la Argentina, socios como Canadá, México, el Reino Unido y la Unión Europea.

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Los riesgos políticos internos y el debate de fondo sobre los aranceles de Trump

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El gobierno propuso inicialmente los aranceles por trabajo forzoso el mes pasado. Desde entonces, algunos países han endurecido la aplicación de medidas contra el trabajo forzoso y calificaron para obtener gravámenes más bajos, según un alto funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato. Por ejemplo, indicó el funcionario, el arancel sobre las importaciones procedentes de India se fijó inicialmente en 12,5%, pero ahora será del 10%.

Algunos productos, como el petróleo, el gas y los fertilizantes, quedan exentos de los nuevos aranceles. También se libran los productos que califican para el estatus libre de aranceles en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial norteamericano que Trump negoció en su primer mandato.

Los aranceles los pagan las empresas en Estados Unidos que importan productos extranjeros. Por lo general, los importadores intentan trasladar el costo cobrando precios más altos a los consumidores. Los estadounidenses ya se sienten frustrados por el alto costo de vida. Así que el gobierno asume un riesgo al implementar nuevos gravámenes antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Observadores de derechos humanos señalan que es razonable mostrarse escéptico sobre la motivación detrás de los aranceles. Pero sostienen que éstos podrían tener un impacto en el problema del trabajo forzoso.

El trabajo forzoso está definido por el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo como “todo trabajo o servicio exigido a cualquier persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el que dicha persona no se haya ofrecido voluntariamente”.

Según las estadísticas más recientes de la OIT, que es un organismo de la ONU centrado en los derechos humanos y laborales, alrededor de 27,6 millones de personas estaban sometidas a trabajo forzoso en todo el mundo en cualquier día de 2021.

“Durante años hemos dejado constancia de que defendemos las prohibiciones de importación, no como una solución mágica —no son una panacea—, sino como una herramienta potencialmente eficaz para combatir el trabajo forzoso en todo el mundo”, afirmó Martina Vandenberg, fundadora y presidenta de The Human Trafficking Legal Center.

“Es posible ser extremadamente críticos con los aranceles, como lo somos, y estar muy preocupados por los aranceles generales usados como garrotes contra países”, añadió. “Y aun así creo que es innegable que hay una respuesta significativa en términos de la adopción de prohibiciones de importación”, sumó.

Sin embargo, Vandenberg y su organización instaron en su testimonio a que los aranceles se implementen de manera gradual para dar tiempo a que los países puedan aplicar una prohibición o un plan de cumplimiento.

“Nuestra preocupación es que las prohibiciones de importación sean simples hojas de papel sin aplicación”, expresó. “Los países necesitan tiempo para construir mecanismos de prohibición de importaciones que sean significativos y aplicables”, sostuvo.

Kenya Davis, socia de Boies Schiller Flexner, señaló que la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, una ley federal de Estados Unidos aprobada en 2021 que prohíbe la importación de bienes fabricados total o parcialmente en la región china de Xinjiang o por entidades designadas, es la legislación más importante relacionada con el trabajo forzoso que Estados Unidos aprobó antes de los aranceles.

“El nivel de eficacia ciertamente está sujeto a debate, pero sin duda ha llamado la atención sobre el tema de la trata laboral y el trabajo forzoso”, indicó. “Y así, si nada más, estas prohibiciones de importación cumplirán esa función de generar una mayor conciencia sobre el trabajo forzoso”, remarcó.

Pero sin un “enfoque integral” que aporte transparencia sobre en qué consistieron las investigaciones, y programas que brinden a los países ayuda para hacer cumplir las prohibiciones, “soy muy cautelosa con mi entusiasmo respecto de los (aranceles)”, advirtió.

Isabelle Glimcher, científica investigadora sénior de trabajo global en el NYU Stern Center for Human Rights, dijo que una falla de los aranceles es que se centran en aplicar el impuesto a los países en función de los bienes que importan, no de los bienes que producen internamente.

Pero señaló que la amenaza de los aranceles inminentes ha impulsado a varios países —como India— a modificar sus políticas de comercio exterior para incluir una prohibición de importación por trabajo forzoso. Las regulaciones de la Unión Europea sobre trabajo forzoso que entrarán en vigor el próximo año también contribuyen, dijo.

“No todas estas cosas son necesaria o totalmente atribuibles a las investigaciones de la Sección 301, pero sí parece que los países responden y empiezan a tomarse todo esto en serio”, afirmó.

Con información de Associated Press.