Causa Viento Sur en Neuquén: las defensas cuestionan la elevación a juicio y la fiscalía pidió una tribunal colegiado

La jueza de garantías, Natalia Pelosso, deberá decidir esta semana si se hace o no el juicio por defraudación contra integrantes de la cooperativa Viento Sur y dos ministros de Desarrollo Social durante la gestión de Omar Gutiérrez.

Si la causa llega a las audiencias orales y públicas, como se impulsó desde la Fiscalía de Estado, entre los testigos estarán los máximos referentes políticos de la gestión anterior vinculados a Desarrollo Social. Y funcionarios judiciales de mediación. También algunos integrantes de la actual administración por la continuidad del programa social de las capacitaciones y muchos testigos de las diferentes cooperativas que integran tanto “Viento Sur”, así como otras asociaciones que recibieron fondos en el mismo periodo y por el mismo decreto, para subsidios y capacitaciones.

Las defensas de los ex ministros imputados como autores del fraude y los abogados de los integrantes de las organizaciones insistieron en que no hubo delito en el manejo de fondos para capacitación en “Viento Sur”, porque los subsidios estaban contemplados y porque las capacitaciones se desarrollaron.

Por su parte, la fiscalía general y la querella de la Fiscalía de Estado insistieron en la existencia de un fraude de más de 1.208 millones de pesos, porque aseguraron que el dinero de la capacitación se desvió hacia destinos particulares y que los ministros de Desarrollo Social del ex gobernador Omar Gutiérrez, lo sabían. El fiscal general Pablo Vignaroli consideró que la maniobra se debía ventilar en un juicio y como va a pedir penas altas, que sea de tres integrantes.

La jueza Pelosso convocó a una nueva audiencia el miércoles, para terminar de escuchar la prueba que se usará en la causa penal si es que decide que este proceso llegue a las audiencias públicas.

---

Una larga lista de testigos conocidos

---

Los defensores Leandro Seisdedos (defensor penal oficial) y el abogado Gonzalo Rodríguez plantearon que se convoque al ex ministro jefe de Gabinete, Sebastián González, de Economía, Guillermo Pons, a los cuadros técnicos, administrativos y contables más altos del ministerio de Desarrollo Social de la gestión anterior y a lo responsables de mediación de la Justicia de Neuquén que actuaron durante los cortes de calles en la ciudad, tras lo cual se implementó el plan de capacitación que está en el centro del debate, con el decreto 1.672.

Por su parte, desde la defensa de los seis imputados que integran dos organizaciones de las que componen la cooperativa “Viento Sur”, se insistió en que la fiscalía no tiene un caso penal.
Destacaron que la entidad nació dos años antes de que se firmara el decreto y que las capacitaciones no se armaron para llevar a cabo la defraudación como dijo la fiscalía.

---

Si se hace el juicio

---

“No existe la maniobra que se les endilga a nuestros asistidos”, planteó el abogado Fernando Diez, quien propuso, en caso de que la jueza defina ir a juicio, que se les otorgue una suspensión del juicio a prueba por dos años.

Ni la fiscalía de Delitos Económicos ni la Fiscalía de Estado (que es querellante e impulsó la investigación) estuvieron de acuerdo “por el daño que provoca la corrupción en la sociedad, con este desvío de fondos públicos”, argumentó el abogado Gustavo Kohon. Reforzó que “se trata de fondos específicos para capacitación que se usaron y derivaron a fines privados”.

Los abogados de los ministros, que pidieron la absolución, plantearon que si el caso llega al juicio, la calificación sea mínima, por incumplimientos de deberes de funcionario, ya que insistieron en que el decreto que firmó el ex gobernador Gutiérrez, que creó los planes de capacitación para las cooperativas, no fue un plan para defraudar al Estado.

---

La suspensión del juicio a prueba por dos años

---

“La suspensión a juicio es uno de los derechos que tienen los imputados, la fiscalía quiere llegar a juicio a como dé lugar para poner a nuestros asistidos en un juicio político”, dijo el abogado Fernando Diez.

En su opinión se buscará “montar un espectáculo” del que buscan poner a salvo a los integrantes de las organizaciones que fueron seleccionados para “hacer política”. Recordó que el caso “comenzó con allanamientos en los que se detuvo, sin necesidad, a diez mujeres de barrios humildes, con convocatoria a la prensa, para que se las fotografiara con esposas puestas” para escarnio público.

Agregó que “hemos tenido sorpresas durante toda la tramitación del expediente: un juez, por ejemplo, renovó una medida cautelar que estaba vencida, con lo cual nosotros tenemos dudas si vamos a tener un juicio justo. Creemos que hay una persecución política y estamos recurriendo a todas las herramientas para no exponer a los imputados a esto: quieren hacer un espectáculo con esta situación y lo queremos evitar”.