Omisiones en las declaraciones juradas: Francisco Adorni será indagado a pedido del fiscal Marijuán
El funcionario judicial solicitó el llamado a indagatoria del diputado provincial y hermano del Jefe de Gabinete por omisión maliciosa en sus bienes. La fiscalía sumó una prueba determinante: el imputado trabajaba controlando declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura.
La situación judicial en torno al entorno familiar de la Jefatura de Gabinete sumó un nuevo frente de conflicto en los tribunales federales. El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó formalmente la declaración indagatoria de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del ministro coordinador Manuel Adorni, en el marco de una investigación penal por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus presentaciones patrimoniales.
El planteo del Ministerio Público Fiscal, según Infobae, se concentra especialmente en el delito de omisión, al considerar que existe el grado de sospecha necesario para citar al legislador como imputado.
El avance de la causa agrava el escenario político para el oficialismo en una semana marcada por las tensiones legislativas alrededor de los activos de la familia Adorni.
La prueba clave: el paso por el Consejo de la Magistratura
La imputación penal presentada por el fiscal Marijuan se sustenta en un elemento técnico que la fiscalía considera determinante para la acusación su rol previo. Durante su desempeño profesional, Francisco Adorni cumplió funciones en el Consejo de la Magistratura provincial.
Este área estaba ligada de forma específica al control y recepción de las declaraciones juradas de los magistrados.
Con este elemento, la investigación judicial dictaminó que el imputado no podía desconocer los mecanismos técnicos ni los plazos legales sobre cómo debían confeccionarse y presentarse los documentos públicos sobre sus bienes personales, explicó Infobae.
El pedido de indagatoria se activa un mes después de una maniobra administrativa que encendió las alarmas de los peritajes contables de los tribunales. Tras la apertura del expediente original por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Francisco Adorni presentó una rectificación de urgencia ante las autoridades de control.
En esa corrección rectificativa, el diputado provincial incorporó un monto total de $21.000.000. Según el descargo formal del legislador, los fondos provienen de una herencia familiar que había sido omitida en sus presentaciones previas ante la Oficina Anticorrupción (OA). La fiscalía busca determinar si esa justificación contable coincide con el flujo real de sus ingresos y el patrimonio consolidado que mantiene junto a su hermano.
La lupa de la fiscalía: las tres declaraciones bajo sospecha en el Ministerio de Defensa de Francisco Adorni
El fiscal federal Guillermo Marijuán enfoca la acusación en un circuito de irregularidades detectado durante el paso del imputado por el Ministerio de Defensa y el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) entre febrero de 2024 y enero de 2026. Según el dictamen, Adorni presentó tres declaraciones juradas oficiales que muestran inconsistencias severas en comparación con sus flujos de ingresos reales.
La fiscalía determinó que el funcionario omitió y falseó datos relevantes con el objetivo de ocultar sumas de dinero en efectivo y la existencia de cuentas bancarias. Para el Ministerio Público, el imputado alteró de manera deliberada los montos sobre los que tenía la obligación legal de declarar con veracidad al asumir cargos de alta jerarquía.
El elemento central que precipitó el pedido de indagatoria es el cambio continuo y progresivo en las presentaciones a medida que avanzaba la investigación judicial. La pesquisa identificó más de diez correcciones presentadas en distintos momentos, todas ejecutadas con posterioridad al inicio de la auditoría patrimonial:
- El formulario inicial (Febrero 2024): al asumir, Adorni declaró únicamente un inmueble y un vehículo Chery Tiggo compartido con su cónyuge.
- La aparición del efectivo (Mayo 2026): con la causa penal ya en marcha, el imputado corrigió el documento original para registrar de forma retroactiva $1.000.000 en efectivo al inicio del período.
- El blanqueo de la herencia: en una posterior declaración rectificativa de Baja 2025, incorporó de urgencia $24.500.000 en efectivo, alegando que 21 millones correspondían a un legado familiar, sumando además cuentas en pesos y dólares suyas y de su esposa.
- El último ajuste (8 de junio de 2026): en su presentación más reciente, el diputado provincial añadió un paquete de cuentas y tarjetas de crédito adicionales que habían sido omitidas en los primeros informes ante la Oficina Anticorrupción.
La matemática de los activos: deudas que caen y un patrimonio que sube 27 millones en un año
Los peritajes contables recopilados en el expediente exponen una evolución financiera que la fiscalía califica como inconsistente. En el período correspondiente a 2024, Francisco Adorni declaró inicialmente bienes por $43.790.000 y deudas por $130.000.000. Al cierre de ese mismo año, sus bienes ascendieron a $71.000.000 mientras que sus deudas se redujeron a $60.000.000, lo que representa un incremento patrimonial de $27 millones y una cancelación de pasivos por $70 millones en solo 12 meses.
La misma metodología se detectó al cierre de su gestión en enero de 2026, donde los activos alcanzaron los $80.500.000, exhibiendo diferencias de valuación por $23.500.000 respecto al inicio del año.
Uno de los puntos que mayor sospecha genera en los tribunales es el «ajuste» selectivo del valor de los inmuebles. La fiscalía detectó que los bienes sufrieron reducciones del 10% al 20% en las rectificaciones respecto de la primera versión entregada.
El caso testigo es su propiedad ubicada en la localidad de City Bell:
- Valuación inicial: declarada originalmente en $77.580.000.
- Primer ajuste: modificada y elevada a $130.000.000.
- Última rectificación: reducida y fijada en $105.000.000.
Para el fiscal Marijuan, esta variación constante de precios, sumada a la incorporación progresiva de automotores y plásticos bancarios ocultos, desmantela la hipótesis de un error administrativo. La acusación concluye que, debido a su rol jerárquico como auditor interno en el ámbito del Estado, el funcionario conocía con precisión las normativas de control y diseñó las modificaciones para intentar eludir el avance de la causa penal.
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