Milei enviará al Congreso un proyecto para saldar la deuda con fondos que litigaban desde el default de 2001
El Gobierno optó por avanzar por la vía legislativa para otorgarle respaldo institucional al acuerdo alcanzado con los acreedores.
El presidente Javier Milei firmará en las próximas horas el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca habilitar el pago a los fondos que aún mantenían litigios contra la Argentina por la deuda en default de 2001.
Según confirmaron fuentes oficiales, la iniciativa ya se encuentra en la órbita de la Secretaría de Legal y Técnica y está lista para ser elevada a la firma presidencial. “Estaba en proceso de revisión. Se manda entre hoy y mañana al Congreso”, indicaron desde la Casa Rosada.
El Gobierno optó por avanzar por la vía legislativa para otorgarle respaldo institucional al acuerdo alcanzado con los acreedores. Sin embargo, evita por ahora dar precisiones sobre el monto total y la modalidad de pago, bajo argumentos de confidencialidad.
Acuerdo condicionado al aval del Congreso
La base formal del entendimiento ya fue presentada ante la Justicia de Estados Unidos. El 10 de abril, en una exposición ante la jueza Loretta Preska, los abogados del país informaron que el acuerdo definitivo fue firmado el 1 de abril, aunque quedó sujeto a la aprobación del Congreso argentino.
El caso involucra a los fondos Bainbridge y Attestor, dos de los acreedores que aún contaban con fallos firmes contra la Argentina. Los reclamos rondaban los US$600 millones, aunque fuentes cercanas a la negociación aseguran que el monto final sería menor, debido a ejecuciones previas de garantías vinculadas a bonos Brady.
Se frenan medidas de embargo
Uno de los puntos clave del acuerdo es que permitió suspender, al menos de forma temporal, distintas acciones judiciales en curso en Estados Unidos. Entre ellas, intentos de embargo sobre activos estatales como el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
En el Ejecutivo consideran que cerrar este frente judicial mediante una ley reducirá riesgos futuros y dará mayor solidez política al entendimiento alcanzado.
Estrategia internacional del Gobierno
El envío del proyecto se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno, que combina la defensa judicial de algunos casos con la resolución negociada de otros conflictos heredados.
En paralelo, la administración libertaria destacó el resultado favorable en la apelación por la causa YPF, aunque ese expediente aún no está completamente cerrado en la Justicia estadounidense.
La coordinación de esta política está a cargo del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, quienes lideran las gestiones para resolver los litigios internacionales pendientes.
Con este paso, el Gobierno busca cerrar uno de los capítulos abiertos desde la crisis de 2001 y avanzar en la normalización del frente financiero externo, en un contexto donde también necesita fortalecer la confianza de los mercados y sostener su programa económico.
Con información de TN.
Comentarios