Toma en el oeste de Neuquén: el predio iba a usarse para construir un complejo de viviendas
El predio se encuentra resguardado por la Policía, que desde ayer impide el ingreso de nuevas personas y víveres. El IPVU presentó una denuncia, aunque por ahora no avanzará el desalojo. Preocupación por la presencia de familias.
El intento de usurpación de un predio en el oeste de Neuquén sumó este lunes otra presentación del Ministerio Público Fiscal (MPF), que requirió a la Policía provincial que impida el ingreso de nuevas personas y elementos al lugar.
El conflicto se desarrolla en un terreno de casi 8 hectáreas desde el martes pasado. El propietario, cuyo nombre no trascendió, fue quien presentó la denuncia. El fiscal Juan Manuel Narváez intervino en el caso y ordenó el desalojo en 48 horas, acción que finalmente quedó en suspenso.
Durante el fin de semana se intentaron realizar nuevas gestiones para que las personas instaladas en el sitio se retiraran por su cuenta. Las estimaciones oficiales indicaban que, en total, el grupo superaba los 100 integrantes, entre adultos y niños.
El IPVU realizó una presentación judicial
A la denuncia original se sumó el último viernes una segunda presentación del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) que, según se informó, pretende realizar un proyecto habitacional en esas tierras.
En el escrito el organismo acusó la existencia de una «ocupación ilegítima», particularmente, respecto de un inmueble al que está vinculado «patrimonialmente».
Mencionó también una convocatoria en redes sociales, donde supuestamente se invitaba a la gente a concurrir al lugar bajo la consigna de «todos por un terreno». El llamado pedía a los usuarios acercarse con agua, comida u otros objetivos para garantizar la permanencia en la zona.
Según informaron fuentes de la Provincia hoy, la ocupación se originó «unos días antes» de que empezaran los trabajos preliminares en el sector, como el movimiento de suelos y la instalación de un cerco perimetral.
El proyecto, facilitado por un acuerdo con el propietario, implica la construcción de 240 viviendas y 10 dúplex. La adjudicación está prevista para realizarse a través del Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (Ruprovi).
«El que sale no puede volver a entrar»
Este mediodía, en medio de una tensión reinante, se organizó un nuevo encuentro para analizar la situación y efectivos de la fuerza de seguridad notificaron las últimas instrucciones de la fiscalía.
«El que sale no puede volver a entrar», se les indicó a las personas instaladas en el lote, de acuerdo a lo que pudo corroborar este medio, presente en el lugar.
Desde el Ejecutivo señalaron que ninguno de los ocupantes se encuentra inscripto en el Ruprovi, paso que definieron como excluyente para poder acceder a una solución habitacional: «Si no están ahí, no hay respuesta posible». Agregaron que el Gobierno mantendrá abierto el diálogo aunque sin dejar de reconocer que la toma representa un delito.
Señalaron que, en su gran mayoría, se trata de personas que no cumplen con los requisitos para anotarse en el registro. Entre ellos destacaron el que exige tener más de 5 años de residencia en la provincia.
Desde la toma, en tanto, cuestionaron la presencia policial y que se les haya interrumpido la provisión de alimentos, leña y otros elementos. Además, desmintieron la versión que indicaba que eran ciudadanos extranjeros, sobre todo de países limítrofes. «Somos vecinos del barrio, hace años estamos en Neuquén», enfatizaron.
El grupo se compone con familias, parejas y personas solas, algunas de las cuales relataron que llegaron con sus pertenencias ante la imposibilidad de pagar un alquiler.
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