Crece la disputa en Fernández Oro por un proyecto de urbanización en zonas rurales
La Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén emitió un comunicado donde expresan su oposición al proyecto de nuevos terrenos urbanos en zonas rurales, mientras que desde el Ejecutivo alegaron que algunos chacareros lotean tierras en lugares donde no están habilitados.
La Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén y la Cámara de Productores Agrícolas manifestaron su rechazo al proyecto impulsado por el Municipio para habilitar loteos accesibles en 84 hectáreas ubicadas sobre la Ruta 65, cerca del límite con Allen.
A través de una nota dirigida al intendente Gustavo Amati y al presidente del Concejo Deliberante, Ariel Vidal, las entidades manifestaron su oposición a la «urbanización de tierras rurales irrigadas y la
posibilidad de autorizar nuevos loteos en esas zonas» y solicitaron «hacer respetar el Código de Desarrollo Territorial de Fernández Oro«.
La postura de los productores surge después de que el Ejecutivo presentara una iniciativa para desarrollar loteos accesibles destinados a vecinos con más de 20 años de residencia en la ciudad. El plan contemplaba una primera etapa con 250 lotes. El coordinador de Gabinete, Martín Rebaliati, explicó en diálogo con este medio que la propuesta busca dar respuesta a la demanda habitacional.
En la nota, los fruticultores señalaron que la normativa actual ya contempla más de 300 hectáreas habilitadas para urbanización que aún no fueron desarrolladas y otras 100 hectáreas que se encuentren en proceso de urbanización sin finalizar.
Frente a esta situación, consideraron que los nuevos terrenos deberían ubicarse en las áreas previstas en el Código de Desarrollo Territorial y no avanzar sobre tierras productivas. Además, subrayaron la importancia de «preservar la Zona Rural Irrigada, por su valor productivo y estratégico para el
futuro de la localidad y la actividad frutícola y agrícola de la región».
La postura del Ejecutivo: «los mismos productores generan lotes de manera ilegal»
Rebaliati expresó a este medio que «el lugar donde se está proponiendo los primeros 250 lotes no está en producción hace muchísimos años». Además, indicó que «el resto de las 84 hectáreas van a poder seguir desarrollando la actividad rural, ya están pedidos los informes de impacto ambiental».
Sumado a esto, el funcionario mencionó que el plan tiene un punto beneficioso para los productores, ya que podrán continuar con la actividad rural, y en caso de que en el futuro decidan dejar de producir, tienen la opción de desarrollar loteos accesibles junto al Municipio.
Según explicó, esto evitaría que los propietarios vendan sus chacras a valores rurales a desarrolladores privados. «Hoy una hectárea sin producir vale 20.000 dólares y una hectárea, un lote urbano de 300 metros cuadrados, vale 20.000 dólares«, ejemplificó. En ese sentido, afirmó que el proyecto busca que los productores puedan participar de la urbanización con el Municipio, sin intermediarios, de modo que hagan «el negocio con el municipio, y se quedan con la mitad de los lotes».
«El dueño de la chacra o la parcela le entrega las 15 hectáreas a la municipalidad, el municipio desarrolla el loteo y después le devuelve la mitad de los lotes con servicio al productor, no al desarrollador privado», de esta manera el productor puede contar con 15 lotes listos para vender a 20.000 cada uno, según mencionó.
Y agregó: «Eso es algo que ellos tienen que prever. De hecho, ya hay otro productor que no está produciendo y que le interesó en el proyecto. Y además, como otro punto, es que los mismos productores están generando loteos en algunos lugares de manera ilegal, sin presentar la documentación».
«Cuando la Cámara de Productores dice esto, lo que también tiene que considerar es que sus propios productores están loteando chacras en lugares donde no están habilitados. Por ejemplo acá en Fernández Oro, el Michay y otras chacras que tenemos que están habilitando de la misma manera, que van avanzando», apuntó.
El coordinador mencionó que es habitual que las organizaciones de productores expresen reparos ante modificaciones vinculadas al crecimiento urbano, aunque existe una problemática de por medio, «son de la Cámara de Productores, tienen que defender la tierra productiva, pero también es cierto que existe esta otra situación».
El proyecto debe atravesar una audiencia pública, donde cada una de las partes podrán exponer sus posturas antes de ser analizado por el Concejo Deliberante, que tendrá la decisión final sobre el uso de las tierras.
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