En Río Negro proponen una reforma educativa para facilitar el ingreso escolar de niños con TEA
La iniciativa plantea crear un Registro Público de Vacantes en colegios públicos y privados así como una capacitación obligatoria sobre neurodivergencias para docentes y no docentes, con el fin de que el acceso a los derechos educativos no dependa de un "derrotero judicial".
Una reforma integral de la Ley de Educación propone modificar la dinámica de ingreso escolar para niños dentro del espectro del Trastorno de Espectro Autista (TEA) y otras neurodivergencias en la provincia. Ante las denuncias de familias sobre barreras en las inscripciones, los legisladores Lucas Pica y Facundo López (JSRN) presentaron un proyecto que busca transparentar el sistema de cupos para evitar que el cumplimiento de los derechos educativos dependa de un «derrotero judicial».
La iniciativa pretende limitar el uso discrecional del derecho de admisión y agilizar el acceso a las vacantes sin necesidad de recurrir a instancias de tribunales. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el legislador Lucas Pica explicó que la propuesta «tiene que ver con efectivizar esos derechos que están consagrados en todo el plexo normativo nacional, provincial e internacional«.
«El fin de las barreras invisibles en los colegios privados y públicos»
El eje central del proyecto que ya ingresó a la Legislatura de Río Negro es la creación de un Registro Público de Vacantes obligatorio para todos los establecimientos, tanto de gestión pública como de gestión privada. Esta herramienta, según los legisladores, tiene como objetivo igualar el acceso a la información sobre la disponibilidad de bancos, evitando que las instituciones «utilicen la falta de lugar como un argumento para denegar el ingreso de forma arbitraria».
La normativa estipula que este registro deberá ser publicado y actualizado por el Ministerio de Educación, el Consejo Provincial de Educación y cada escuela en sus respectivos sitios web. El documento deberá especificar la cantidad de vacantes para los alumnos matriculados en el ciclo lectivo presente y las disponibles para el año siguiente, detallando curso, grado y año.
«Lo que no queremos hacer es que los derechos dependan de una resolución judicial»,
Lucas Pica, legislador por JSRN.
El legislador Lucas Pica señaló que, si bien el país cuenta con «contención normativa y legislativa» , en la práctica las familias enfrentan «barreras invisibles» al momento de inscribir a los niños en los colegios. Según explicó, las instituciones suelen «escudarse diciendo que no hay vacantes» o aplicar cláusulas de sus estatutos que funcionan como un derecho de admisión. Ante este escenario, el proyecto busca evitar que el cumplimiento de los derechos educativos «dependa de una resolución judicial».
Desde el bloque de Juntos Somos Río Negro señalan que los establecimientos de gestión privada suelen aplicar cláusulas que funcionan como filtros de exclusión. Por ello, la reforma exige que ningún reglamento institucional posea cláusulas que contraríen los principios de la educación inclusiva o la legislación vigente en materia de discapacidad.
El fundamento del proyecto sostiene que las barreras no residen en la condición de los niños, sino en una combinación de obstáculos sociales y de actitud institucional. En ese sentido, la estrategia legislativa se enfoca en eliminar estos impedimentos mediante la visibilización y el control estatal directo sobre las vacantes.
Capacitación docente con puntaje y sanciones por incumplimiento
La propuesta incorpora la capacitación obligatoria y gratuita en neurodivergencias para el personal docente y no docente. Esta formación contará con certificación oficial, será declarada de interés en discapacidad y otorgará puntaje para la carrera profesional.
El texto propuesto modifica el artículo 150 de la Ley F N° 4819, estableciendo como una responsabilidad de los trabajadores de la educación el compromiso con estos trayectos formativos. El Consejo Provincial de Educación será el organismo encargado de desarrollar y garantizar estos programas de capacitación de manera continua.
La iniciativa también contempla un régimen de sanciones para las instituciones que no cumplan con la transparencia de sus vacantes o incurran en prácticas excluyentes. Las penalidades firmes deberán ser publicadas en los portales oficiales del Ministerio de Educación, visibilizando los incumplimientos ante la comunidad educativa.
Sobre la necesidad de la norma, el legislador Lucas Pica manifestó: “Lo que no queremos hacer es que los derechos dependan de una resolución judicial. Hay que trabajar para eliminar esa barrera y evitar el derrotero judicial”.
La reforma busca que los establecimientos privados, para obtener o mantener su reconocimiento oficial, acrediten que sus estatutos respetan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto incluye la eliminación de disposiciones que impidan la jornada completa o el acompañamiento necesario para las trayectorias escolares.
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