Fallido desalojo de dos comunidades mapuches en Neuquén: el Gobierno desmintió que faltaran policías
El Gobierno provincial desligó a la fuerza de seguridad de un fallido operativo en la zona de Villa La Angostura. Los abogados de la parte demandante lo habían acusado de retirar efectivos. El predio en litigio abarca unas 600 hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi.
Un frustrado operativo para desalojara dos comunidades mapuches en un paraje cercano a Villa La Angostura desató una disputa que dejó de ser solo judicial y se convirtió también en política en las últimas semanas.
La intervención había sido ordenada para concretarse el 30 de marzo. Pero cuando se intentó llevarla a la práctica, se indicó desde la representación legal de los demandantes, no hubo presencial policial suficiente.
El conflicto, como la mayoría de los que incluyen tierras en inmediaciones de la localidad cordillerana, no es nuevo.
Se desarrolla en un predio de 625 hectáreas ubicado a unos 20 kilómetros del casco urbano, en una zona conocida como El Pedregoso. Allí María Cristina Broers denunció que en diciembre de 2011 su propiedad, identificada como el lote pastoril 42, fue ocupada de manera ilegal.
En la vereda de en frente, las comunidades Melo y Quintriqueo, que están instaladas en el lugar, aseguran que se encuentran en el sitio desde mucho antes de la aparición de la familia que compró las tierras a principios de la década de los ’70.
De hecho, sostienen que su ocupación está respaldada de forma documental y que el asentamiento ancestral fue constatado.
«La Policía no nos dio soporte»
La disputa llegó a un extremo de tensión el mes pasado, cuando se conoció la orden de desalojo dictada por el juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, luego de una sentencia confirmada en primera y segunda instancia que también fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
«Una vez en el lugar, la Policía no nos dio soporte y la medida finalmente se frustró», comentó a Diario RÍO NEGRO el representante legal de la señora Broers, Guillermo Hensel.
En un comunicado, el equipo que en el que participa el abogado local criticó en duros términos la actitud de la Policía. Y responsabilizó al Gobierno provincial por negarse a cumplir un fallo de la Justicia.
Los cuestionamientos fueron tales que llegaron hasta la ciudad de Buenos Aires y los medios capitalinos. También hubo repercusión en los sectores libertarios, con pronunciamientos de dirigentes como el senador nacional de La Libertad Avanza, Pablo Cervi.
«El argumento que nos dieron en la comisaría 28 de La Angostura fue que no tenían personal suficiente porque había otro evento en Neuquén capital que había demandado la presencia de efectivos», afirmó Hensel.
La respuesta, dijo, fue sorpresiva, ya que la fecha establecida para avanzar con la desocupación «se había establecido con casi un mes y medio de antelación«.
El letrado afirmó que la causa se inició por la ocupación del terreno y no por la propiedad del mismo, que «nunca estuvo en discusión», enfatizó. Se trata de un lote donde se pueden encontrar bosques, arroyos y una importante cantidad de metros de costa sobre el brazo Huemul del lago Nahuel Huapi.
Indicó que la sentencia en primera instancia fue emitida en 2016 y quedó firme dos años después, en 2018. En ella se ordenaba el desalojo del predio para su restitución a sus titulares en un plazo de 30 días. Desde entonces se acumularon los intentos para hacer efectiva la resolución judicial, aunque ninguna de ellas tuvo éxito.
El año pasado, en el mes de abril, volvieron a intentarlo. Un oficial de Justicia notificó a las comunidades de la sentencia en su contra y se les indicó que debían dejar el lugar en cinco días.
Como no se obtuvo respuesta alguna, dijo Hensel, se procedió con el desalojo efectivo, que recién tuvo fecha confirmada este año, a fines de marzo.
La versión del Gobierno
Desde el Gobierno provincial explicaron su versión de lo acontecido ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.
En primer lugar, remarcaron que la causa se tramita en el fuero civil y no en el penal, «por lo que su impulso es responsabilidad de la parte actora y no del Estado».
Distancia pero sin romper puentes
Por otra parte, señalaron que no existían condiciones para avanzar con el operativo, ya que se estaba incumpliendo con el protocolo que sigue la Provincia en este tipo de casos.
«Está avalado por el TSJ y establece el procedimiento para avanzar con un desalojo. Se tienen que dar una serie de pasos que acá no se estaban respetando», señalaron en el Ejecutivo.
El protocolo consta de tres frases. La segunda, que es la que sigue a la notificación formal de los ocupantes y la apertura del plazo para que dejen el inmueble, indica que se debe solicitar al juzgado interviniente una serie de oficios para garantizar la seguridad del operativo en cuestión.
Así, se exige la notificación y la presencia de áreas como Desarrollo Social, Minoridad y Familia si hay niños, el hospital más cercano, el departamento de Bomberos y la dirección de Migraciones si se sospecha de la presencia de extranjeros sin residencial legal.
«En el desalojo deben estar presentes los organismos que se requirieron para la fase dos, habida cuenta que las personas podrán ser trasladadas por los profesionales o la Policía a un albergue o refugio, o las dejan donde ellas pidan, cuestión ésta que se dirime en el momento y -si es necesario- se las dirigirá a
la comisaria», indica un pasaje del protocolo citado.
«Cuando se ordena el operativo, la Policía consideró que no estaban dadas las condiciones en función de ese protocolo«, acotaron desde el Gobierno. Y agregaron «Esos oficios deben ser solicitados por el demandante».
Estudian convocar a las fuerzas federales
De acuerdo a Hensel, la fecha para cumplir con el desalojo fue fijada por la Policía.
Sin embargo, con 48 horas de antelación «nos avisaron informalmente que había posibilidad de suspenderlo», rememoró.
Como no hubo un aviso formal, dijo que continuaron con el cumplimiento de la orden para restituir el predio a su clienta, lo que finalmente se frustró cuando llegaron al lugar acompañados por cinco oficiales de Justicia y un supervisor.
El abogado citó nuevamente el aval judicial al planteo de Broers. Señaló que el interdicto de recupero fue avalado por todas las instancias de la provincia. Y añadió que el TSJ rechazó los diversos recursos que presentaron las comunidades en 2017, 2018, 2024 y 2025 para solicitar la nulidad de la sentencia y plantear la remisión del caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Consultado por los pasos a seguir, comentó que una posibilidad es solicitar la participación de las fuerzas de seguridad federales «ante la negativa de la Policía de ejecutar la orden». Sobre la factibilidad de solicitar una medida como esa, contestó que «es un planteo a realizar» con el juez de instrucción.
Además, remarcó que en el plano jurídico no «hay discusión posible», porque ya existe un fallo firme y la propiedad de las tierras no está bajo análisis. «La denuncia se planteó desde el primer momento como una intrusión sobre una propiedad privada», remarcó.
En la carta que publicaron luego del fallido desalojo, el equipo legal de la denunciante anticipó que presentaría una «denuncia penal» contra los funcionarios responsables por la «posible comisión del delito de desobediencia de orden judicial».
Una medida «irregular»: la respuesta de las comunidades
«La medida era irregular; se hizo de manera reservada y a esta altura no se puede ordenar una reserva», argumentó, por su parte, el abogado Luis Virgilio Sánchez, quien representa a las comunidades que habitan parcialmente el lote.
En contacto con este medio, apuntó contra el juez Bonorino, al que responsabilizó de ser «juez y parte» en la causa.
Según analizó, aunque el magistrado lleva dos expedientes referidos al caso en su juzgado, solo le ha dado prioridad a uno de ellos: el que ordena la ejecución de la sentencia de desalojo.
El abogado dijo que, en paralelo, hay una acción declarativa de certeza presentada que por ahora no tuvo mayores avances más que un pedido de pronunciamientos a la Provincia y al ministerio del Interior de la Nación por parte de Bonorino.
«Dilata la medida cautelar para suspender la ejecución de la sentencia y promueve la otra. Es contradictorio que haya admitido nuestra demanda para después darle curso a un solo expediente», agregó.
Sobre el desalojo, aseguró que cuando se intentó realizarlo había familias y niños en el sitio. Sostuvo que la causa «ni siquiera discutió el derecho, porque se trató una medida policial para avanzar con el recupero del inmueble«.
La ocupación tradicional y ancestral del sector en disputa fue reconocida por el Estado nacional, afirmó Sánchez. «Lo que pasa es que la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) salió después de la sentencia», justificó.
«Melo y Quintriqueo hicieron un convenio en el que cada una se asignó un lugar. La familia Broers vino después, son gente de Buenos Aires que compraron ese predio aunque las comunidades ya estaban ahí», defendió.
La posibilidad de diálogo, manifestó por otra parte, continúa abierta. «Podemos resolver el conflicto y tratar con la señora Broers el sector que ella considera de su propiedad«, expresó el abogado.
El último movimiento en la Justicia se dio a principios de abril con una nueva resolución del juez Bonorino. El magistrado rechazó un planteo de la defensa para anular la orden de desalojo. Esta solicitud había sido presentada por Sánchez luego de lo ocurrido el 30 de marzo.
En simultáneo, ambas comunidades realizaron una comunicación filmada días atrás en la que prometieron continuar en el lugar.
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