La Universidad, la ley y la democracia

La crisis universitaria argentina ya no puede ser leída únicamente como una discusión presupuestaria, aunque el brutal deterioro financiero del sistema resulte inocultable. Sería un error, y acaso una peligrosa simplificación, creer que lo que hoy está en juego se reduce a salarios, partidas o gastos de funcionamiento. El conflicto abierto entre el sistema universitario público y el gobierno nacional expresa algo más profundo, es una disputa sobre el lugar de la educación pública en el país, sobre el sentido mismo del Estado y, de manera cada vez más evidente, sobre la vigencia concreta de principios republicanos y democráticos básicos.

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Es cierto, el desfinanciamiento existe, golpea y deteriora. La pérdida del poder adquisitivo de docentes y nodocentes, la reducción de recursos para investigación, becas, infraestructura y funcionamiento cotidiano no son abstracciones técnicas; son la expresión material de una política que pone en riesgo uno de los sistemas universitarios más extensos, federales e igualitarios de América Latina. Pero aun siendo grave, esa dimensión económica no alcanza por sí sola para explicar la magnitud del problema.

Lo verdaderamente inquietante comienza cuando el ajuste deja de ser solo una política de recorte para transformarse en una lógica de subordinación institucional, cuando el Poder Ejecutivo parece atribuirse la facultad de decidir qué leyes cumplir y cuáles relativizar según conveniencia ideológica o cálculo político. Allí el conflicto universitario deja de ser sectorial y se convierte en una cuestión democrática de primer orden.

La universidad pública argentina es una construcción histórica profundamente ligada a la democratización social, a la movilidad ascendente, a la producción científica, al federalismo territorial y a una idea de nación en la cual el conocimiento constituye un bien público y no una mercancía reservada para quienes puedan pagarla. Por eso su debilitamiento no afecta solo a estudiantes, docentes o rectores. Afecta una determinada concepción del país.

Sin embargo, el problema adquiere una densidad todavía mayor cuando el debate presupuestario se cruza con el incumplimiento o vaciamiento de leyes votadas democráticamente. Porque en una república el Congreso no legisla de manera ornamental. Las leyes sancionadas por los representantes del pueblo no constituyen sugerencias sujetas al humor del gobierno de turno. Son normas obligatorias dentro del pacto constitucional.

Cuando un gobierno, cualquiera sea su signo, se arroga, en los hechos, el derecho de decidir qué parte de la legalidad democrática aplica y cuál no, lo que se erosiona no es solamente una política pública específica, lo que se debilita es el principio republicano según el cual el poder está limitado por la ley.

Ese es uno de los núcleos más delicados del presente argentino. Porque hoy puede ocurrir con el financiamiento universitario, pasa lo mismo con discapacidad, pero mañana podría replicarse sobre cualquier otro derecho, institución o política pública. La naturalización de esa lógica implica un desplazamiento peligroso del gobierno constitucional hacia formas cada vez más discrecionales de ejercicio del poder.

Por eso la nueva Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo tiene una dimensión que trasciende largamente la cuestión salarial o presupuestaria. Será, sin dudas, una movilización por recursos, por paritarias, por becas y por ciencia. Pero será también, y acaso sobre todo, una movilización en defensa de algo más elemental; que en la Argentina democrática nadie puede estar por encima de la ley.

En tiempos de desinformación, polarización extrema y creciente desprestigio de instituciones productoras de conocimiento, la ofensiva contra la universidad pública también posee una dimensión cultural. Debilitarla no solo implica reducir presupuesto, supone erosionar uno de los espacios sociales centrales para la producción crítica de conocimiento, para la formación de ciudadanía reflexiva y para la construcción de verdad pública frente a la espectacularización permanente.

Defender la universidad pública, entonces, no es un gesto corporativo. Es defender una infraestructura democrática esencial.

Por eso reducir la Marcha Federal Universitaria a una protesta sectorial sería no comprender la profundidad del momento. Lo que allí se expresará es una defensa de la universidad como derecho, de la ciencia como inversión estratégica, del federalismo como principio de igualdad territorial y de la ley como límite innegociable al poder.

En definitiva, el 12 de mayo no se marchará solo por salarios ni solo por presupuesto. Se marchará para recordar una verdad básica, acaso demasiado olvidada en tiempos de hiperpresidencialismo y polarización, que la democracia no consiste únicamente en ganar elecciones, sino en gobernar dentro del marco de la Constitución, respetando las leyes y preservando aquellas instituciones que garantizan ciudadanía, igualdad y futuro.

Porque cuando se debilita a la universidad pública, se resiente una parte fundamental del país posible. Pero cuando además se relativiza la obligación de cumplir la ley, lo que comienza a erosionarse es algo todavía más grave: la propia democracia.