Entre ofertas y tribunales: el Gobierno abre los sobres de la licitación por la privatización de AySA
La apertura de sobres técnicos de la licitación para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) se realizará este martes a las 10. El proceso iba a cerrar en agosto, pero se postergó por pedido de las empresas interesadas.
El Gobierno de Javier Milei avanza con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Este martes a las 10 se abrirán los primeros sobre técnicos de licitación para concretar con la venta de la empresa estatal que provee agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
El Ejecutivo tenía previsto cerrar el proceso en agosto, sin embargo lo tuvo que postergar por pedido de las propias empresas interesadas. Cabe resaltar que la privatización llega a esta instancia con un condicionante adicional: una medida cautelar de la Justicia bonaerense que limita el alcance de la futura concesión.
Privatización de AySA: apertura de sobres y el fallo que compromete a la empresa
De acuerdo a lo detallado, la apertura corresponde a la primera de varias etapas previstas en el pliego. Este martes no se conocerá ni el precio ni el nombre del futuro operador, pero si se evaluará si los oferentes cumplen con los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros exigidos por el Pliego Único de Bases y Condiciones.
Esta etapa se da una semana después de que la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmara el rechazo a la apelación presentada por AySA y ratificara una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo bonaerense.
La resolución obliga a la empresa a abstenerse de «modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar» sus obligaciones vinculadas al acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la adecuada prestación del servicio.
El tribunal no opinó sobre la estatización o privatización de AySA, sino que fijó un alcance puntual: mientras avance el litigio de fondo, las obligaciones actuales se mantendrán vigentes hasta realizarse una evaluación ambiental, sanitaria e institucional. Además, advirtió que reducir los controles de calidad del agua causaría un daño inminente a la salud y al medio ambiente en la Provincia de Buenos Aires, ya que el nuevo esquema cuestionado tendería, prima facie, a flexibilizar compromisos, postergar obras críticas y bajar las exigencias regulatorias.
Es necesario recordar que la cautelar original había sido dictada en junio, luego de que la Defensoría promoviera una acción preventiva de daños ante el riesgo de que la privatización derivara en menos inversiones, obras postergadas o controles de calidad más laxos. La Cámara definió además que la negociación de fondo continúe en la Justicia federal, debido a que involucra la aplicación del marco regulatorio nacional y la participación mayoritaria del Estado en la empresa.
Privatización de AySA
El Gobierno oficializó el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) en agosto de 2025. Mediante la Resolución 1198/2025, firmada por Luis Caputo, se dispuso la venta del 90% del capital social en manos del Estado Nacional, lo que impacta directamente en los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida contempla licitar públicamente el 51% del paquete accionario a un operador estratégico y colocar el porcentaje restante en bolsas y mercados. Se aclaró que no se otorgarán nuevas preferencias ni se implementará un programa de propiedad participada.
La Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas» y la Secretaría de Obras Públicas coordinarán y supervisarán el procedimiento, garantizando la continuidad de los servicios de agua y cloacas. Además, Obras Públicas deberá elaborar la documentación licitatoria.
Ante la imposibilidad del Tribunal de Tasaciones de la Nación de realizar la valuación en un plazo razonable, se contratará a un banco público nacional para tal fin. El Ejecutivo fijó un plazo de ocho meses para concretar la venta de las acciones principales.
Con información de Infobae
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