El Gobierno se muestra confiado frente a una judicialización de la Ley de Glaciares y define su estrategia contra la oposición

El oficialismo tuvo su gran victoria esta semana cuando la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares pese al intento de la oposición por frenarla. Debido a que es una normativa de carácter sensible, el Gobierno prevé que pueda surgir una posible judicialización para revertir la sanción y si bien se muestra confiado, ya se prepara para hacerle frente.

La estrategia del Gobierno para hacer frente a una posible judicialización

En la Casa Rosada ya está definiendo su estrategia para enfrentarse a la posible judicialización de la reforma. Desde el Ejecutivo trascendió que en la tarea trabaja el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que está armando el plan bajo estricto hermetismo, con intención de darle pelea a los amparos y cautelares presentados por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto y las ONGs ambientalistas.

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Una fuente cercana a la estrategia libertaria indicó que no brindaron detalles del plan ya que consideran que «no tiene sentido mostrar las cartas de manera anticipada».

El oficialismo, el miércoles, dio lugar a un pedido levantado por un puñado de gobernadores y avanzó con la modificación de la Ley 26.639 que regula la preservación de los cuerpos de hielo. La reforma había logrado la media sanción del Senado en extraordinarias, y finalmente logró la sanción definitiva tras obtener 137 votos a favor en Diputados.

Uno de los cambios principales aprobados, le otorga un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección, en respuesta a los reclamos de distritos con desarrollo minero, lo que implica que solo las áreas que sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico quedarían bajo resguardo estricto.

Pero hay quienes están en contra de esta normativa y uno de ellos es el mandatario de La Pampa que al día siguiente presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal para impedir la aplicación de la ley. «Si la ley entra en vigencia nos puede o contaminar o afectar el nivel del agua del Río Colorado lo que implica que al menos al 40% de la población se quede sin agua para tomar. Vemos peligrar el agua que los pampeanos consumimos», precisaron desde el gobierno de La Pampa a Infobae.

Sin embardo, en Nación desmienten las acusaciones de la oposición y destacan el proceso que atravesó el proyecto desde su redacción hasta su sanción definitiva. También aseguran que la justicia se expedirá en sintonía con el Ejecutivo: “El proceso estuvo bien hecho, estamos confiados en que vamos a poder defender la ley sin problemas que además fue sancionada por amplia mayoría sin problemas».

Un integrante de la mesa política de Javier Milei argumentó: «Sabíamos que podían judicializar, pero no nos preocupa porque está, sobre todo, el interés de casi todos los gobernadores cordilleranos». Al mismo tiempo apuntó contra el pampeano al que acusó de tener «un quilombo histórico» por el uso del agua.

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Punto por punto, los cambios que establece la reforma a la Ley de Glaciares

Entre los puntos principales de la normativa sancionada esta madrugada, destacan:

• Alcance de la protección: la reforma redefine el sitio protegido. Limita la protección a aquellos glaciares y ambientes periglaciales que cumplan «funciones hídricas» específicas. La verificación queda en manos de cada provincia.
• Desplazamiento del control científico nacional: el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), pasa a un rol registral. «El Inventario será de ‘ineludible consulta y consideración’ por parte de las provincias sin que ello implique disminución de las atribuciones provinciales». También habilita intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.
• Fragmentación y discrecionalidad: la reforma permite que cada provincia aplique criterios propios para determinar qué proteger.
• Principio precautorio: mientras se aplica el principio precautorio, todos los glaciares y las formaciones periglaciares que aparecen en el Inventario Nacional de Glaciares van a estar protegidos por esta ley. Esto se mantendrá hasta que la autoridad ambiental compruebe que alguno de ellos no cumple con las funciones indicadas en el primer párrafo del artículo 3°. En el momento en que la autoridad confirme que un glaciar o una geoforma periglacial del inventario no cumple con esas funciones, ese sitio dejará de estar protegido aunque seguirá bajo la protección general de la Ley General del Ambiente y otras leyes vigentes.
• Cambio del sistema de prohibiciones: se pasa de un régimen de prohibiciones generales a un sistema donde la evaluación de impacto ambiental, caso por caso y en manos provinciales, definirá qué actividades se pueden autorizar.
• Enfoque preventivo: la reforma transforma la protección estructural y preventiva de los glaciares y su ambiente en una protección condicional y revisable.
• Evaluación de impacto ambiental: todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.

Con información de Infobae