Diputados retoma el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía tras el fallo de la Corte por la Ley de Tierras
El plenario de comisiones vuelve a reunirse hoy tras el cruce con Juan Grabois. Expondrán especialistas y exfuncionarios propuestos por los distintos bloques. Las claves de la iniciativa impulsada por el Gobierno.
La Cámara de Diputados de la Nación retomará hoy en comisión el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, una discusión atravesada por el reciente fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que frenaba la venta de tierras a extranjeros.
La semana pasada, la Corte dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras. El máximo tribunal entendió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había presentado la demanda, no estaba legitimado para hacerlo. Un representante de esa organización figura entre los expositores convocados para esta tarde.
Según la agenda oficial, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 15:30. La reunión anterior había terminado de forma abrupta tras los cruces verbales entre el dirigente social Juan Grabois y legisladores de La Libertad Avanza.
La conducción del plenario estará a cargo del presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, junto a sus pares oficialistas Juliana Santillán (Relaciones Exteriores) y Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal).
Quiénes expondrán en Diputados sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía
Para la jornada de hoy está prevista una ronda de exposiciones de especialistas convocados por los distintos bloques parlamentarios.
Según consignó NA, entre los invitados figuran el exministro de Ciencia y exsecretario de Malvinas Daniel Filmus, el también exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona y el intendente de Punta Indio, David Angueira.
También participarán Jerónimo Guerrero Iraola, del CECIM; Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Gustavo Ferreyra.
La nómina se completa con Mariana Altieri (doctora en Ciencias Sociales, UBA), Pablo Testori Schroeder (especialista en criminalística), Fernando Morales (perito naval, veterano de guerra de Malvinas y presidente de la Liga Naval Argentina) y Víctor Sierra (Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur, CEAS).
El proyecto de Defensa de la Soberanía: penas por Malvinas, Consejo de Seguridad y derribo de aeronaves
El proyecto de ley incluye, entre sus ejes principales:
- Penas por explotación en Malvinas: reemplaza la Ley 26.659 y endurece las condenas, con penas de hasta 20 años de prisión, para quienes exploten o cooperen en la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. Las empresas quedarán inhabilitadas para operar en el país, se creará un registro público de infractores con el que el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar, y se incorpora el juicio en ausencia.
- Consejo de Seguridad Nacional: estará encabezado por el presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Coordinará las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, e intervendrá en la protección de infraestructuras críticas.
- Medidas urgentes y protocolo de derribo: ante una amenaza grave e inminente, el Consejo podrá restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros. Como último recurso, y tras agotar otras instancias de un protocolo de actuación, se autoriza el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles.
- Defensa Nacional y seguridad interna: redefine las funciones de la Defensa Nacional y autoriza su intervención en seguridad interna ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales.
- Aportes electorales extranjeros: prohíbe los aportes a partidos y campañas de personas jurídicas extranjeras y de extranjeros sin residencia permanente.
- Delitos de espionaje e injerencia: tipifica como delitos la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia, las acciones financiadas desde el exterior para alterar elecciones o manipular a la opinión pública mediante desinformación masiva, y la promoción o el financiamiento de actos de violencia o sabotaje.
- Sanciones contra el terrorismo: incorpora formalmente por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con los inscriptos.
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