Acuerdo comercial entre Milei y Trump: el Gobierno lo enviará al Congreso en diciembre y hay impacto clave para Vaca Muerta

La Casa Rosada busca incluir el pacto en el temario de sesiones extraordinarias, aunque todavía no giró el texto ni tiene los votos asegurados. En paralelo, avanza un esquema de financiamiento de Estados Unidos por hasta US$7.000 millones para el proyecto Argentina LNG en Neuquén.

Por Redacción

El Gobierno planea enviar el acuerdo comercial entre Trump y Milei al Congreso para las extraordinarias de diciembre.

El Gobierno planea incluir el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), firmado en febrero con Estados Unidos, en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso previstas para diciembre. La definición surgió esta semana tras la reunión de la Mesa Política que conduce Karina Milei y fue transmitida por la Casa Rosada a sus representantes legislativos, según informaron distintos legisladores del oficialismo y de la oposición.

La iniciativa llega en una semana marcada por fuertes tensiones políticas —con el debate por la suspensión temporal de las PASO y las colectoras— y volatilidad económica por las subas del dólar y el riesgo país. En ese escenario, el éxito de la ratificación parlamentaria no está garantizado. Hasta el viernes, el Ejecutivo aún no había enviado el texto del convenio ni siquiera a sus aliados, a pesar de haber transcurrido nueve meses desde su firma.

El Ejecutivo recibió presiones de funcionarios del Departamento de Estado, de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y del embajador Peter Lamelas para acelerar el trámite. Desde la Cancillería argentina les transmitieron las dificultades políticas para lograr la aprobación en el corto plazo.

Javier y Karina Milei buscan exhibir gestos de avance en torno al ARTI en la previa de lo que será el viaje número veinte del Presidente a Estados Unidos. La gira será en diciembre, cuando asista a la cumbre de líderes del Grupo de los 20 (G20) el 14 y 15 de ese mes en el complejo Trump National Doral Miami, en Florida.

Donald Trump, aliado central de Milei, atraviesa un escenario complejo tras las elecciones legislativas de noviembre, en las que los demócratas recuperaron el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. No obstante, continúa impulsando la aprobación del convenio, cuyos lineamientos coinciden con reclamos históricos que administraciones y legisladores demócratas formularon a la Argentina en el pasado.

Qué implica el acuerdo y la negociación con los gobernadores


El texto recibe críticas por la asimetría en los compromisos asumidos por el país frente a Washington, aunque también apunta a modernizar y abrir sectores económicos rezagados. El convenio establece que Estados Unidos eliminará aranceles para 1.675 productos argentinos, lo que permitiría recuperar exportaciones por US$1.013 millones, según estimaciones de la Cancillería.

A cambio, la Argentina asumió compromisos de mayor alcance:

  • El desarme de licencias de importación y del impuesto estadístico.
  • El reconocimiento de autorizaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).
  • La apertura en sectores vinculados con minerales críticos.
  • Nuevas reglas en materia de propiedad intelectual.

Para reunir los votos en ambas cámaras, el Gobierno necesita el respaldo de los gobernadores, varios de los cuales muestran interés en avanzar debido al perfil productivo enfocado en la energía, la minería y el agro. En el sector privado advierten que diciembre podría ser la última ventana política viable antes de que el calendario electoral de 2027 complique el funcionamiento parlamentario.

El acuerdo firmado el 5 de febrero enfrenta resistencias en la oposición y en sectores aliados. Analistas advierten que el documento busca condicionar el vínculo comercial de la Argentina con China y podría entrar en colisión con compromisos vigentes en el Mercosur y en el pacto con la Unión Europea.

Avances parciales y el impacto directo en Vaca Muerta


Ante la falta de votos asegurados para aprobar el texto integral, el Ejecutivo aplicó una estrategia de implementación fragmentada, combinando facultades propias con votaciones legislativas puntuales. Este jueves, el Senado aprobó el Tratado de Cooperación Internacional en Materia de Patentes (PCT), un instrumento al que adhieren 160 países y que durante décadas generó disputas entre laboratorios nacionales e internacionales.

A mediados de octubre, el canciller Pablo Quirno firmó en Washington un Protocolo Adicional al ARTI junto al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, con quien había suscripto el acuerdo original en febrero. El documento reafirmó el trato de Nación Más Favorecida para los productos locales y adaptó el entendimiento al nuevo escenario jurídico y arancelario de Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema norteamericana bloqueara algunas de las subas dispuestas por Trump.

«Hemos hecho un montón de pasos intermedios que necesitábamos», afirmó Quirno esta semana durante una charla pública con Santiago Carregal, expresidente del estudio Marval O’Farrell Mairal. El ministro también mencionó la Ley de Glaciares «para permitir darle horizonte a las inversiones en minería» y aseguró que «el RIGI está explotando». Según detalló, existen «30 proyectos aprobados en casi 75.000 millones de dólares comprometidos, un pipeline que nos va a llevar a más de 200.000 millones de dólares». «La Argentina cambió y tenemos que todos apuntarle a ese norte porque eso es lo que nos va a dar crecimiento», sostuvo.

Por fuera del tratado, Trump habilitó para este año una ampliación del cupo de exportación de carne vacuna argentina, que pasó de las 20.000 toneladas permitidas a 100.000.

En septiembre, Quirno y el número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, firmaron el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa de infraestructura e inversiones bilaterales. En ese marco, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim) emitió una propuesta no vinculante de hasta US$7.000 millones para el proyecto Argentina LNG, vinculado al desarrollo de Vaca Muerta, en Neuquén. Si bien no representa un desembolso inmediato ni fondos ya comprometidos en obras, el documento estadounidense establece expresamente la exclusión de actores no alineados con sus estándares de mercado y exige incorporar tecnología confiable.


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