Allanaron la municipalidad de Plottier y Vignaroli rechazó apartarse de la causa

La fiscalía de Neuquén realizó esta mañana un nuevo allanamiento en el municipio de Plottier, con el objetivo de secuestrar expedientes administrativos y un manual de contrataciones interno de la comuna. Lo hizo en el contexto de la investigación que se sigue por defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario.

Las maniobras involucrarían directamente al intendente Luis Bertolini, quien denunció que buscan «amedrentarlo». Si llegan a formularle cargos, la Carta Orgánica ordena que deberá ser suspendido preventivamente de su puesto.

La investigación se limita a dos líneas concretas: un decreto para eximir tasas a vecinos y un entramado de contrataciones irregulares. Lo que se intenta determinar es si era correcto o no otorgar el beneficio impositivo sin aval del Concejo Deliberante, y si existía efectivamente un sistema montado para favorecer a determinadas personas en la obra pública y en la compra de insumos.

La fiscal Rocío Rivero encabezó el procedimiento de hoy, en conjunto con personal del Departamento de Delitos Económicos de la policía. El propósito era secuestrar 89 expedientes vinculados a contrataciones que efectuó el municipio en los últimos meses, además del manual de contrataciones de la comuna.

«Solo se dio información objetiva del caso»

La defensa de Bertolini pidió apartar de la causa al fiscal jefe Pablo Vignaroli con el argumento de que ha perdido objetividad, ya que brinda información a la prensa sobre el avance de la investigación, además de que tendría un «interés personal» en hacerlo justo cuando el Concejo Deliberante definió sus autoridades (lo cual impacta en el orden sucesorio ante una «salida» del intendente).

El funcionario rechazó la presentación por «improcedente» y dijo que no se correrá del caso.

En su respuesta, Vignaroli aseguró que supervisa «las tareas de los fiscales del caso» y tiene a su cargo «la atención de la prensa a fin de que los referidos fiscales puedan ejercer sus funciones sin contratiempos». Señaló que esta es una práctica habitual que se ha desarrollado en otras causas penales y nunca recibió reproches de otros defensores por ello.

«Cumplir con el deber de informar, no se trata de tener un interés personal en el caso, sino de informar a la sociedad los pormenores de un caso de interés público. A nadie se ha prejuzgado ni a nadie se ha condenado anticipadamente. Solo se dio información objetiva del caso», escribió Vignaroli.

Quien deberá resolver la controversia es el fiscal general, José Gerez.