El Gobierno anunció que presentará una denuncia penal contra las petroleras que operan en las Islas Malvinas

El Gobierno profundiza en los anuncios que realizó el presidente Javier Milei en relación a las Islas Malvinas. A través de un comunicado oficial, informaron que presentaron una denuncia penal contra las petroleras que operan en la cuenca del mar argentino bajo legislación británica. Además, precisaron que incluirán partidas en el Presupuesto 2027 para la base naval en Tierra del Fuego.

A través de X, la Oficina del Presidente anunció que el canciller Pablo Quirno, junto al Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, presentarán una denuncia penal contra las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

La medida se debe a que las compañías cuentan con «licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte». Además, enmarcaron que la misma viola las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659, la cual fue sancionada en el año 2011.

«La presentación alcanza asimismo a sus accionistas Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd», añadieron e indicaron que la denuncia alcanza a todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible.

«La defensa de la soberanía debe ejercerse mediante todas las herramientas jurídicas e institucionales que el Estado Nacional tiene a su alcance para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos pertenecientes a la República Argentina», sentenció el texto.

Se trata de las primeras medidas concretas del Gobierno luego del anuncio de la petrolera israelí anunciara su expansión en el área hidrocarburífera que rodea las Islas Malvinas en diciembre de 2025.

«Estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas», se expresó entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Incluso, en su habitual conferencia de prensa del pasado 21 de julio, el vocero presidencial Adrián Ravier respondió ante la consulta de la prensa que rechazaban dichas operaciones comerciales, pero que desconocía las actuaciones de Cancillería más allá de su oposición.

Estos anuncios tienen antecedentes bastantes recientes. Anteriormente, en el 2022, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y el Secretario de Energía, el neuquino Darío Martínez, anunciaron el dictado de la resolución que inhabilitaba a la empresa israelí Navitas Petrolem LP, por sus actividades comerciales vinculadas a la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina bajo «licencias ilegales».

«La ley 26.659 establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, entre las cuales se encuentra la obligatoriedad de obtener permisos previos a la realización de dichas actividades, sancionándose su incumplimiento con la inhabilitación a realizar dichas actividades por un período que va desde los 5 a 20 años, entre otras penalidades», apuntaron.

Asimismo, Cancillería argentina sacó un comunicado en el 2020 en el que informaba que la empresa Chrysaor Holdings Limited alcanzó un acuerdo de fusión con la empresa Premier Oil PLC, la cual fue inhabilitada en el año 2013 por ser titular de licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno isleño, dando lugar a la firma “Harbour Energy Plc”.

A esto, sumaron que Rockhopper Exploration, la compañía de exploración y producción de petróleo y gas con intereses claves en la Cuenca de Malvinas Norte, anunció que Rockhopper y Premier Oil Exploration and Production Limited (“Premier”) firmaron un Acuerdo con Navitas Petroleum para obtener una participación del 30% en el proyecto Sea Lion.

Por su parte, resaltaron que el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.557 sobre «Demarcación del Límite Exterior de la Plataforma Continental», con el objetivo de consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo.

Estas acciones por parte del Estado se vienen replicando desde el 2012 (cuando se inhabilitaron a cinco empresas vinculadas a la exploración británica en suelo argentino) y se habían continuado en el 2015, cuando se declararon ilegales otras dos compañías más.

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El Gobierno incluirá la base naval en Tierra del Fuego en el Presupuesto 2027

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Por otra parte, el Gobierno informó que se instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, a que incluya el «desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina» en el Presupuesto 2027.

El proyecto de la base naval en Ushuaia había iniciado en el 2022 bajo la administración de Alberto Fernández. Según precisó Chequeado, en el año 2023 el Ministerio de Defensa informó que ya se habían ejecutado los estudios preliminares y movimientos de suelos, con el fin de avanzar en la construcción de dos galpones modulares.

«Es una base que él mismo frenó y que, inclusive, ya podría haber estado terminada», recriminó este lunes el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.

Cuando el por entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su informe de gestión en la Cámara de Diputados, fue consultado sobre los avances de la obra, en una consulta que definía que la misma tan solo presentaba un «avance acumulado se mantiene en torno al 9,13%», pese a ser sumamente estratégico en relación a la causa Malvinas.

«En cuanto a su evolución física y técnica, habiéndose concluido la planimetría inicial y los estudios, movimientos y nivelación de suelo, se ha avanzado en la construcción de basamento, platea y traza parcial de la red sanitaria. Estas obras forman parte de la fase inicial pautada para un tiempo de ejecución de dos años, estimándose que la progresión se lleve a cabo de acuerdo con la disponibilidad financiera«, indicó Adorni en base a información del Ministerio de Defensa.

En este sentido, sumó que «la asignación de recursos se ajustó a las prioridades de reordenamiento administrativo y financiero del Estado Nacional. Actualmente, la ejecución se encuentra supeditada a la programación financiera y la disponibilidad de caja, priorizando la sostenibilidad del proyecto a largo plazo por sobre la celeridad inmediata, subrayando que el financiamiento principal proviene del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), de acuerdo con la Ley 27.565″, precisó.

Finalmente, el Gobierno cambió de postura y a través de una cadena nacional el propio Presidente anunció que otorgarán más fondos para agilizar la obra.