Un fallo ordenó a PAMI la regularización del pago de prestaciones a personas con discapacidad
La Justicia de Córdoba avanza en la toma de medidas para regularizar en 72 horas los pagos adeudados por PAMI e Incluir Salud a prestadores de discapacidad.
El Juzgado Federal de Córdoba notificó una serie de reformas para el servicio Programa de Atención Médica Integral (PAMI). La resolución judicial se pronunció sobre el grave conflicto suscitado por el corte e irregularidades en la cadena de pagos estatales que se venían arrastrando desde finales de 2025.
El reclamo surgió tras derivados incumplimientos del Gobierno de Javier Milei ante la Ley de Emergencia en Discapacidad. Desde el programa anunciaron que la deuda ya fue saldada.
El juez a cargo del Juzgado Federal, Miguel Vaca Narvaja, confrontó la toma de decisiones por parte de Nación. El cuerpo gubernamental de Córdoba constató demoras de hasta cinco meses en la cancelación de los servicios ya brindados por las instituciones.
Desde la sentencia judicial, se le solicitó formalmente a ambas entidades «regularizar y mantener al día la cadena de pagos de las prestaciones básicas de salud destinadas a personas con discapacidad» acorde a los titulares de pensiones no contributivas.
Tras la publicación del fallo, este medio dialogo con una fuente de PAMI, la cual indicó que la deuda ya fue saldada.
Un fallo ordenó a PAMI la regularización del pago de prestaciones: la postura de Córdoba ante la medida del Gobierno
El amparo mencionado Narvaja y la abogada miembro de «Defendamos Córdoba» para temas de discapacidad, Marta Lastra, protege a miles de beneficiarios en idéntica situación, resguardando la sustentabilidad de los hogares, centros de día y profesionales que los asisten.
El juez afirmó que “no puede el Estado Nacional esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario, para incumplir con obligaciones elementales pendientes desde diciembre del año pasado en varios casos constatados, desatendiendo derechos fundamentales de un colectivo sumamente vulnerable como el de las personas con discapacidad. Perseverar en esa conducta omisiva generará sin duda alguna, responsabilidades civiles y/o penales a los ejecutores del desatino”.
A su vez, Narvaja fue claro al cuestionar la medida de Nación por sobre el control provincial: «La asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública del país. Los derechos vinculados al acceso a prestaciones de salud integrales no pueden ser meramente declarativos, porque su goce efectivo es lo que permite a una persona desplegar plenamente su valor eminente como agente moral autónomo, base de la dignidad humana que la Corte debe proteger»
Con información de NA
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