Inocencia Fiscal II: el oficialismo consiguió en el Senado la ley para atraer dólares al sistema

Con 43 votos afirmativos y 23 negativos, el Senado convirtió en ley este jueves la segunda edición del régimen de Inocencia Fiscal, que busca generar nuevas facilidades para que los contribuyentes regularicen ahorros no declarados. Son alrededor de 170.000 millones de dólares que, según calculó el oficialismo, se encuentran fuera del circuito formal.

Senado: el oficialismo logró sancionar la ley de Inocencia Fiscal II

El proyecto del ministro de Economía, Luis Caputo, fue respaldado por todos los bloques salvo el peronismo (interbloque Popular), que se abroqueló en el rechazo. La schiarettista Alejandra Vigo jugó al misterio: no votó a favor ni en contra, sino que se ausentó. Los diputados del PJ cordobés habían votado negativamente, en su mayoría, la iniciativa de La Libertad Avanza.

El texto de Inocencia Fiscal II corrige el régimen aprobado en diciembre pasado para facilitar que una mayor cantidad de contribuyentes regularice los “dólares bajo el colchón” y ahorros no declarados. Según el Gobierno, la iniciativa busca que los controles se concentren en situaciones de verdadera evasión y se evite una “persecución” generalizada.

“Argentina durante muchos años tuvo varios tipos de dólar. El que trabajaba cobraba un dólar de $200 y el que importaba cobraba un dólar de $1.000. Esa fue una verdadera defraudación e hizo que muchísimos argentinos guardasen sus ahorros en dólares”, contextualizó Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista.

Tras puntualizar que Argentina es uno de los dos países con más dólares fuera del sistema junto con Rusia, remarcó: “El Estado, mediante cepos, distintos tipos de dólar, fue el enemigo del ahorro. Estamos reconociendo que el Estado les robó a los ciudadanos. Ahora queremos devolverles lo que nunca pudieron ahorrar, como se ahorra en cualquier país, que es a través del sistema bancario”.

En el mismo sentido, el libertario Bruno Olivera Lucero, encargado de defender el proyecto al inicio del debate, sostuvo que “este proyecto se trata de confianza, de si vamos a seguir tratando a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como ciudadanos que trabajan, que pagan impuestos y merecen respeto”.

El legislador afirmó que “durante muchos años, ser contribuyente en Argentina fue una condena. Así trató el fisco durante el kirchnerismo a los contribuyentes. Para cualquier argentino de bien, comprar dólares era un calvario. Nosotros elegimos otra escuela: elegimos confiar en el contribuyente y sospechar solo si hay un indicio serio y confiable de que esa confianza se haya roto”.

En nombre del peronismo, el senador y exjefe de Gabinete Jorge “Coqui” Capitanich lamentó la ausencia de funcionarios del Ministerio de Economía y de ARCA (ex AFIP) durante el debate para hacerles preguntas como si se trata de un “blanqueo”; qué resultados verificables tuvo el régimen vigente; qué impacto fiscal se estima; y cuántos contribuyentes quedan habilitados a ingresar al Régimen Simplificado.

Capitanich enumeró varios cuestionamientos: “La presunción de inocencia protege a las personas frente al poder punitivo del Estado, pero no legitima el origen del patrimonio. Declarar un patrimonio no demuestra cómo se obtuvo. Adherir a un régimen tributario no equivale a un certificado de buena conducta patrimonial. Se amplían beneficios y se limitan controles sin una evaluación integral ni un mecanismo de seguimiento en el Congreso”.

Por el contrario, la radical Silvana Schneider, exvicegobernadora de Chaco, destacó que “con esta ley se pretende otorgar una mayor seguridad jurídica a todos, blindar a los contribuyentes del ARCA, reducir costos y ahorrar tiempos. Alivianar así la carga para todos los contribuyentes”.

• Funcionarios afuera

A pedido de los bloques aliados, el proyecto original fue modificado en la Cámara de Diputados para impedir que accedan al régimen los funcionarios públicos que hayan ocupado un cargo en cualquiera de los tres poderes del Estado en los últimos cinco años. Esta cláusula tuvo nombre y apellido: el de Manuel Adorni, el exjefe de Gabinete investigado por su crecimiento patrimonial en la Justicia.

Con esta modificación, los funcionarios podrán utilizar formalmente la vía simplificada para presentar su declaración (Régimen Simplificado de Ganancias) y efectuar el pago correspondiente, pero no accederán a los efectos, beneficios ni presunciones de Inocencia Fiscal. “Los grandes contribuyentes van a seguir bajo la lupa de la Justicia”, afirmó Olivera Lucero.

El jefe de la bancada peronista, José Mayans, se pronunció en contrario. “Es una ley a medida de algunos funcionarios como Adorni. Esta ley no es para los trabajadores ni los jubilados; es para Adorni, para Milei, para la hermana, para el narcotráfico, para los Espert”, advirtió. También señaló que “es una ley de blanqueo, de lavado, donde el presidente prácticamente termina con el delito de evasión”.

Otro de los agregados que se hicieron en Diputados fue la incorporación de un alivio para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.

También se establece un régimen especial para determinadas sanciones formales anteriores, con reducciones que pueden alcanzar el 50%. El objetivo, explicaron los libertarios, es facilitar la regularización y evitar que sanciones de carácter formal se conviertan en una carga desproporcionada para pequeños contribuyentes y empresas.

Corresponsalía Buenos Aires