Corte Suprema exprés: la reforma de Javier Milei que eliminan los filtros para elegir a los jueces
A través de una reforma al Decreto 222/03, el Presidente busca quitar la instancia de impugnación ciudadana en el Ejecutivo y eliminó la recomendación de federalismo y diversidad de género. El oficialismo busca un trámite exprés para cuando decida negociar las vacantes en el Senado.
El presidente Javier Milei decidió avanzar con una reforma estructural en el proceso de selección de los jueces que integrarán la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mediante un decreto que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo modificó de raíz el histórico régimen del Decreto 222/03.
El plan, diseñado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, apunta a barrer con los filtros administrativos y acelerar los tiempos políticos para cubrir las vacantes del máximo tribunal.
El movimiento de Balcarce 50 se ejecuta en un escenario de extrema debilidad institucional en la cúpula judicial: la Corte Suprema hoy funciona con apenas tres de sus cinco miembros (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti).
Tras el estrepitoso fracaso del año pasado con las postulaciones del juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla —quienes no lograron reunir los dos tercios del Senado—, el mandatario busca limpiar el camino burocrático. El objetivo político es nítido: Javier Milei solo volverá a enviar nombres cuando el poroteo legislativo le asegure el triunfo sin necesidad de ceder ante el kirchnerismo.
Los tres cambios clave de la reforma de Javier Milei al decreto para elegir jueves en la corte suprema
Para entender el impacto de la nueva normativa que coordinará el Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación, Infobae confirmó las modificaciones centrales que reconfiguran el trámite previo a la nominación presidencial:
- Eliminación del filtro ciudadano previo: se suprime la ventana de 15 días donde las ONG, colegios profesionales y ciudadanos comunes presentaban impugnaciones u observaciones ante el Ministerio de Justicia. Ahora, esa etapa se unifica y ocurrirá directamente en el Senado, evitando la duplicación de trámites.
- Chau a los diarios de papel: la difusión de los antecedentes de los candidatos ya no se publicará obligatoriamente en el Boletín Oficial ni en diarios de circulación nacional. Toda la información se mudará a la página web oficial del Ministerio de Justicia, acortando drásticamente los plazos de exhibición.
- Fin del cupo por género y región: el decreto elimina por completo la recomendación que obligaba al Presidente a contemplar la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia geográfica de los postulantes. Esta cláusula era el principal argumento de la oposición para trabar los pliegos anteriores, exigiendo la designación de mujeres y profesionales del interior del país.
En paralelo, la reforma introduce un fuerte cerrojo fiscal. Los candidatos tendrán apenas cinco días para presentar sus declaraciones juradas bajo la Ley de Ética Pública, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá, por primera vez, un plazo estricto para dictaminar si los postulantes tienen deudas impositivas o previsionales, desactivando un histórico cuello de botella burocrático.
Ruido en el PRO: «No retrocedamos en calidad institucional»
A pesar de que el Gobierno insiste en que los mecanismos de transparencia, control público y audiencias de la Comisión de Acuerdos del Senado se mantienen intactos (ya que la Constitución Nacional exige de forma indebible el voto de los dos tercios de la Cámara Alta), la medida ya generó las primeras fisuras con sus aliados políticos tradicionales.
La consejera de la Magistratura y referente del PRO, Jimena de la Torre, cruzó con dureza la iniciativa oficial a través de sus redes sociales:
«No retrocedamos en calidad institucional. La transparencia, la participación ciudadana y el control público no son trabas: son garantías republicanas. El Ejecutivo todavía estaría a tiempo de evitar una mala señal. La independencia judicial empieza por cómo se eligen los jueces de la Corte», disparó la funcionaria.
La trastienda del decreto expone que el Gobierno tomó nota de la «impericia» del proceso fallido de 2025. Al licuar el doble filtro de impugnaciones, la Casa Rosada se asegura un trámite exprés para la próxima batalla judicial. Sin la obligación de justificar la geografía ni el género de los aspirantes, el futuro de la Corte Suprema quedó reducido a una sola variable: el momento exacto en que Javier Milei decida reactivar la negociación por los votos en el Congreso.
Comentarios