Grupos afectados por el recorte en Pensiones No Contributivas: ¿quiénes perderían el beneficio?

El gobierno de Javier Milei reactivó el debate legislativo sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) con la presentación de una iniciativa que busca auditar y reducir el universo de beneficiarios. Bajo el argumento de «lucha contra el fraude», el proyecto del Ministerio de Salud propone abandonar el enfoque de protección amplia basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para regresar al estricto estándar de «invalidez laboral».

Este cambio de paradigma implica que la prestación de las Pensiones No Contributivas se limitaría exclusivamente a quienes demuestren una incapacidad total para trabajar, eliminando la posibilidad de que el beneficio conviva con un empleo registrado o el monotributo, una flexibilidad que la legislación vigente permitía para fomentar la inclusión.

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Pensiones No Contributivas: los tres grupos que perderían la asistencia de ANSES

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De aprobarse el proyecto en el Congreso, el alcance de las Pensiones No Contributivas sufriría un recorte automático basado en nuevos requisitos de incompatibilidad.

Según el texto oficial, los grupos que quedarían fuera del sistema de las Pensiones No Contributivas son:

• Trabajadores registrados: quienes posean un vínculo laboral formal o se encuentren inscriptos en el régimen general o simplificado (monotributo).
• Titulares con bienes: se habilitará un cruce de datos permanente con ARCA (ex AFIP) y SINTyS para detectar la posesión de más de un inmueble o vehículos de menos de 10 años.
• Quienes no superen el examen médico: se restablece la auditoría médica obligatoria para certificar que la patología impide la inserción laboral, más allá de lo que indique el CUD.

La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá disponer la «suspensión preventiva» de las Pensiones No Contributivas cuando los cruces de información con ANSES arrojen el incumplimiento de estos requisitos objetivos.

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Reempadronamiento obligatorio: plazos y bajas en las Pensiones No Contributivas

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Otro eje central de la reforma es la convocatoria a un reempadronamiento general para todos los titulares de Pensiones No Contributivas. El proyecto estipula un plazo de 90 días (prorrogable por 30 más) para actualizar información médica y socioeconómica.

Aquellos beneficiarios de las Pensiones No Contributivas que no completen este trámite sufrirán la suspensión automática de la prestación. Si la situación no se regulariza en un lapso de 60 días tras la suspensión, la autoridad de aplicación podrá disponer la baja definitiva del beneficio mediante un acto administrativo fundado, garantizando, según el Gobierno, el debido proceso y el derecho de defensa.

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Fin del nomenclador: cómo cambia el pago a prestadores de Pensiones No Contributivas

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Finalmente, la iniciativa del Ejecutivo afecta el financiamiento de las terapias y apoyos vinculados a las Pensiones No Contributivas. El proyecto propone eliminar el «nomenclador único», que fijaba aranceles iguales para todo el país.

En adelante, los valores de las prestaciones de salud para las Pensiones No Contributivas dependerán de negociaciones libres entre obras sociales, prepagas y prestadores. El Estado Nacional solo intervendrá como financiador directo en casos específicos y actualizará los aranceles de forma trimestral, aunque ya no estará obligado a seguir el índice de inflación (IPC), lo que genera preocupación por un posible desfinanciamiento del sistema de atención para las personas con discapacidad en regiones como la Patagonia.