Piden juicio para una banda que vendía armas: 11 acusados, 120 secuestros y una investigación que llegó a Neuquén
La Fiscalía Federal de Campana y UFECO pidieron elevar a juicio una causa contra 11 personas por una presunta asociación ilícita dedicada a desviar armas al mercado ilegal. Hubo 140 allanamientos, entre ellos en Neuquén, y se secuestraron unas 120 armas.
Durante los operativos realizados en distintas provincias se incautaron unas 120 armas de fuego, además de documentación y otros elementos vinculados con la pesquisa.
La Fiscalía Federal de Campana y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) solicitaron la elevación a juicio de una causa que tiene como acusadas a 11 personas por una presunta asociación ilícita dedicada a adquirir, registrar y poner en circulación armas de fuego mediante usuarios interpuestos, gestores, armerías y funcionarios vinculados con los trámites registrales.
La investigación alcanzó a la Ciudad de Buenos Aires y a diez provincias, entre ellas Neuquén. En los operativos realizados en abril se secuestraron unas 120 armas de fuego y otros elementos considerados de interés. Según la acusación, al menos 742 armas habían sido registradas a nombre de integrantes de la organización y luego no fueron encontradas en su poder ni en los domicilios declarados para su guarda.
El pedido fue presentado por los fiscales Sebastián Bringas y Santiago Marquevich. La hipótesis sostiene que la estructura habría operado, al menos, desde el 22 de enero de 2022 y que utilizaba personas que figuraban formalmente como titulares para adquirir armamento que luego quedaba fuera de su control.
La maniobra: armas compradas legalmente y desviadas
La causa comenzó en septiembre de 2024 a partir de una denuncia de UFECO ante la Fiscalía Federal de Campana, luego de una investigación preliminar de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).
El punto de partida fue la sospecha de que existía una organización que adquiría armas en el mercado legal para después comercializarlas en el circuito ilegal. La investigación también puso bajo análisis posibles irregularidades en la registración y transferencia del armamento.
Los fiscales describieron una operatoria basada en la captación y utilización de usuarios que figuraban como legítimos poseedores, pero que, según la acusación, no tenían luego el control efectivo de las armas registradas a su nombre.
“Adquirir, transferir, entregar y tener en su poder armas de fuego sin la debida autorización legal”, era uno de los objetivos atribuidos a la estructura en el requerimiento fiscal, que también menciona el uso de “usuarios interpuestos o titulares registrales aparentes”.
Según los investigadores, esas personas aparecían formalmente como responsables de las armas, aunque los elementos no permanecían en su poder ni eran encontrados en los domicilios declarados.
140 allanamientos, con procedimientos en Neuquén
El 22 de abril de 2026, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó 140 allanamientos. Los procedimientos se concretaron cinco días después en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
Como resultado, fueron detenidas varias de las personas investigadas y una se presentó espontáneamente ante las autoridades.
En los procedimientos se secuestraron unas 120 armas de fuego, además de documentación y otros elementos vinculados con la pesquisa. El material quedó incorporado al expediente para analizar el circuito de adquisición, registración y posterior destino del armamento.
La investigación también alcanzó a una armería ubicada en Mendoza. El 4 de junio, el Juzgado Federal de Campana declinó la competencia sobre los hechos relacionados con esa actividad a favor del Juzgado Federal N°1 de Mendoza.
Qué resolvió la Justicia sobre los acusados
Luego de las declaraciones indagatorias, el 15 de mayo el juez federal dispuso el procesamiento con prisión preventiva de R.J.M., señalado como presunto jefe de la asociación ilícita, y de otras diez personas como integrantes.
A todos se les atribuyó además, según el grado de participación investigado, el delito de provisión y circulación ilegal de armas de fuego previsto en el artículo 189 bis del Código Penal.
Uno de los procesados es un oficial de la Policía de la Ciudad, identificado como W.C.N.M., a quien también se le atribuyó el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para todos los involucrados se dispusieron embargos de entre 100 y 150 millones de pesos, de acuerdo con las responsabilidades atribuidas.
Sin embargo, la situación procesal de uno de los acusados, P.A.I., fue modificada posteriormente. El 11 de agosto, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó los procesamientos, pero revocó el suyo y dictó la falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo.
La acusación sostiene que había una estructura organizada
En su pedido de elevación a juicio, los fiscales sostuvieron que los nueve hombres y las dos mujeres habían integrado una organización destinada al desvío de armas desde el circuito legal hacia el mercado informal.
La estructura, según el requerimiento, funcionaba mediante una distribución de tareas: algunas personas intervenían en la adquisición y transferencia de armamento, otras en la gestión de documentación y otras aportaban sus datos para aparecer como titulares registrales.
R.J.M. es señalado como el presunto organizador. La fiscalía sostiene que habría coordinado la operatoria y dado instrucciones para concretarla, mientras que los demás integrantes habrían realizado distintos aportes desde sus respectivos ámbitos de actuación.
“La diferente intervención que correspondió a cada uno de los imputados no desvirtúa la existencia de una actuación conjunta”, señalaron Bringas y Marquevich en el requerimiento.
Para los fiscales, la reiteración de las operaciones y el vínculo entre las distintas personas investigadas permitieron identificar una distribución funcional de tareas destinada a alcanzar un mismo objetivo.
El rol del policía y los controles registrales
Además de la asociación ilícita y la circulación ilegal de armas, el oficial W.C.N.M. deberá responder por incumplimiento de los deberes de funcionario público, según el pedido fiscal.
La acusación sostiene que intervino en numerosas certificaciones realizadas ante la Anmac vinculadas con usuarios considerados irregulares. Los fiscales cuestionaron que no hubiera verificado personalmente la identidad de esas personas ni comprobado que las firmas de la documentación hubieran sido realizadas por los titulares.
Según la presentación, esas comprobaciones formaban parte de sus obligaciones funcionales.
Qué dice la fiscalía sobre las 742 armas
Uno de los datos centrales del expediente es el número de armas registradas a nombre de personas vinculadas con la investigación.
Los fiscales indicaron que “al menos, 742 armas de fuego estaban registradas a nombre de los integrantes de la organización investigada” y que no pudieron ser encontradas en su poder ni en los domicilios declarados como lugares de guarda.
Para la acusación, esa situación constituye uno de los principales indicios de una maniobra destinada a sacar armamento del circuito formal.
El requerimiento señala que, una vez concretadas las operaciones de compra y transferencia, “el destino de las armas se tornaba incierto”, debido a que en la mayoría de los casos investigados no pudieron ser halladas.
Una investigación que comenzó en Anmac
La pesquisa judicial nació a partir del trabajo preliminar de Anmac, que detectó movimientos que podían indicar una adquisición coordinada de armas a través de nuevos legítimos usuarios, mandatarios, gestores y usuarios comerciales.
El objetivo de la investigación fue determinar si esas personas actuaban de manera coordinada para comprar armas con fondos cuyo origen todavía no estaba establecido y luego desviarlas al mercado ilegal para facilitar otros delitos.
Con base en la evidencia reunida durante meses, los fiscales consideraron acreditada la existencia de una “mancomunidad de voluntades orientadas a la comisión de diversos delitos”.
Ahora solicitaron que el caso avance a juicio oral, con R.J.M. señalado como organizador y los restantes involucrados como miembros de la presunta asociación ilícita. El trámite deberá continuar contemplando además la situación procesal particular de P.A.I., cuyo procesamiento fue revocado por la Cámara Federal de Apelaciones.
La Fiscalía Federal de Campana y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) solicitaron la elevación a juicio de una causa que tiene como acusadas a 11 personas por una presunta asociación ilícita dedicada a adquirir, registrar y poner en circulación armas de fuego mediante usuarios interpuestos, gestores, armerías y funcionarios vinculados con los trámites registrales.
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