La Justicia cerró la causa $LIBRA en tiempo récord y piden intervención de la PIA: las fuertes críticas de especialistas cripto

En una resolución dictada de forma express, el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier y Karina Milei tras un dictamen exprés del fiscal Eduardo Taiano. La medida desató una ola de cuestionamientos institucionales, pedidos de intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y graves denuncias técnicas por parte de expertos en criptomonedas.

Por Gabriel Jara

Foto: Gentileza.

La causa judicial por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA llegó a un cierre abrupto luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictara el sobreseimiento de Javier Milei, su hermana Karina Milei y el resto de los acusados. La sentencia de 60 hojas fue firmada en apenas 26 horas, apoyándose de forma exclusiva en un dictamen del fiscal Eduardo Taiano que descartó la existencia de delito y aseguró que no existía sustento fáctico para continuar con la pesquisa.

El fallo se consumó en un escenario de profunda tensión institucional, marcado por el desplazamiento previo de los inversores damnificados como querellantes y por una serie de nombramientos judiciales recientes vinculados al oficialismo.

Ante la falta de un fiscal o particular que impulse la acción penal, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que asuma el rol acusador y apele el sobreseimiento para evitar la impunidad en un expediente que salpica directamente a la cúpula del Poder Ejecutivo.


Martínez de Giorgi cerró el caso $LIBRA en tiempo récord


La maniobra judicial que fulminó el expediente se consumó en menos de un día y medio. El jueves 22 a las 11:32, el fiscal Eduardo Taiano firmó de forma espontánea un dictamen de 58 páginas —una presentación que no respondía a consulta alguna y en la que decidió no seguir adelante con la investigación que tenía delegada— en el que concluyó que no había delito por investigar. Al día siguiente a las 14:29, el juez Marcelo Martínez de Giorgi suscribió la sentencia absolutoria, la cual ya había sido redactada y firmada por el secretario de la causa cerca de las 13:30.

Fuentes del juzgado indicaron a La Nación que el magistrado apresuró la firma porque tenía un viaje programado.

En su escrito, Taiano argumentó que el proyecto blockchain era real, que el token fue lanzado públicamente y que la operatoria se ejecutó mediante herramientas transparentes, calificando lo ocurrido como una discusión sobre conveniencia económica o especulación financiera y no como una estafa.

Así fue la promoción de $LIBRA por parte de Javier Milei.

Respecto a Karina Milei, el fiscal sostuvo que los denunciantes señalaron que habría recibido una suma de dinero para facilitar reuniones del Presidente con los extranjeros Hayden Davis, Julian Peh y Bartosz Lipinski, pero que de la prueba incorporada no fue factible acreditar esa sospecha preliminar ni probar un intercambio indebido o conexión entre un beneficio y una actuación funcional.

Asimismo, para descartar los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes contra el Presidente, el representante del Ministerio Público se apoyó en informes favorables emitidos por la Oficina Anticorrupción (expediente SISA 22.632) y por la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y Asuntos Presidenciales de la Secretaría General. Es decir, se apoyó en pruebas que emitió el propio gobierno de Javier Milei.


CIPCE solicitó a la PIA que asuma la investigación del caso $LIBRA y apele el sobreseimiento


Frente al cierre de la causa y la inexistencia de un fiscal o querellante habilitado para recurrir la medida, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que intervenía como amicus curiae, solicitó formalmente a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que asuma la acción penal en el caso y apele los sobreseimientos dictados, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO.

El CIPCE se amparó en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, la cual habilita la intervención directa de la PIA cuando el fiscal desiste de continuar la investigación, un temperamento respaldado por la Corte Suprema en los precedentes Guillermo Moreno y Skanska.

La entidad cuestionó la actuación de Taiano y del magistrado por fundar el archivo en una valoración arbitraria de la evidencia y por interrumpir medidas determinantes. Advirtieron además que la falta de una investigación efectiva podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino por incumplir sus obligaciones de perseguir este tipo de delitos de enorme trascendencia institucional.


Polémica y críticas al juez tras desplazar a los presuntos estafados de la investigación


La salida de los inversores perjudicados del rol de querellantes constituyó el pilar fundamental que facilitó el posterior sobreseimiento. Meses antes del fallo final, el juez Martínez de Giorgi hizo lugar a un planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa de Mauricio Novelli y apartó a los damnificados bajo el argumento de que no habían acreditado un perjuicio patrimonial directo en un mercado de alta volatilidad y que no se demostró la titularidad de las billeteras. Esta decisión fue convalidada el 4 de septiembre por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

La medida generó un fuerte repudio entre los inversores y sus representantes legales (Nicolás Oszust, Nicolás Rechanik, Yamil Castro Bianchi, Camila Palacin y Juan Grabois), quienes tildaron el fallo de arbitrario y denunciaron un «lavado de prestigio» en favor de Javier Milei.

Los querellantes remarcaron que aportaron actas notariales con registros de sus billeteras y transacciones, y advirtieron que exigir documentación tradicional en un ecosistema descentralizado revela un profundo desconocimiento técnico.

En paralelo, el inversor Juan Patricio Marchetto presentó un «pronto despacho» para apurar a la Cámara de Casación y apeló en paralelo el cierre de la causa, cuestionando duramente que el fiscal Taiano no esperara los peritajes pendientes sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco (quienes recibieron 5 millones de dólares de Hayden Davis) y señalando que las cámaras de seguridad captaron a Novelli, su hermana y su madre vaciando cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia el primer día hábil tras el colapso.

Las suspicacias políticas se multiplicaron en los pasillos de Comodoro Py al trascender que el nombramiento de Ana Juan —esposa de Martínez de Giorgi— como jueza federal en Hurlingham se produjo poco antes de estas resoluciones favorables al Gobierno.


Los vínculos que tejió Milei con la justicia por el caso $LIBRA


La arquitectura judicial que culminó en el archivo de la causa $LIBRA expone una densa trama de conexiones políticas y nombramientos dentro del sistema de justicia federal. La confirmación del desplazamiento de los querellantes estuvo a cargo de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Este último se vio beneficiado por un concurso en el Consejo de la Magistratura donde, tras una revisión discrecional de su entrevista en video por parte del consejero juez Diego Barroetaveña, su puntaje mejoró para ubicarlo en las ternas definitivas enviadas al Poder Ejecutivo, culminando en su designación por parte de Javier Milei. Dicho criterio restrictivo contrastó con la interpretación amplia aplicada por los mismos magistrados en el caso de la ruta del dinero K para aceptar a la ONG Bases Republicanas como querellante.

La falta de intervención de organismos especializados como la Procuraduría de Investigaciones Administrativas —pese a que dicho organismo, dirigido por Sergio Rodríguez, logró la reapertura de casos históricos como Skanska y el Vacunatorio VIP gracias a su insistencia judicial— y la rapidez inusual con la que el fiscal Taiano emitió su dictamen absolutorio completaron un circuito donde la instrucción penal quedó desprovista de acusadores.

Ante este escenario, las presuntas víctimas acudieron «en queja» a la Cámara Federal de Casación porque la Cámara Federal no les concedió el recurso, quedando el expediente bajo la órbita de la sala integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Los camaristas hasta el momento no tienen una decisión consensuada y, según advierten en los tribunales, «no dan los tiempos» para que las presuntas víctimas sean repuestas como querellantes antes del vencimiento del plazo de tres días para apelar los sobreseimientos, el cual vence el próximo jueves.

Todo esto deja en evidencia las profundas tensiones entre el poder político y los tribunales federales.


Las dudas de especialistas cripto en el caso $LIBRA


El lapidario sobreseimiento de la justicia federal chocó de frente con los análisis técnicos difundidos por especialistas en criptomonedas y analistas del ecosistema blockchain, quienes detallaron las múltiples anomalías detectadas en torno al lanzamiento del token. A través de redes sociales, referentes como Maximiliano Firtman y Fernando Molina expusieron la falta de profundidad en la recolección de pruebas y cuestionaron la decisión de cerrar el expediente sin indagar a figuras clave como el lobista Mauricio Novelli.

Firtman cuestionó con dureza el rigor de la instrucción judicial al señalar: «Yo perdí 3 horas declarando y Novelli ni 1 minuto. Yo contesté como 40 preguntas y Novelli ni una. Te marca el nivel de la investigación judicial y este fallo, más allá de si fueran inocentes o culpables. No se les preguntó nunca nada». El especialista también interpeló directamente al mandatario: «Ahora podés contar de dónde sacaste la dirección del contrato, Javo. Sacanos la duda».

En su balance sobre el fraude, Firtman recordó que el token se presentó como una inversión seria y no como un juego: «NO era una memecoin (como la de Trump): se presentó como un proyecto privado de inversión en empresas argentinas con el nombre $LIBRA. La web del proyecto y la criptomoneda se crearon unas horas antes de la publicación, lo que marca una clara organización con día y hora en que el presidente tenía que publicarlo».

El relato paso a paso de Firtman sobre el lanzamiento de $LIBRA

Asimismo, el experto lamentó el desenlace y criticó la respuesta oficial: «Me da mucha tristeza y bronca. No es un análisis político esto, es una realidad… No alcanza con decir que no te habías interiorizado, Javier. Ni de cerca alcanza. No podés ser tan nabo por la acción y tan irresponsable por la reacción«.

Por su parte, Molina advirtió sobre el estado de los activos vinculados a la causa al denunciar: «En agosto de 2025, la Fiscalía argentina freezó 323 mil USDT atribuidos a Novelli y Terrones Godoy. A pesar de que se ordenó eliminar la restricción hace más de un año, ese dinero sigue congelado, pero a nadie le importa«.

El analista resumió el impacto del fallo judicial señalando que todo concluye «con dinero sobre la mesa y sin ningún indagado», en medio de un esquema donde el 70% del circulante inicial quedó en manos de los creadores y se registraron operaciones masivas por 13,5 millones de dólares en 74 billeteras exactamente 22 segundos antes del posteo presidencial. Pese a estas evidencias de transacciones sospechosas y congelamientos de USDT remanentes, la instrucción judicial optó por clausurar la investigación.


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