Caso Rafael Nahuel: «Se habilitó políticamente que esto suceda», dijo Pietragalla de Nación

El secretario de Derechos Humanos de la Nación llegó hoy a Roca para participar de los alegatos de clausura en el juicio por el crimen del joven mapuche en Villa Mascardi. "Esto no es contra la fuerza de seguridad", aseguró.

La cuestión política no estuvo alejada de la primera jornada de alegatos de clausura este martes en el debate oral y público por el homicidio de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi. Las acusaciones jurídicas primaron en las exposiciones, pero los cruces políticos acompañaron las razones y los motivos esenciales de las querellas.

El titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, estuvo en la audiencia en el Tribunal Oral Federal de Roca, donde escuchó atentamente los alegatos planteados por el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybyksky, abogado que viene siguiendo el juicio a cinco prefectos del grupo de elite Albatros por el crimen del joven mapuche de 22 años.

“El objetivo de todo fue el mismo, matar y lamentablemente una persona perdió la vida y por suerte dos solamente fueron heridas, pero podrían haber sido mucho más los muertos”, aseguró Pietragalla Corti en una entrevista con Diario RIO NEGRO durante la audiencia. 

Caso Rafael Nahuel: «Esto no es contra la fuerza de seguridad»


“Se demostró en el proceso del juicio y en la misma declaración de los imputados que había un prejuicio preexistente que hizo también y alentó al accionar de la fuerza de manera violatoria a los derechos humanos y violatoria también de los protocolos que tiene la fuerza para actuar. Esto claramente no lo podemos desvincular del contexto político que se vivía en ese momento y la habilitación política que había en ese contexto”, señaló el funcionario nacional en clara referencia a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien estaba en funciones en aquel momento. 

Pietragalla dejó en claro que desde la querella el pedido de condena no es contra la fuerza de seguridad en sí misma, sino “contra cinco individuos que tuvieron acciones ilegales amparados en la herramienta que le da el Estado ser parte de fuerzas de seguridad”, explicó. 

«Acá no se está acusando a la policía, a la prefectura, sino a cinco personas con nombre y apellido con las armas y uniformes que les proveyó el Estado. Diferenciar a estas cinco personas de la gran mayoría que actúa como tiene que actuar», aportó en el alegato el querellante Mariano Przybyksky.

“Quienes pagan los platos rotos son los miembros de la fuerza y son quienes tienen que sentarse y tienen que llevar adelante un proceso de juzgamiento. Quien habilitó políticamente para que eso suceda, siguen siendo candidatos y los vemos en los medios de comunicación; ellos no tienen ninguna responsabilidad”, cuestionó Pietragalla, desde el gabinete Nacional.

En otro apartado de la entrevista, dijo que apenas tomaron el caso, se percataron de que la estrategia de la fuerza de seguridad, de los imputados y los defensores era “que esto no avance, que las pericias nunca den resultados y que se dilate”. 

«Son víctimas de violencia institucional. Para nosotros que esto quede en un fallo judicial demuestra que es una problemática que hay que seguir trabajando“.

Pietragalla Corti, secretaria de Derechos Humanos de la Nación

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación se presentaron como querellantes con un equipo propio, inclusive de peritos. “Ya tuvimos varias condenas en distintos hechos ocurridos en todo el país”, agregó.  

Sobre la importancia de la participación de la Secretaría en el juicio, Pietragalla destacó: «Es nuestra obligación trabajar para que estos crímenes no queden impunes. Clarificar lo que pasó, desmantelar complicidades y que el Estado cargue con su responsabilidad en sus propias fuerzas y agentes cuando se violan derechos, no solo es un derecho de la víctimas y familiares, es también un paso adelante para la no repetición».

Caso Rafael Nahuel: el pedido de prisión perpetua


Los cinco prefectos Sergio Cavia, Francisco Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García; fueron acusados hoy de homicidio agravado y dos de las querellas pidieron prisión perpetua, la máxima pena prevista para cada uno de los agentes de Prefectura Naval Argentina, con nombre y apellido.

Las dos querellas que expusieron hoy coinciden en que los cinco prefectos son “coautores” del crimen, con las agravantes de haber sido cometido por arma de fuego, por el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función siendo integrantes de la Fuerza de Seguridad. 

Sebastián Feudal, querellante por la APDH, sumó el agravante de «odio racial» al prefecto Francisco Pintos, quien solo efectuó más de 72 disparos contra miembros de la comunidad.


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