Desregulación inmobiliaria: las claves del proyecto que impulsa el Gobierno
El proyecto dejaría atrás los requisitos vinculados con la matrícula profesional y otras exigencias establecidas por normativas provinciales y colegios profesionales.
El Gobierno nacional impulsa un proyecto de ley para desregular el corretaje inmobiliario y modificar de manera profunda las condiciones para ejercer la actividad en la Argentina. La iniciativa es promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y forma parte de un paquete más amplio de reformas.
El proyecto propone eliminar varias de las restricciones vigentes para el ejercicio del corretaje y habilitar una mayor participación de personas jurídicas y plataformas digitales en el mercado inmobiliario.
Qué requisitos se exigirían para ser corredor
Según la iniciativa, para ejercer el corretaje inmobiliario solo sería necesario ser mayor de edad y contar con un título secundario expedido o revalidado en la Argentina.
De esta manera, el proyecto dejaría atrás los requisitos vinculados con la matrícula profesional y otras exigencias establecidas por normativas provinciales y colegios profesionales.
Además, la actividad podría ser desarrollada tanto por personas humanas como por personas jurídicas. También se habilitaría expresamente el uso de plataformas digitales y entornos virtuales para la prestación de servicios inmobiliarios.
Qué funciones tendrían los corredores
La iniciativa también amplía y redefine las atribuciones de los corredores inmobiliarios. Entre otras funciones, podrían:
- Realizar tasaciones.
- Solicitar informes registrales y catastrales.
- Otorgar garantías en operaciones.
- Representar a una de las partes en la ejecución de un negocio.
- Prestar servicios inmobiliarios a través de plataformas digitales.
Libre competencia y honorarios
Otro de los ejes centrales del proyecto es que cualquier regulación sobre el corretaje deberá respetar los principios de libre competencia, igualdad de acceso y transparencia.
En ese marco, la propuesta considera incompatibles con esos principios las exigencias de residencia en una jurisdicción determinada y la fijación de aranceles mínimos, valores sugeridos o topes máximos para honorarios y comisiones.
El texto también prevé derogar artículos de la Ley 20.266 y del Código Civil y Comercial relacionados con el régimen vigente de los corredores.
Si el proyecto es aprobado, implicaría un cambio estructural en el mercado inmobiliario argentino, al flexibilizar el ingreso a la actividad, ampliar la participación de empresas y plataformas digitales y reducir la intervención regulatoria sobre el sector.
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