Fotomultas en la Ruta 7: un municipio de Neuquén firmó un convenio para instalar cámaras y radares

La iniciativa todavía debe ser aprobada por el Concejo Deliberante. El argumento oficial es que serviría para reducir la siniestralidad.

Por Julián Henríquez

El proyecto aún debe ser aprobado por el Concejo Deliberante. Foto: archivo.

El municipio de Centenario giró dos proyectos al Concejo Deliberante local para avanzar con la implementación de «un sistema de radares y control de tránsito» en diferentes sectores de la ciudad.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, la intención de la intendencia que conduce Esteban Cimolai es que los dispositivos se puedan ubicar sobre la Ruta Provincial 7, que cruza de norte a sur y viceversa el ejido, con varios cruces que presentan una alta tasa de siniestralidad.

La iniciativa se dividió en dos expedientes para facilitar su tratamiento. Ambos documentos tomaron estado parlamentario a fines de marzo y se giraron a la comisión A de Legislación y Asuntos Constitucionales.

De recibir el visto bueno de los concejales, Centenario se convertiría en el tercer municipio de Neuquén en implementar un régimen sancionatorio de estas características, después de lo que ya hicieron la capital provincial y Plottier, donde el sistema, no obstante, fue suspendido en medio de una fuerte disputa política.

Fotomultas, pero también radares y lectores de patentes


La propuesta contemplaría la habilitación de cámaras para captar fotomultas, pero también de radares y lectores de patentes. Se sancionarían los cruces con semáforo en rojo, los excesos de velocidad y las invasiones sobre la senda peatonal.

Sebastián Krapp, el presidente de la comisión A, detalló en contacto con Diario RÍO NEGRO que el municipio presentó dos expedientes sobre la temática, el 215 y el 216.

El primero busca modificar la ordenanza 7591 que regula el régimen de infracciones de tránsito y el sistema de pago voluntario de multas. Mientras que el segundo propone la implementación de un sistema de radares y control de tránsito, e incluye un convenio entre el municipio y una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para avanzar con la instalación de los equipos.

«En el caso del expediente 216, nos piden que analicemos la iniciativa y el convenio, para eventualmente refrendarlo en el Concejo«, precisó el edil que representa a Comunidad desde el año pasado.

Consultado por las posibles ubicaciones de los equipos si las ordenanzas prosperan, comentó que por ahora no existen precisiones, aunque fuentes legislativas que consultó este diario confirmaron que la idea es que se encuentren en su mayoría sobre la Ruta Provincial 7.

Entre los cruces que quedarían monitoreados, se mencionó el que se encuentra a la altura del expeaje y el que funciona como ingreso para el cementerio. En total, los dispositivos que se pretenden colocar son ocho.

Cómo avanza el tratamiento en el Concejo Deliberante


Krapp señaló que, aunque los expedientes ya tomaron estado parlamentario, todavía faltan algunos pasos administrativos para profundizar el análisis en comisión e impulsar un dictamen.

Respecto al expediente 215, que propone la modificación de una ordenanza anterior, adelantó que fue enviado al Juzgado de Faltas local, para que tome conocimiento sobre la normativa propuesta y analice su contenido.

También, explicó, se le pidió una opinión al departamento de Legales del Concejo Deliberante.

Si bien el dictamen de ese organismo no es vinculante, Krapp señaló que se trata de «una guía legal» relevante para los concejales, ya que, entre otras cosas, analiza si una ordenanza respeta las leyes nacionales y provinciales existentes sobre la materia que se busca legislar.

Esto último cobra importancia si se tiene en cuenta que la iniciativa oficial promueve, además de cámaras y lectores de patentes, radares de control de velocidad.

A mediados de 2025, la Legislatura de Neuquén aprobó una ley para suspender los aparatos ubicados en rutas provinciales y avanzar en un proceso de readecuación.

Aunque la norma nunca se reglamentó, la suspensión se hizo efectiva y, según pudo conocer este diario, los equipos ubicados en caminos de jurisdicción provincial permanecían apagados hasta fines del año pasado.

El aval que hace falta


Otro factor a considerar es que cualquier intervención sobre la Ruta 7, por otra parte, necesitaría del aval de la dirección provincial de Vialidad, ya sea para instalar radares o cámaras que registren maniobras indebidas por parte de los automovilistas.

El presidente de la Comisión A precisó que también se solicitó información sobre el convenio con la UTE. En concreto, lo que intentan conocer es el proceso de selección que se utilizó. También el mecanismo que estableció los porcentajes de recaudación.

El dictamen del área de Legales todavía no se publicó, dijo Krapp.


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