Río Negro prevé 4.300 millones en el 2026 para policías por sentencias de zona desfavorable, y hay demoras en los pagos del 2025

El gobierno de Río Negro prevé abonar casi 4.300 millones de pesos en el 2026 por sentencias en favor de uniformados por la mala liquidación de zona desfavorable. Para el 2025, esa previsión presupuestaria rondaba originalmente los 5.500 millones, pero parte de esa cancelación “está demorada”, según lo reconoció el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez.

Se trata de los cronogramas de expedientes programados por la Provincia para abonar anualmente fallos desfavorables por la mala liquidación de la zona desfavorable.

Cada año, el presupuesto contiene un artículo donde se asignan fondos para el cumplimiento de parte de las sentencias firmes que debe abonar el Estado provincial, entre ellas, aquellas favorables a policía o penitenciarios por los años de mal cálculo del adicional de zona desfavorable.

En el 2024, el gobierno provincial regularizó la situación salarial, pero ya se acumulaban fallos contrarios y además se alistaban otros. Entonces, la administración de Alberto Weretilneck propuso la llamada “reparación histórica”, que consistió en convenios de compensación para quienes desistieran de la vía judicial.

Posteriormente, este año, ese mecanismo se extendió a los retirados de la fuerza, aunque sus reclamos fueron rechazados en el fuero federal, a diferencia de las presentaciones en la Justicia provincial por parte del personal activo.

Las cancelaciones de los convenios voluntarios de los activos siguen su trámite de pago normal, con sus plazos en cuotas, mientras que los casos judicializados dependen de su inclusión en la nómina anual del presupuesto.

En el Plenario de Comisiones, en el tratamiento del presupuesto, el ministro Sánchez aceptó que existían demoras en los depósitos previstos y lo explicó en que el departamento de Legales del ministerio quedó desbordado por el cúmulo de trámites por expedientes de policías por cobrar.

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Hasta noviembre, el esquema de pago a los retirados ascendió a los 4.250 millones, con unos 3.550 jubilados de la fuerza que firmaron convenios de adhesión.

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La referencia del funcionario ocurrió cuando el legislador peronista Luciano Delgado Sempé aseguró que el programa de pagos se había interrumpido a partir de julio y, por eso, requirió información oficial. Consideró la situación producto de «una mala administración» porque entendió que implicaría más costos por nuevos intereses por liquidar.

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Sánchez aceptó la demora incurrida, aunque no dio precisiones de su alcance, ni desestimó la afirmación de Delgado Sempé. Tampoco respondió cuándo se completaría el faltante.

Hacienda no confirmó el monto pendiente, pero fuentes gubernamentales lo calcularon en unos 2.800 millones, siempre referido a la nómina judicial para el 2025.

Este dato se aproxima al resultante de la nómina de expedientes en poder del legislador, donde se consigna que las obligaciones por cancelar, a agosto, sumaban unos 3.060 millones, de un total para el año de 5.544 millones, distribuidos entre 2.756 uniformados demandantes.

Según el artículo 46 del presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo abonará por sentencias judiciales por 29.282 millones. La mayor exigencia corresponde a un viejo reclamo de Chubut por un compromiso impago de Río Negro por la construcción del gasoducto Cordillerano, que suma unos 23.200 millones. El segundo monto, de 4.296 millones, esta programado a expedientes de policías o penitenciarios que oportunamente demandaron al Estado provincial por la zona desfavorable. Los restantes 2.684 millones se vinculan con sentencias generales.

Delgado Sempe ya había propiciado un pedido de informe que se dirigió al fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, que respondió que ese órgano tiene participación en el “esquema legal”, pero que el mismo finaliza con el “oficio judicial” remitido a Hacienda, por lo cual aseguró que la “respuesta unificada, completa y eficiente” corresponde a ese ministerio.