El Gobierno de Javier Milei vetó las leyes de aumento a jubilados, moratoria provisional y emergencia en discapacidad
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial su rechazo a tres normas aprobadas por el Congreso, argumentando que su costo fiscal ascendería a 17 billones de pesos.
El presidente Javier Milei oficializó este lunes a través del Boletín Oficial el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado el Congreso: el de aumento a las jubilaciones, el que reinstauraba la moratoria previsional y el que declaraba la emergencia en discapacidad.
En los considerandos del decreto 534/2025, el Poder Ejecutivo argumentó que las iniciativas eran fiscalmente irresponsables y que incumplían la Ley de Administración Financiera al no especificar fuentes de financiamiento genuinas.
El veto fue firmado por el Presidente y refrendado por los ministros Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Iván Lugones, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo, Luis Petri y Gerardo Werthein.
Los motivos detrás del veto del Gobierno de Javier Milei: jubilaciones, moratoria y emergencia en discapacidad
El Gobierno fue contundente en su rechazo, basándose en dos ejes principales:
- Costo fiscal «exorbitante»: El decreto afirma que los tres proyectos en conjunto implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones de pesos en 2026. Sostienen que esto equivale a casi el 1% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que «dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales» y pondría en riesgo el equilibrio fiscal, al que califican como «innegociable».
- Vicios en el procedimiento legislativo: El Ejecutivo también argumentó que el proceso de aprobación en el Senado estuvo «viciado por graves nulidades». Señalan que la sesión del 10 de julio se realizó sin la citación previa correspondiente y que el tratamiento de los proyectos se habilitó con una mayoría simple cuando se requerían dos tercios, debido a una «ilegítima interpretación del Reglamento».
Qué planteaba cada una de las leyes: aumento de jubilaciones, moratoria provisional y emergencia en discapacidad
La ley que buscaba modificar la fórmula de movilidad jubilatoria incluía un aumento extraordinario del 7,2% y una ayuda económica de hasta $110.000 para algunos jubilados. Sin embargo, el gobierno de Milei vetó la norma.
Según el DNU, la administración consideró que la fuente de financiamiento de la ley era «manifiestamente insuficiente» y presentaba «graves deficiencias técnicas». Además, se objetó que los recursos previstos para financiar el aumento, como la eliminación de exenciones impositivas, tendrían un «impacto recaudatorio marginal o limitado».
En cuanto a la reinstalación de la moratoria y la flexibilización de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el Gobierno argumentó que estas medidas «socavan los incentivos a la formalidad laboral». Afirmó que consolidan un «esquema paralelo al régimen contributivo» que crea una desigualdad con quienes sí completaron todos los aportes exigidos por ley.
Por último y en relación a la emergencia en discapacidad, el Gobierno alertó que la ley ampliaría «masivamente» el número de beneficiarios, al sumar a 1,5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad. Este incremento generaría un costo multimillonario y tendría un fuerte impacto en el sistema de salud y en el programa «Incluir Salud».
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