Denuncia penal contra Patricia Bullrich por incluir mapuches en la lista de “terroristas”

La Gremial de Abogados, representante de comunidades y referentes mapuches de la Patagonia en varias causas judiciales, denunció penalmente a la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, por incluir a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y a integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu que permanecieron varios años en Villa Mascardi, como miembros de una organización terrorista.

Los letrados consideran que se debe investigar si la ministra incursa en el “delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

Mencionan la resolución 210 firmada en febrero pasado mediante la cual se declaró organización terrorista a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), grupo que reivindica Facundo Jones Huala, actualmente preso en Chubut.

También en la última semana el Gobierno incluyó en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo a miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, quienes fueron condenados con penas de prisión en suspenso por el delito de usurpación a tierras de Parques Nacionales en Villa Mascardi desde 2017 hasta 2022 cuando finalmente fueron desalojados y también en un segundo juicio vinculado a tierras privadas y el exhotel de Guardaparques.

En ese listado se mencionó puntualmente a Luciana Jaramillo, Joana Colhuan, Gonzalo Coña, Jéssica Bonnefoi, Matías Santana. Además fue nombrada María Nahuel, familiar de los anteriores pero integrante de la comunidad Colhuan Nahuel; y Facundo Jones Huala, como integrante de la lof Cushamen.

Los abogados cuestionaron antecedentes y causas mencionadas por el ministerio, algunas de las cuáles fueron archivadas y no se encontró vinculación directa con la RAM, y señala que el “único dato en común” es que todas las personas del listado “pertenecen al pueblo mapuche, lo que constituye un agravante a su conducta disvaliosa, por tratarse además de actos discriminatorios”.

Apuntaron además a una “vinculación generalizada” del ministerio de Seguridad con “todas las comunidades mapuche que poseen conflictos territoriales”.

Pidieron a la fiscalía que se “investigue los patrones de conducta de la ministra en torno a su obstinación personal de construir un enemigo interno que no existe, apuntando a sectores vulnerables que son los que menos herramientas poseen para defenderse, circunstancia de la que se ha valido para mantenerse impune a lo largo de los años”.