Crisis del gas: Argentina podría no firmar una nueva adenda con Bolivia

Desde Ieasa no se descarta no pactar un nuevo acuerdo y volver al contrato original que habilita sanciones por menores entregas desde YPFB. El plazo ampliado de la actual adenda finaliza el lunes.

Las negociaciones por una nueva adenda del contrato de importación de gas natural desde Bolivia no solo son tensas sino que parecen haber llegado a un punto muerto ya que desde Argentina no se descarta que se opte por dejar caer la actual adenda para que vuelva a tener vigencia el contrato original que prevé sanciones a Bolivia si envía menos gas.

El pasado 31 de enero venció el plazo formal de la quinta adenda del contrato de importación, es decir la quinta modificación del contrato. Las partes acordaron una extensión hasta este lunes 31, pero con la condición de que desde la boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se mejore la oferta que se había presentado en diciembre ante Integración Energética Argentina (Ieasa), la exEnarsa.

Como adelantó este medio días atrás, las ofertas de volúmenes a enviar presentadas desde YPFB no convencieron a los negociadores de Argentina dado que son entre un 22 y un 35% menores a los niveles enviados durante el año pasado y forzarían al país a importar Gas Natural Licuado (GNL) o líquidos muchos más caros para poder completar la demanda nacional.

En ese escenario de tensas negociaciones, fuentes del gobierno al tanto de las tratativas advirtieron que “Ieasa no descarta que se caiga la negociación por una nueva adenda”.

De suceder eso, la quinta adenda vencería y, sin una nueva adenda firmada, el contrato original firmado en 2006 volvería a tener plena vigencia.

Para Argentina avanzar en ese camino es una jugada de presión, ya que el texto madre marca que YPFB debe enviar 27,7 millones de metros cúbicos por día durante los 365 días del año, un nivel que claramente Bolivia no puede cumplir por la caída de su producción.

El eje de dejar vencer la adenda está en que el contrato original habilita a Argentina no solo a aplicar sanciones por el volumen que Bolivia envíe de menos, que además será mucho más que el previsto en la adenda actual que era de 14 millones de metros cúbicos en invierno y 8 en verano.

Pero a su vez, el contrato original prevé que Argentina puede reclamar bajo la cláusula de Deliver or Pay o Entrega o Paga, el 100% del gas no despachado.

Esto es un cambio sustancial sobre la actual adenda que limita el reclamo al 15% del volumen no enviado.

Las fuentes consultadas por este medio detallaron que si bien aplicar sanciones permitiría al país contar con un recupero de los millonarios fondos que deberá destinar a la importación de GNL o gasoil, “no resuelve el problema”.

Es que el gobierno estimó que el gas boliviano tendrá este año un precio de 7,47 dólares por millón de BTU, mientras que el gasoil importado se estima que cotizará a 15 dólares para esa equivalencia, y el GNL llegaría gasta los 23 dólares por millón de BTU, con lo cual aún haciendo los reclamos y cobrando de YPFB las multas -algo nada fácil en el corto plazo- lo percibido alcanza para comprar entre la mitad y un tercio del gas que YPFB no enviaría.

A pocas horas del vencimiento del plazo extendido las negociaciones no están cerradas y desde Argentina se insiste en que más que aplicar penalidades lo que es necesita es más gas de Bolivia para hacer frente a las necesidades no solo del invierno por venir, sino también de las centrales térmicas del noroeste argentino que están en riesgo de quedar desabastecidas.


Un poco de historia


El contrato de importación de gas natural desde Bolivia tiene una larga historia de dolores de cabeza a ambos lados de la frontera ya que se firmó en 2006, en plena crisis de la producción de gas de Argentina y cuando Vaca Muerta no estaba aún en los planes de ninguna empresa.

Las negociaciones se dan entre Integración Energética Argentina (Ieasa), la exEnarsa, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la empresa de bandera de ese país que se encarga de comercializar la producción. Es decir que si bien las tratativas son entre empresas, son firmas públicas y representan una negociación clara entre los dos países.

Desde el 2006 sucedieron varios cambios: en algunos momentos Argentina tuvo demoras en los pagos, en otros reclamó un menor envío de gas por el aumento de la producción nacional, y recientemente los problemas están del lado del Altiplano por la caída de su producción en momentos en los que el país sí requiere más envíos.

La primera adenda se firmó en 2010 y redujo los envíos desde Bolivia de 27,7 millones de metros cúbicos, a 21,3, planos durante todo el año.

En la cuarta adenda, firmada en 2019 se pactaron envíos que diferencian entre el invierno y verano, contando además con un período pico. En concreto, en ese año se pactó que entre junio y agosto se enviarían 18 millones de metros cúbicos, 16 en mayo y septiembre y 11 entre octubre y abril.

La quinta adenda se firmó el 31 de diciembre de 2020 y fijó dos grandes bandas, la del invierno con un piso de 14 millones de metros cúbicos y el verano en 8 millones de metros cúbicos.

El problema está ahora en la negociación en la que Bolivia habría ofrecido solo 9 millones de metros cúbicos por día para el invierno y 6 para el verano.


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