La tasa de alumbrado público de Bariloche abre una discusión entre el municipio y la CEB
El secretario de Hacienda municipal emitió una disposición en la que exige a la cooperativa rendir cuentas por los pagos vinculados a las luminarias de la calle. La entidad rechazó el pedido por improcedente y fijó sus diferencias.
Una inédita discusión mantienen por estos días la Municipalidad de Bariloche y la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) en una puja por los fondos de la tasa de alumbrado público que reuniría unos 160 millones de pesos mensuales.
El punto de partida fue la disposición 40 que emitió el secretario de Hacienda municipal, Gonzalo Lerra, mediante la cual solicitó información con carácter de declaración jurada a la CEB respecto de la recaudación y facturación del concepto de alumbrado público. Una medida que fue rechazada e impugnada por la entidad que preside Alejandro Pozas, por considerarla improcedente desde varios aspectos.
La discusión planteada por los fondos de la tasa de alumbrado público tiene un trasfondo político por las diferencias entre la conducción de la cooperativa y el intendente Walter Cortés, que durante muchos años fue aliado al actual presidente Pozas con quien compartió la lista Roja de la entidad tiempo atrás. El jefe comunal quedó afuera de la compulsa en las últimas elecciones de la cooperativa cuando intentó participar con su propio espacio.
La disposición que exige información de la recaudación
La disposición del titular de Hacienda -enviada en abril- menciona a la CEB como “agente de recaudación” de la tasa de alumbrado público, a través del convenio 140 de 1988 firmado por las autoridades de ese entonces, cuando gobernaba la ciudad Edgardo Gagliardi y presidía la cooperativa Leonardo de Ferraris.
Lerra exigió a la CEB que presente mensualmente una declaración jurada “de carácter exclusivamente informativo correspondiente al período mensual de facturación y cobro” y detalló que esa presentación debe contener el monto total recaudado por el alumbrado público que pagan los contribuyentes/usuarios, con el detalle de la facturación y cuanto efectivamente fue percibido; además de individualizar a cada contribuyente.
El titular de Hacienda fijó un plazo de entregarlo antes del día 10 de cada mes y aclaró que los gastos que la CEB realice vinculados al servicio de alumbrado público deberán presentarse de manera previa al Municipio y correr por los canales de control igual que cualquier medida que requiera el uso de fondos públicos. Además advirtió sanciones en caso de incumplimiento.
Lerra en su disposición también indicó que será facultad del secretario de Hacienda requerir información complementaria y retener fondos percibidos por la municipalidad en concepto de alumbrado público, en este caso referiría a los terrenos baldíos cuyo concepto se cobra a través de la tasa por servicios retribuidos.
La CEB habla de «incompetencia» del secretario de Hacienda
El presidente de la CEB, Alejandro Pozas, respondió de inmediato la disposición de Hacienda planteando un “recurso de reconsideración” por “incompetencia del secretario de Hacienda” en exigir información a la entidad o modificar las pautas que se mantienen desde hace tiempo, porque a su entender cualquier cambio en el acuerdo debe surgir del Concejo Deliberante, que fue el que refrendó con una ordenanza el convenio aludido por Lerra y también reconocido por la cooperativa.
A pesar de que las dos partes toman como base el convenio de 1988, difieren en varios criterios que toman distinta interpretación. Pozas señaló en la respuesta escrita que la CEB “no percibe una tasa de alumbrado público, toda vez que recibe una contraprestación por un servicio público que presta”.
En la reconsideración plantada por la CEB, se remarcó que el secretario de Hacienda “se excede en sus facultades” y recordó que existe una comisión mixta donde se dirimen las cuestiones vinculadas entre ambas instituciones. Esa banca por parte del Ejecutivo es representada por el asesor y exdiputado Agustín Domingo.
En la respuesta formal, Pozas insistió que la CEB “no debe rendir ni abonar al municipio por no ser fondos del erario público”, refutando así uno de los fundamentos de la disposición del Ejecutivo, que indicó que “los importes percibidos en concepto de la tasa de alumbrado público constituyen fondos de terceros que pertenecen al municipio y deben ser administrados por la CEB con la máxima transparencia, independencia y auditabilidad”.
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