El Gobierno flexibilizó la norma de naftas: permitirán hasta 15% de bioetanol de forma voluntaria 

El Gobierno nacional flexibilizó la normativa sobre la calidad de las naftas y permitirá a las empresas incorporar de manera voluntaria hasta un 15% de bioetanol en la composición del combustible. La decisión fue oficializada por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, mediante una actualización técnica que no modifica los cortes obligatorios vigentes establecidos por ley, sino que amplía el margen de acción para las refinadoras. 

La Resolución 79/2026 eleva el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas hasta el 5,6%, un cambio técnico clave que habilita el uso de mayores proporciones de bioetanol sin afectar los estándares de calidad. 

Según informaron desde el organismo,“la medida busca evitar subas bruscas en los precios de los combustibles en surtidor, sin intervención estatal en el mercado como ocurría en gestiones anteriores”.  

En la práctica, esto permite que las empresas definan libremente la proporción de bioetanol en función de las condiciones del mercado. Si optan por aumentar su participación, podrán reducir en igual medida el componente fósil derivado del petróleo.  

Sin cambios en los cortes obligatorios  

El Gobierno aclaró que la medida no altera los porcentajes mínimos de bioetanol ya establecidos por ley ni introduce nuevas exigencias para las refinadoras. Se trata, en cambio, de una adecuación normativa que amplía las opciones operativas dentro de los parámetros vigentes.  

Asimismo, no se modificó el régimen aplicable al biodiesel, ya que la normativa actual para el gasoil ya contempla mezclas de hasta un 20%.  La actualización se enmarca en la estrategia oficial de promover mecanismos de mercado para estabilizar los precios de los combustibles frente a la volatilidad internacional del petróleo.  

De esta manera, las empresas podrán ajustar la composición de las naftas combinando insumos de origen local, como el bioetanol, con el crudo importado, según la evolución de sus precios.  

Con esta decisión, el Gobierno apunta a generar un esquema de mayor flexibilidad operativa, con reglas claras, que permita mejorar la eficiencia del mercado y, al mismo tiempo, proteger a los consumidores de aumentos abruptos en los surtidores.