Tragedia en la Escuela Islas Malvinas: una jueza responsabilizó a Educación y Prefectura
El dictamen tiene fecha del pasado 7 de junio, por parte de la titular del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón. La causa espera sobre el veredicto de la Cámara de Apelaciones Federal de Bahía Blanca
Lo acontecido el 28 de septiembre de 2004 dejó huellas imborrables no sólo en la escuela sino en toda la comunidad. Foto Archivo: Marcelo Ochoa
Hoy se cumplen 17 años de la tragedia que conmocionó a la comunidad de Carmen de Patagones luego de esos años, la Justicia de Buenos Aires determinó que la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y la Prefectura Naval Argentina, son corresponsables del hecho que ocurrió en la Escuela Islas Malvinas.
El dictamen tiene fecha del pasado 7 de junio, según destacó Infobae que tuvo acceso exclusivo, por parte de la titular del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón.
Señala que dividió en partes iguales la atribución de responsabilidades. Señaló negligencia e imprevisión por parte de la cartera educativa provincial, mientras que a la Prefectura le adjudicó la falta de cuidado sobre el arma que utilizó «Junior» en 2004 y que pertenecía a su padre de apellido Solich ya que era empleado de Prefectura Naval.
Esta causa civil es la primera de las más de 20 que se encuentran abiertas por las personas afectadas de aquel hecho y que tras varios años, esos juicios aún no tuvieron sentencia.
Para la jueza bahiense, al área educativa provincial le corresponde indemnizar los perjuicios sufridos por los alumnos en tanto propietaria del establecimiento y por no haber garantizado la integridad a los alumnos a su cargo, especialmente tratándose de menores de edad. “El incumplimiento de ese deber de seguridad derivó en el fallecimiento del menor, lo que determina la responsabilidad de la demandada y su obligación de indemnizar los daños ocasionados”, se indica en el dictamen fechado el 7 de julio último y al que Infobae tuvo acceso.
Pese a que la defensa de la Dirección de Escuelas, a cargo del abogado César Morelli, esgrimió el argumento de que se trató de un caso fortuito y, por tanto, imposible de prevenir, la jueza consideró que “diversas circunstancias y antecedentes fácticos me llevan a considerar que el evento dañoso en el establecimiento educativo resultaba previsible y evitable para la institución”.
Respecto de la posibilidad de prevenir el hecho, la sentencia considera, a partir del análisis del Proyecto Educativo Institucional y las declaraciones de las integrantes del Equipo de Orientación Escolar (EOE), que el colegio “contaba con recursos funcionales y humanos específicamente destinados -en lo que aquí interesa- a tratar preventivamente aspectos de convivencia escolar y problemáticas sociales de los alumnos”.
La resolución también recuerda la realización del sumario administrativo nº 5802-3893971/04 a cargo del instructor Rogelio Lozano quien apuntó que “la desatención, la subestimación de problemáticas que se anunciaron como claros síntomas de una probable patología que, pasaje al acto mediante, dio lugar a sucesos tan dramáticos”.
En cuanto a la Prefectura, “no requiere mayor prueba, por resultar reconocido por las partes y evidente en el marco de esta acción, que la pistola Browning calibre 9 x 19 mm Nº 05-139.981 y sus respectivos cargadores utilizados por el menor Juniors Solich para desencadenar la tragedia en los términos oportunamente descriptos -v. considerando n°4- son propiedad del Estado Nacional y habían sido asignados como armamento reglamentario a su padre, Sr. Rafael Solich”, apuntó la jueza Marrón al evaluar la responsabilidad que le cabe a Prefectura.
Pese a que el suboficial aseguró que el arma se encontraba oculta, la magistrada en su decisorio lo califica como un acto de “impericia” al sostener que “el armamento se encontraba depositado en el armario junto con sus cargadores –e incluso cargado conforme surge de la declaración del menor Juniors Solich-, el mismo carecía de las más elementales medidas de seguridad”.
Esta situación prefigura una violación a lo dispuesto por la Dirección del Material de la Prefectura Naval Argentina en la Disposición Permanente que estipula una serie de reaseguros para impedir que los otros habitantes de la casa puedan acceder al armamento asignado. De hecho, la jueza recuerda que el uniformado resultó sancionado por este motivo con 45 días de arresto a partir del sumario administrativo N° 05-“R”/04 llevado adelante por la institución.
Marrón concluye que “el cargo del padre en la Prefectura Naval Argentina fue el que posibilitó al menor el acceso al elemento que llevó a la Escuela para ejecutar el hecho”.
Tras el dictamen condenatorio de primera instancia, la causa espera ahora el veredicto de la Cámara de Apelaciones Federal de Bahía Blanca debido a que la provincia apeló la resolución e insistió en la idea de que el hecho no pudo haberse evitado. La Prefectura, en tanto, dejó de litigar hace un tiempo. Aún no hay fecha para el tratamiento, pero según informó Infobae, la semana pasada el sorteo del orden de votación de los jueces recayó en la actual titular del cuerpo, Silvia Fariña.
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