En Río Negro, 4 millones de hectáreas fiscales siguen en proceso de regularización
Un nuevo proyecto ingresó a la Legislatura de Río Negro para financiar los trámites de regularización reabre un debate antiguo en la región mientras que desde el Gobierno Provincial señalaron que la ley vigente ya contempla un plan para acceder al título de propiedad.
Un proyecto que ingresó en la Legislatura de Río Negro vuelve a traer a la mesa un debate antiguo en la región: de las 20.301.300 hectáreas tierras fiscales que tiene la provincia, alrededor de 4 millones de hectáreas que están ocupadas y sin regularizar, es decir, el 19,7% aproximadamente no cuenta con un título de propiedad definitivo.
El dato fue aportado a Diario RÍO NEGRO por Diego Lawrie, director de Tierras de Río Negro y por fuentes oficiales del Sistema Provincial de Catastro que precisaron que dentro de ese universo hay 2.368.100 de hectáreas todavía no cuentan con mensura, uno de los requisitos clave para avanzar hacia la titularización.
Lawrie explicó que “la provincia cuenta con una política sostenida de regularización de tierras fiscales, enmarcada en la Ley 5705”, sancionada en diciembre de 2023, que reemplazó el antiguo régimen y unificó normas dispersas.
La norma declara de orden público el régimen de tierras fiscales y fija como principio rector que la tierra es “un instrumento de producción”, con función social y orientada al desarrollo territorial. También establece tres grandes regímenes: tierras rurales, tierras urbanas y regularización de ocupaciones existentes.
La mensura, uno de los principales desafíos para escriturar
Desde el área de Catastro indicaron que “en la práctica, hoy conviven tierras ya regularizadas (con título) y otras en proceso, con expediente administrativo, ocupación efectiva y producción en marcha, pero aún pendientes de completar la instancia final de titularización”.
Dentro de las hectáreas aún pendientes, 2.368.100 hectáreas no cuentan todavía con mensura, uno de los requisitos centrales para avanzar hacia la escritura definitiva. Este es uno de los objetivos a resolver de la nueva ley ya que “en muchos de estos casos, la principal dificultad está asociada a la mensura” indicaron. Además, señalaron que la Dirección de Tierras tiene capacidad técnica para avanzar cuando las condiciones lo permiten.
Según el mapa realizado al que accedió este medio elaborado a partir del Sistema Provincial de Catastro, los departamentos de 9 de Julio, Valcheta, Avellaneda, el sur del Cuy, norte de Pilcaniyeu, Bariloche y Ñorquinco, son los que concentran la mayor cantidad de tierras fiscales sin mensurar. Específicamente las mayores concentraciones de tierras en esta situación se encuentran en la Meseta de Somuncurá, Colonia Trapal Co, Colonia El Cuy y el Bajo de Santa Rosa. Sobre esas zonas, indicaron que “las condiciones geográficas, la dispersión de los predios y las dificultades de acceso complejizan las tareas técnicas y logísticas necesarias para avanzar con las mensuras”.
Las dificultades para regularizar esas zonas se deben a “las condiciones geográficas, la dispersión de los predios y las dificultades de acceso complejizan las tareas técnicas y logísticas necesarias para avanzar con las mensuras”, indicaron desde el área de Catastro.
En total, Río Negro posee una superficie provincial de 203.013 km², de los cuales aproximadamente 23.681,47 km² permanecen sin mensura. Esto equivale a cerca del 11,7% del territorio rionegrino.
La propia Ley 5705 contempla esta situación. Para ocupantes con más de diez años de tenencia pacífica pero sin mensura, habilita a la autoridad de aplicación a otorgar una “prórroga de ocupación” por un año, renovable por otro más, mientras se completa ese trámite técnico.
En áreas urbanas, además, la ley prevé que cuando todavía no exista mensura se pueda otorgar tenencia sobre una superficie aproximada hasta que se delimite definitivamente el inmueble y se apruebe el correspondiente plan de urbanización.
Qué dice la Ley 5705 para regularizar tierras fiscales en Río Negro
Consultado sobre el tema, Lawrie sostuvo que “la Dirección de Tierras está en permanente contacto con la gente y atendiendo sus demandas”. No obstante, reconoció dificultades económicas: “muchos pobladores deben comprarle la tierra al Estado para regularizar su situación dominial, y con la situación actual eso se complica”, señaló.
La ley vigente establece que quienes ocupan tierras fiscales sin ser adjudicatarios pueden solicitar la adjudicación en venta si cumplen ciertos requisitos: que la ocupación sea pública y pacífica, que no afecte derechos de terceros, acreditar al menos diez años de tenencia, domicilio en el predio o en la provincia, uso racional del inmueble y actuaciones administrativas iniciadas.
Además, el precio de venta no puede ser inferior a la valuación fiscal del inmueble. El esquema prevé un anticipo mínimo del 10% y el saldo en cuotas de hasta diez años. Quien paga al contado puede acceder a una quita del 10%.
Una vez cumplidas las obligaciones y transcurridos cinco años desde la ocupación, con inspección favorable, el Poder Ejecutivo puede extender el título de dominio mediante la Escribanía General de Gobierno.
La ley también fija restricciones posteriores: el predio no puede venderse durante cinco años desde la escrituración y el Estado conserva derecho preferente de compra ante una futura venta.
Fondo Arraigo: el proyecto que debate la Legislatura
En paralelo, en la Legislatura rionegrina ingresó un proyecto presentado por los legisladores del bloque PJ-Nuevo Encuentro: Leandro García, Alejandra Mas, Daniel Belloso y Luis Ivancich para crear el Fondo Arraigo.
La iniciativa propone subsidiar o financiar trámites de mensura, deslinde y amojonamiento, además de la adjudicación en venta e inscripción registral para adjudicatarios y permisionarios de tierras fiscales que no puedan afrontar esos costos.
Según los fundamentos, el costo de una mensura en la Región Sur para predios menores a 3.000 hectáreas puede superar los 4,2 millones de pesos, mientras que en zonas de mayor valor, como el área andina o valles irrigados, los montos se incrementan notablemente.
Para financiar el fondo, el proyecto plantea crear un adicional sobre el impuesto inmobiliario para propiedades ubicadas en las escalas más altas de valuación fiscal, con recargos mayores en inmuebles ociosos y grandes superficies rurales.
También prevé la creación de un Registro Único de Adjudicatarios y Permisionarios, con criterios de prioridad vinculados a la situación socioeconómica, años de ocupación, ubicación y desarrollo productivo de cada solicitante.
Desde Catastro señalaron que este tipo de iniciativas “se orientan a fortalecer estos procesos, especialmente en lo referido a los aspectos técnicos, con el objetivo de acelerar la regularización”, aunque remarcaron que “se trata de una política que ya se encuentra en marcha”.
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