El Gobierno avanza con la privatización y define la concesión de AySA: quiénes buscan quedarse con el control de la empresa
La apertura de los sobres con las ofertas realizadas por los consorcios en competencia se realizará este 8 de octubre. El Gobierno aspita a recaudar USD 500 millones con esta privatización.
El Gobierno avanza con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La venta del 90% del paquete accionario se la disputan dos consorcios que quedaron habilitados para presentar sus ofertas económicas en la licitación pública convocada por la administración libertaria.
Desde el Ejecutivo informaron que este 8 de octubre se realizarán los sobres con las propuestas financieras. Sin embargo, según adelantaron, las cotizaciones de ambos grupos se ubicarían por debajo de los USD 500 millones que el Ministerio de Economía aspira a recaudar.
Quiénes se disputan el control de AySA
Según la información brindada, Rowing es una empresa argentina de ingeniería, construcción y servicios industriales, que se especializa en el desarrollo y mantenimiento de infraestructura de energía, proyectos ferroviarios, telecomunicaciones, obras civiles y arquitectura, y saneamiento urbano. La firma ya tiene experiencia siendo prestadora del sector público.
La compañía pertenece al empresario Walter Román, quien forma parte de una familia con nexos con el oficialismo. En lo particular, aportó con sus empresas $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza.
Por medio de la empresa de servicios logísticos y postales Urbano Express, ganó en 2025 una licitación del PAMI para la provisión de pañales a adultos mayores. La contratación terminó en una denuncia por presunto direccionamiento y sobreprecio.
El consorcio que encabeza Rowing también tiene como protagonista a Transclor, la empresa de Mauricio Filiberti, que es el proveedor exclusivo del policloruro de aluminio que se usa para potabilizar el agua, siendo el insumo más importante que consume AySA. Por su parte, Filiberti es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en el control accionario de Edenor, la distribuidora eléctrica que tiene como principal cliente a AySA.
Asimismo, la oferta cuenta con la participación de Arcos. La empresa brasileña opera el servicio de agua potable y alcantarillado en Río de Janeiro tras quedarse con una compulsa millonaria y es el cuarto socio es PHX, un fondo de inversión con sede en Países Bajos.
En tanto, la otra propuesta está a cargo del Grupo Roggio que se dedica a negocios de infraestructura y servicios en diversas áreas como construcción, residuos, transporte, y distribución de agua y saneamiento. En este último, se ocupa de la operación de Aguas Cordobesas.
Respecto a sus otras áreas, la firma se encarga de la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires a través de Cliba y opera el subte porteño junto al ramal Urquiza a través de Metrovías.
La cabeza del grupo es Aldo Roggio, uno de los empresarios que están procesados en la causa Cuadernos, en la cual declaró como arrepentido y reconoció haber pagado coimas.
Privatización de AySA
El Gobierno oficializó el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) en agosto de 2025. Mediante la Resolución 1198/2025, firmada por Luis Caputo, se dispuso la venta del 90% del capital social en manos del Estado Nacional, lo que impacta directamente en los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida contempla licitar públicamente el 51% del paquete accionario a un operador estratégico y colocar el porcentaje restante en bolsas y mercados. Se aclaró que no se otorgarán nuevas preferencias ni se implementará un programa de propiedad participada.
La Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas» y la Secretaría de Obras Públicas coordinarán y supervisarán el procedimiento, garantizando la continuidad de los servicios de agua y cloacas. Además, Obras Públicas deberá elaborar la documentación licitatoria.
Ante la imposibilidad del Tribunal de Tasaciones de la Nación de realizar la valuación en un plazo razonable, se contratará a un banco público nacional para tal fin. El Ejecutivo fijó un plazo de ocho meses para concretar la venta de las acciones principales.
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