Cubren una vacante en la Cámara Civil de Neuquén y se abre otra en el Tribunal de Cuentas
Será uno de los pases del año, cuando la Legislatura le preste acuerdo. Laura Serrano, exfiscalía de Estado, actual vocal del Tribunal de Cuentas, ganó el concurso para camarista civil. Su opinión sobre el narcotest y el rol en la investigación de la estafa con planes sociales.
La abogada Laura Marcela Serrano ganó el concurso para ser jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén capital. Si la Legislatura aprueba su pliego, dejará vacante la vocalía que ocupa en el Tribunal de Cuentas de la provincia. Desde ese lugar tuvo sus cinco minutos de fama cuando propuso abrir un sumario de oficio para investigar la estafa con planes sociales.
Serrano nació hace 50 años en Villa Regina, se recibió en la Universidad Nacional del Comahue y como junior trabajó en la actividad privada con los abogados Rodolfo Ponce de León (dirigente peronista rionegrino ya fallecido) y Jorge Crespo, hoy Procurador General de Río Negro.
Se instaló en Neuquén y la contrataron en el ministerio de Seguridad. También fue asesora de Oscar Lavaggi, un kinesiólogo que formó parte de la primera integración del Consejo de la Magistratura (2007).
Recorrida por el Estado
Trabajó seis años en la fiscalía de Estado, donde llegó al cargo de directora Provincial de Dictámenes, y el 5 de enero del 2015 asumió en el Tribunal de Cuentas, propuesta por Jorge Sapag y aprobada por la Legislatura con 25 votos favorables (entre ellos el de Alejandro Vidal, hoy consejero de la magistratura por el MPN) y dos negativos.
Le asignaron auditar la administración central, el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura. En ese lugar la encontró el escándalo por los planes sociales, que estalló en junio del 2022. Como reveló diario RÍO NEGRO en su momento, a propuesta suya el 15 de septiembre de aquel año se abrió una investigación de oficio en ese organismo extrapoder.
En el Tribunal de Cuentas, el gobernador Rolando Figueroa ya ubicó a Juan Pabo Dirr como presidente y al contador Marcelo Raimondo como vocal. También son vocales la contadora Ana Esteves (otra de la época de Jorge Sapag) y el abogado Antonio Di Maggio, además de la candidata a camarista civil. Cobran el sueldo equivalente al de un juez de primera instancia.
Desempeño en el concurso
El desempeño de Serrano fue regular en la etapa técnica del concurso organizado por el Consejo de la Magistratura: 10,50 puntos en el escrito (sobre 20) y 12,50 en el oral (sobre 20). Le asignaron 14,46 por antecedentes y desniveló a su favor en la entrevista personal: 19,86 (todos la calificaron con el máximo puntaje salvo Belén de los Santos, de UxP).
Eso le permitió totalizar 57,32, suficiente superar a Diego Ariel de Virgilio, abogado de Quilmes radicado en Cipolletti, quien sumó 56,36.
Si la Legislatura aprueba su pliego se sumará a la Cámara que integran Jorge Daniel Pascuarelli; Cecilia Pamphile; Patricia Mónica Clerici y Gabriel Ángel Ciucci. Hay otro concurso lanzado para la sexta vacante que se desarrollará el año próximo.
La situación de la Cámara
La Cámara funciona con tres salas de dos integrantes cada una, y un presidente convocado en caso de empate. Serrano dijo que «el año pasado ingresaron 2.900 expedientes», y a diciembre del 2024 la sala III (para la que ella concursa) tenía «más de 266 pendientes de sentencia y 126 a resolución». La mayoría de las causas son laborales.
Los números mejoraron con la incorporación, a mitad de año, de Gabriel Ciucci, y con la autorización del Tribunal Superior para que los jueces del interior intervengan como subrogantes.
Narcotest: ¿sirve o no?
Se produjo un intercambio interesante cuando le pidieron una opinión sobre la ley que obliga a los funcionarios a realizarse un narcotest. «En abstracto podría entender que colisiona con el principio de reserva y privacidad», dijo, pero matizó: «cuando hablamos de funcionarios públicos, tienen un principio protectorio más debilitado por el rol que voluntariamente eligieron de ser funcionarios».
Serrano agregó: «entiendo que la finalidad de la ley es evaluar la aptitud psicofísica en el ejercicio de la función».
–Quizá la ética -la corrigió Eduardo Sepúlveda.
-La ética es un concepto más difícil de definir, es variable, no hay una única ética de momento que reconocemos diversidad en todos los ámbitos -replicó la candidata.
También dijo: «Entiendo que la Legislatura haya optado por la decisión, uno la puede compartir o no. Y se puede pensar si es eficaz o no. Por ejemplo en materia de enriquecimiento ilícito, se demostró que la declaración jurada no es eficaz para evitarlo, porque hay mecanismos paralelos para no tener declarado el patrimonio».
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