Los Nihuiles: La Pampa interpone medida cautelar contra Nación por las regalías del sistema hídrico
La Provincia recurrió a la Justicia para frenar en forma provisoria la aplicación del Decreto 982/2026 y sostener la liquidación en partes iguales con Mendoza. En ese marco, el gobierno provincial acusó a la Casa Rosada de desconocer un acuerdo interjurisdiccional de 1992 homologado por la Corte Suprema.
El Gobierno de La Pampa interpuso una medida cautelar contra Nación para suspender los efectos del decreto que estableció que la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles corresponda a Mendoza. De esta manera, busca preservar el esquema de distribución que rigió desde 1973 hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo.
El pasado viernes, el Gobierno nacional publicó el Decreto 982/2026. A partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen, la totalidad de las regalías quedó en manos de Mendoza, considerando que la fuente hidroeléctrica aprovechada se encuentra dentro de su territorio.
La norma dejó sin efecto el Decreto 1560/73, que había dispuesto que las regalías correspondientes al complejo hidroeléctrico fueran liquidadas en partes iguales entre Mendoza y La Pampa.
Mediante un comunicado, la Pampa sostuvo que su derecho a percibir esos recursos no surge únicamente del Decreto 1560/73, sino también del Acuerdo Interjurisdiccional firmado en 1992 entre ambas provincias y el Estado nacional. El convenio fue aprobado por las legislaturas provinciales y homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Provincia esgrimió que las partes asumieron expresamente sus obligaciones respecto del pago de regalías hidroeléctricas a favor de La Pampa, y que al ser un compromiso asumido entre distintas jurisdicciones, no podría ser modificado unilateralmente.
En ese sentido, planteó que el Estado Nacional intervino en ese convenio como uno de sus integrantes y «no como una autoridad jerárquicamente superior a las provincias». Además, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei por la medida.
«La decisión adoptada por el Presidente de la Nación implica un avasallamiento a las autonomías provinciales; afecta principios como la buena fe; resulta violatorio del federalismo de concertación, de la seguridad jurídica y a su vez conlleva un grave perjuicio a las arcas del estado provincial lesionando directamente un derecho patrimonial adquirido», sentenció el gobierno provincial.
En el planteo también se señaló que el nuevo decreto fue dictado catorce días después de que la Corte Suprema citara a La Pampa en la causa vigente entre Mendoza y la Nación. Según denunció la Provincia, anteriormente fue el propio Estado nacional el que solicitó que La Pampa fuera incorporada al proceso por encontrarse directamente involucrada en la controversia, pedido que fue admitido por el máximo tribunal el 27 de agosto.
En ese contexto, aseguró que la medida cautelar busca evitar que el nuevo esquema quede incorporado a las futuras concesiones del Sistema Los Nihuiles y produzca consecuencias que, según la provincia, podrían ser difíciles de revertir. El objetivo inmediato es mantener provisoriamente la distribución anterior hasta que exista una decisión judicial definitiva.
Río Atuel: sus regalías también son pampeanas.
— Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) September 14, 2026
Hemos presentado ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial Nº 982/2026 que vulneran nuestros derechos.
Nos respaldan leyes, acuerdos y sentencias de la… pic.twitter.com/zp0zB8rf8z
El conflicto por el río Atuel
La decisión del Gobierno nacional generó la semana pasada respuestas contrarias. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue categórico al expresar que: «No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías».
En cambio, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, afirmó que la provincia recuperó «lo que legítimamente le pertenece», al señalar que el decreto pone fin a un régimen de más de 50 años al que considera «injusto».
En ese sentido, señaló que se trata de «un logro histórico» para la provincia, y que fue «fruto de una defensa firme y sostenida de nuestros recursos». «Más regalías significan más inversión, más infraestructura y más desarrollo para todos los mendocinos», concluyó.
El Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles fue inaugurado en 1948. El punto del conflicto señalado por Ziliotto es que, a partir de la construcción de la represa, La Pampa dejó de recibir caudal regular del río Atuel. El litigio llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 1992 homologó un acuerdo para el reparto equitativo de las regalías.
La represa fue administrada por Nación hasta 1993, año donde el expresidente Carlos Menem transfirió el control de las fuentes hidroeléctricas a Mendoza. Desde entonces, Hidroeléctrica Los Nihuiles opera el sistema.
Entre 2003 y 2009, la Corte Suprema de Justicia estableció jurisprudencia en otros fallos —como el de la represa Salto Grande— indicando que el derecho a cobrar regalías hidroeléctricas no depende de que un curso de agua atraviese distintas jurisdicciones, sino de la localización efectiva de la fuente de generación. Ese antecedente jurídico sirvió como argumento principal para el decreto firmado este viernes por Nación.
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