Presupuesto 2027 en la mira: el Gobierno destinó 33% menos de lo que reclaman las universidades para su funcionamiento
El proyecto para el Ejercicio Fiscal 2027 establece variables clave como la inflación, la cotización del dólar, el PBI y el resultado económico anual. Sin embargo, también contempla un artículo específico donde fija una partida presupuestaria para financiar gastos de funcionamiento, inversiones y programas especiales de las universidades nacionales.
El Gobierno presentó oficialmente el proyecto de Presupuesto 2027. La hoja de ruta para el último año de gestión de Javier Milei no solo proyecta variables clave -como inflación, dólar, PBI y saldo económico anual-, sino que también contempla recortes en áreas sensibles como Discapacidad y Universidades, lo que ya desencadenó una serie de críticas.
Los cambios que propone el Presupuesto 2027
La iniciativa, que cuenta con las firmas de Javier Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, ingresó al Parlamento pasadas las 22 del martes. El texto fija un superávit primario de $18,44 billones (1,3% del PBI) y un resultado financiero favorable de $3,30 billones (0,2% del producto), tras saldar los intereses de la deuda.
Entre las principales proyecciones macroeconómicas para 2027, el Ejecutivo estima un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18% y una suba del salario promedio del 25,4%, ubicándose por encima de la evolución de los precios.
En materia cambiaria, se contempla una cotización de $1.847,60 para fines de ese año. Desde el Gobierno aclararon que dicho valor no representa una previsión puntual, sino el ajuste de la paridad actual según la inflación proyectada.
Sin embargo, la letra chica del Presupuesto está generando discusiones, sobre todo porque hay un apartado que incluye modificaciones que podrían tener impacto en la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Presupuesto 2027: qué dice sobre las universidades
En el artículo 12 del proyecto presentado, el Ejecutivo fijó en $7,35 billones ($7.349.082.049.312) el crédito para financiar gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales.
La cifra generó cuestionamientos debido a que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó $11 billones para el Ejercicio Fiscal 2027, calculados según la Ley de Financiamiento Universitario y las proyecciones de salarios y costos operativos. Así, la partida asignada por Nación representa un 33% menos de lo requerido.
En el texto del Presupuesto 2027 oficial, también se establecen condiciones: para recibir el monto, las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para «asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto».
Asimismo, el Ejecutivo remarcó que el área liderada por la ministra Sandra Pettovello podrá interrumpir las transferencias en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma.
«El presupuesto aprobado por cada universidad para el ejercicio fiscal deberá indicar la clasificación funcional de educación y cultura, salud, y ciencia, tecnología e innovación», señala la normativa y agrega: «La ejecución presupuestaria y contable, así como la cuenta de inversión, tendrán que considerar ese mismo parámetro».
En cuanto a los aumentos salariales previstos para el próximo año informa que «las plantas de personal docente y no docente sobre las cuales se aplicarán los incrementos salariales en 2027 serán las vigentes a las liquidaciones de noviembre de 2026, salvo las modificaciones aprobadas y autorizadas por la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación».
Esta situación abre otro frente de batalla entre el Gobierno y las universidades, quienes ya anticiparon que la primera semana de octubre se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria en caso de no se cumpla con la ley hasta esa fecha.
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