Revés para la mujer acusada de falsa médica en Roca: mantendrán la tobillera y la inhibición de bienes
El juez revisor Oscar Gatti ratificó la resolución de garantías contra la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina con un título falso. Pese al fuerte reclamo de la defensa, el magistrado consideró que existe un riesgo de fuga concreto y que la inhibición de bienes es necesaria.
La investigación judicial contra Mariela Fernanda Marzano, la mujer señalada por ejercer la medicina con título falso durante seis años en Roca tuvo una definición importante este martes. El juez revisor Oscar Gatti resolvió confirmar en todas sus partes las medidas cautelares dictadas previamente, rechazando así los planteos de la defensa que buscaban retirar el dispositivo de monitoreo electrónico y levantar la inhibición de bienes.
El magistrado consideró que las restricciones impuestas son «procedentes», tras realizar un análisis de legalidad y razonabilidad acorde a la normativa vigente. En su resolución, Gatti subrayó que, si bien la imputada cuenta con arraigo y familia en la región, estos factores resultan insuficientes ante el peso de otros indicadores objetivos que sugieren un peligro de fuga.
Cabe destacar que, hasta el momento, no pesa una formulación de cargos contra la mujer.
El riesgo de fuga y la capacidad económica
Uno de los puntos centrales del debate fue la permanencia de la tobillera electrónica. El juez Gatti validó los argumentos de la fiscalía al señalar que existen elementos concretos para sostener el riesgo procesal. Entre ellos, destacó que la acusada posee pasaporte vigente y ha demostrado tener una capacidad económica significativa, producto de haber desempeñado un cargo relevante durante un tiempo prolongado.
«Estamos en una proximidad de fronteras y estamos también cerca de aeropuertos donde tranquilamente puede fugarse, no solo al extranjero sino a cualquier otra ciudad», fundamentó el juez en su lectura. Asimismo, resaltó que la colocación de la tobillera es una medida que, en los hechos, mitiga la posibilidad de una prisión preventiva, permitiendo que la investigación avance con la imputada en libertad pero sujeta a un control efectivo.
Para el magistrado, no existen actualmente medidas menos gravosas que garanticen los fines del proceso. En este sentido, desestimó la postura de los abogados defensores, Pablo Iribarren y Oscar Pineda, quienes habían calificado las restricciones como una «sanción encubierta» y ofrecieron entregar el pasaporte de forma voluntaria para evitar el uso del dispositivo.
El debate por la inhibición de bienes
El segundo eje de la resolución se centró en la inhibición general de bienes. La defensa había cuestionado la constitucionalidad y la aplicabilidad de esta medida, argumentando que no se había determinado un monto preciso de perjuicio y que el proceso se encuentra en una etapa incipiente. Sin embargo, el juez Gatti respaldó el uso del artículo 23 del Código Penal, que permite adoptar medidas cautelares para asegurar el decomiso de bienes obtenidos mediante delitos.
Gatti explicó que estas medidas «podrán adoptarse desde el inicio mismo de la actuación judicial«, incluso antes de que exista una sentencia firme o un procesamiento formal. El magistrado citó doctrina y jurisprudencia para sostener las facultades de disponer estas reglas de naturaleza procesal con el fin de evitar que se consolide el provecho del delito o se obstaculice la impunidad.
«La medida resulta útil ya que es la única forma con la que se cuenta para impedir que se realicen actos de disposición sobre el patrimonio de la imputada», afirmó el juez, coincidiendo con la jueza de Garantías, Natalia González. El objetivo de la fiscalía, liderada por Celeste Benatti, fue resguardar los activos frente a un posible fraude que se extendió por años, afectando tanto a la administración pública como a entidades privadas.
Seis años de ejercicio profesional
La acusación sostiene que Marzano utilizó documentación apócrifa de la Universidad de los Andes (Venezuela) y de la Universidad Nacional del Comahue para obtener su matrícula profesional. Bajo esta supuesta farsa, se desempeñó desde 2020 en el hospital Francisco López Lima y en diversas clínicas privadas de la ciudad.
La fiscalía detalló que los delitos investigados incluyen ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación y uso de documento público falso, además de defraudación agravada contra la administración pública. A este complejo escenario se sumó la revelación de la fiscal Benatti sobre la existencia de dos nuevas denuncias por el fallecimiento de pacientes que habrían sido atendidos por la acusada. «Resguardamos todas las historias clínicas y los pacientes que atendió la señora por futuras denuncias que se puedan hacer», advirtió la representante del Ministerio Público durante la audiencia de ayer.
A pesar de que la defensa insistió en que el proceso se encuentra en una etapa «embrionaria» sin formulación de cargos formal, el juez Gatti concluyó que la verosimilitud de los hechos está acreditada por la fiscalía y receptada correctamente en la instancia previa. De esta manera, Marzano continuará el proceso bajo monitoreo electrónico y con sus activos bloqueados mientras avanza la investigación.
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